El anteproyecto de ley fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022, y el 23 de enero de 2023 el pleno del Consejo Económico y Social (CES) adoptó un dictamen favorable sobre aquel. Las elecciones generales anticipadas del 23 de julio aparcaron el documento que ahora necesita ser llevado al Congreso de los Diputados. Esa petición a Hereu es un clamor de todos los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos.
Entre otras novedades, el articulado del anteproyecto contempla que las empresas industriales beneficiarias de ayudas públicas tengan que mantener su actividad productiva, al menos, durante cinco años en el caso de una gran compañía, o durante tres años en el de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
También recoge la obligación de las compañías en determinadas circunstancias de comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes legales de los trabajadores el cierre o la reducción de actividad que supusieran una pérdida importante de puestos de trabajo.
Como indicó a industry TALKS Eduardo Sánchez Morrondo, coordinador de la mesa de industria de Madrid Foro Empresarial, la nueva Ley de Industria debe aprobarse “con un elevado consenso político y empresarial para dar soporte a una estrategia industrial de la que hoy España carece”.
Esa carencia se concreta en la falta de un Pacto de Estado por la Industria, el segundo reto al que debe enfrentarse Hereu y su equipo.
Las bases de este Pacto de Estado ya fueron adoptadas en junio de 2022 por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC y SERNAUTO (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales) y UNESID (siderurgia). A ese apoyo se sumaron las dos principales centrales sindicales, CCOO y UGT. Faltaría, en cualquier caso, el consenso de los grupos parlamentarios, lo que parece una tarea cuando menos compleja.
El nuevo ministro, en opinión de Sánchez Morrondo, tendrá que “incentivar la puesta en marcha de reuniones en las comunidades autónomas con los diversos grupos de interés para desarrollar en cada una de ellas una hoja de ruta que logre el objetivo de un peso de la industria del 22% en el Producto Interior Bruto en el año 2030”.
Jordi Hereu, de 58 años, fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011 y desde 2020 ocupaba el puesto de presidente de la empresa de titularidad pública Hispasat dedicada a la explotación de satélites. Tiene, por tanto, bastante experiencia política y gestora, pero menos rodaje en el mundo industrial, según apuntaron a este medio digital fuentes muy relacionadas con las políticas industriales que prefirieron mantener el anonimato.
Otra meta deseable es que el nuevo ministro facilite “la llegada efectiva” a las pymes de los fondos Next Generation, “para resolver los dos grandes retos que tenemos en España y que son tamaño de las empresas y su competitividad”, indicó el representante de Madrid Foro Empresarial.
En este sentido, Hereu deberá gestionar con mayor eficacia los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que aún están pendientes de ejecución. Este es el tercer gran desafío de su mandato. Él mismo, en el breve discurso que hizo durante el traspaso de la cartera ministerial que recibió de manos de Héctor Gómez, hizo una mención a ese hecho: “Nos toca dar velocidad de crucero en el desarrollo de los grandes objetivos”, dijo.
El PERTE VEC III -la tercera convocatoria del proyecto del vehículo eléctrico y conectado- verá la luz previsiblemente a principios de 2024 y contará con un presupuesto de 1.200 millones de euros. A esta fuerte inyección de dinero público habrá que sumar las ayudas destinadas al PERTE Chip (12.500 millones), el PERTE de Descarbonización (3.100 millones), el PERTE Aeroespacial (931 millones) y el PERTE Naval (310 millones). No todos ellos están en el mismo momento de desarrollo.
Hereu tendrá menos competencias que Gómez porque el área del Comercio pasa a ser responsabilidad directa del Ministerio de Economía. Otra novedad positiva: el nuevo organigrama gubernamental aprobado por el Real Decreto 829/2023 de 20 de noviembre incluye una Secretaría de Estado de Industria. ¡Hurra! “Nos congratulamos de que vaya a haber una Secretaría de Estado de Industria, cuestión demandada por Sernauto desde hace tiempo”, declararon a industry TALKS fuentes de la Asociación Española de Proveedores de Automoción.
