El propio titular de la cartera, que la ostenta desde noviembre de 2023, afirmó a este diario industrial en una entrevista exclusiva que no van “a escatimar esfuerzos” en conseguir ese objetivo.
1.- GOBERNANZA.
Los agentes sociales, tanto las asociaciones patronales como las principales centrales sindicales, deben tener una participación proactiva, “más allá de ser meros receptores de la Ley”, una participación en los proyectos derivados de la nueva normativa indicó a industry TALKS Gerardo Cortijo, responsable del Área de Política Industrial de CCOO Industria.
Esa gobernanza no implica, evidentemente, competencias legislativas o sancionadoras, sino participativas junto con organizaciones como el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que ya existe, o entidades como el Consejo Estatal de Política Industrial, de nueva creación (artículo 8 del anteproyecto) o en la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme, constituida en 2014, donde participan las diferentes comunidades autónomas. El Consejo Estatal de Política Industrial será “un órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, resiliencia y competitividad”.
Se trata, añadió Cortijo, de “tener un papel importante, porque conocemos bien la industria, las debilidades de unos sectores y las fortalezas de otros”. Eso debe estar contenido en el anteproyecto, remarcó.
2.- REINDUSTRIALIZACIÓN.
Al hablar de reindustrialización, el propio ministro Hereu citaba el mecanismo incluido en la denominada ley Florange de Francia que obliga a las empresas que quieren cerrar algún centro productivo por causas organizativas a iniciar un proceso de negociación para asegurar las capacidades de producción industrial y el empleo. Esa contingencia está recogida en los artículos desarrollados en el Capítulo IV del anteproyecto de ley. “Esto, para nosotros es fundamental”, puntualizó Cortijo.
Aunque abogan por la transformación del modelo productivo, por la transformación digital y por los procesos de descarbonización, “nuestra prioridad es la reindustrialización”. significó Juan Antonio Vázquez, secretario de Política industrial de UGT-FICA. “Tenemos una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar”.
“El Gobierno de España está liderando las políticas económicas, los procesos de recuperación económica, la reindustrialización o aspectos más sectoriales como la nueva estrategia de Defensa en el marco de la Unión Europea”, estimó Vázquez al ser preguntado por este medio de comunicación.
Los PERTEs son una herramienta útil para los objetivos de recuperación económica y de reindustrialización, consideró Vázquez. “UGT FICA está participando en las comisiones de cada uno de los PERTEs en los que se nos da cabida, aunque dicha participación la valoramos de insuficiente”. El dinero público debe ser gestionado de forma transparente y el gran objetivo de los PERTEs debe ser “la consolidación de nuestra industria básica y la capacidad de atraer la nueva industria, priorizando la estrategia y el enfoque que generan gran valor, innovación y tecnología (aquí estamos pendientes de la salida anunciada por parte de MINTUR de la nueva convocatoria del PERTE de Descarbonización destinado exclusivamente a la creación de nuevas plantas productivas)”.
“Por ello venimos demandando cláusulas de medidas de empleo y sociales y medidas de permanencia de la actividad o compromiso con nuestro país, al mismo tiempo que una gobernanza diferente, con los recursos económicos necesarios que nos permita a los sindicatos colaborar con las instituciones en el seguimiento de la aplicación y objetivos de estos PERTEs”, agregó el representante de UGT-FICA.
Es necesario una estrategia nacional en materia de reindustrialización, coincidiendo en la necesidad de mantener las competencias de industria en los gobiernos autonómicos. La cooperación entre estas administraciones es clave para evitar competencias internas y para competir mejor con terceros países y para que la reindustrialización sea la mejor herramienta de cohesión territorial y social, al mismo tiempo que un camino hacia la autonomía estratégica o soberanía nacional, explicó Vázquez.
“Reclamamos el sentido de Estado de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones. El diálogo y el consenso son necesarios para conseguir la reindustrialización de nuestro país. Las federaciones de UGT FICA y CCOO de Industria no descartamos acciones si no observamos esta voluntad política”, indicó.
3.- RELOCALIZACIÓN
En Comisiones Obreras entienden por relocalización lo que ocurrió durante la pandemia del COVID-19 cuando el país tuvo que adaptarse de urgencia para tener ciertas provisiones materiales indispensables para la población como mascarillas o geles hidroalcohólicos. “Hablamos de la necesidad de volver a tener cierta soberanía industrial que nos dé autonomía estratégica en caso de crisis de fabricación de algunos productos y no dependamos de China o de otros continentes”, recalcó Gerardo Cortijo. “Sería bueno que en la ley se hablara de la relocalización de algunas actividades que no se hacen aquí y potenciar, como pudiera ser, el PERTE Chip”.
En este sentido, el propio director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR), Jordi García Brustenga, adelantó en marzo, durante el Foro Transfiere celebrado en Málaga, que a la nueva Ley de Industria le van a poner el subtítulo de “soberanía estratégica”, lo que implica que esas consideraciones quedarán reflejadas en el articulado final.
4.- FORMACIÓN
La Ley de Industria, en opinión de los sindicatos, debe contener medidas, coordinadas con las comunidades autónomas y los ministerios competentes, en materia de formación y de recualificación profesionales. Cortijo, de CCOO, puso el ejemplo de la industria de la electromovilidad y el cambio de la movilidad que llevará implícita “la necesidad de reconvertir profesional y formativamente a las personas trabajadoras del sector del auto”.
“Reclamamos la necesidad de abordar un acuerdo nacional en materia de formación y empleo. Empleo cualificado y de calidad, que dote de los recursos necesarios a la industria y sea un incentivo para atraer más industria”, insistió, por su lado, Vázquez.
5.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y ORDENADA
Otro eje comentado por ambos fue el vinculado con la transición energética justa y ordenada. Los proyectos industriales que se puedan impulsar deben cumplir con la sostenibilidad, dijo Cortijo, “teniendo en cuenta a las personas”, para que estas no se queden fuera.
“Reclamamos una transición justa y ordenada, que, por un lado, mantenga la cohesión territorial, el empleo y la certidumbre de las personas, a través de alternativas industriales de futuro y que, por otro lado, tenga en cuenta la necesidad para la sostenibilidad y la competitividad de nuestra industria básica y además seamos capaces de atraer nuevas industrias”, declaró Vázquez.
“A pesar de que valoramos positivamente la creación de la actual Secretaría de Estado [de Industria, representada por Rebeca Torró], el Ministerio debería tener un mayor peso en el actual Gobierno”, subrayó el representante ugetista. “El Ministerio para la Transición Ecológica debe tener una mayor sensibilidad con la industria y con los territorios y personas afectadas por estos procesos de transformación”.
6.- POLÍTICAS DE GÉNERO Y DE GENERACIÓN
La futura Ley de Industria tiene que incluir, sin duda, abogó Cortijo, políticas de género y de generación, mirando a los jóvenes y a las mujeres para velar por su incorporación a los procesos industriales y la industria, “generadora de empleo de calidad y vertebradora de las zonas donde se instala”.
Tanto CCOO de Industria como UGT-FICA tienen solicitada una reunión con los máximos responsables del MINTUR, presumiblemente con el propio Jordi Hereu, reunión que puede ser inminente. En el encuentro presentarán estos ejes de actuación y conocerán de primera mano la hoja de ruta y el calendario del Ministerio, con el claro objetivo de coordinarlo con las acciones y objetivos de los dos sindicatos.
“UGT FICA se reafirma en los aspectos que debe recoger un Pacto de Estado y una Estrategia Nacional sobre la Industria, y en lo consensuado de forma unánime con todas las organizaciones patronales en el marco del Foro de Alto Nivel de la Industria Española, constituido por el Ministerio de Industria”.
Cortijo y Vázquez no creen que esta actitud pública del Ministerio en favor de la aprobación de la Ley de Industria sea un “brindis al sol”, a pesar de la alta polarización existente en el Cortes Generales. Es el Congreso de los Diputados el órgano que tiene que refrendar esta nueva normativa, derogando la anterior que data de 1992. Ambos sindicalistas son firmes defensores de que esta legislación es “transversal” desde el punto de vista político.
“Que haya una Ley de Industria nueva, cuando los objetivos son llegar al 20% del PIB, es absolutamente necesario. Creemos que tiene que ser un objetivo principal de la legislatura, más allá de lo que esta dure. Hay herramientas y posibilidad para que salga adelante”, apostilló el responsable de Política Industrial de CCOO. “Creemos que la Ley de Industria debe estar apoyada por una amplia mayoría del arco parlamentario”, declaró. “Nos consta que las patronales están tan interesadas como los sindicatos en que haya una Ley de Industria”.
A finales del 2020 se constituyó el Foro de Alto Nivel por la Industria Española con todos los actores del ecosistema. Un año después, se finalizó el documento de la propuesta sectorial, con medidas específicas para el impulso del sector en nuestro país. El Foro aprobó las bases del Pacto de Estado por la Industria en junio de 2022. Esas bases incluían diez líneas de acción transversales (sostenibilidad, digitalización, innovación, capital humano, regulación, crecimiento empresarial, financiación, energía, logística e internacionalización). Ese mismo mes de junio, UGT y CCOO se movilizaron en las calles de España para pedir un Pacto de Estado por la Industria.
El Gobierno presentó en diciembre de 2022 un borrador del anteproyecto de ley, con plazo para mandar alegaciones hasta el 5 de enero de 2023. A finales de ese mes, previa convocatoria, el Consejo Económico Social (CES) elaboró un dictamen sobre el borrador -lo cual es inusual, pues no es el texto final una vez mandado a las Cortes-. En particular, se lamentaba del menoscabo al CES con respecto a su labor consultiva.
El dictamen era bastante crítico con el documento remitido por el Ejecutivo. Indicaba que “el texto debería ser más ambicioso y más preciso” en la definición de sus objetivos y hacía recomendaciones en muchos de sus artículos y apartados.
El CES echaba “en falta en el Anteproyecto una mayor atención a cuestiones tan relevantes como el territorio, la igualdad de género o el papel de la ciudadanía, a pesar de que la propia Estrategia Española para el Impulso Industrial [de nueva creación] incluye entre sus prioridades la consideración de la perspectiva de género como eje transversal, así como la importancia de la política industrial como palanca para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación”.
En otro párrafo el CES consideraba que el borrador carecía “de herramientas concretas para fomentar el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas industriales, cuando representan el 99,4% del tejido industrial español, responden del 64,6% del empleo industrial y contribuyen a vertebrar el territorio”.
El sistema de gobernanza también era criticado por el CES por estar poco desarrollado y no incluir expresamente la participación “de los agentes sociales, sindicales y patronales, así como de las entidades de economía social dedicadas a actividades industriales, garantizando con ello la pluralidad y el necesario diálogo social para la toma de decisiones en materia de impulso y modernización de la industria española”.
En febrero, marzo y abril de 2023 se mantuvieron reuniones entre representantes sindicales, del Ministerio y de otros partidos del Gobierno de coalición para proponer ideas e intercambiar posiciones sobre la industria y el anteproyecto de ley.
No obstante, todo el proceso parlamentario se detuvo en mayo del año pasado al celebrarse elecciones autonómicas y al adelantarse a julio las generales previstas para diciembre de 2023.
En noviembre de 2023 se retomó la actividad en el Ministerio, más allá del despacho ordinario de proyectos y en las últimas semanas el ministro Hereu ha reiterado en público su voluntad de retomar este proyecto normativo fundamental y de dejar fuera la industria de la confrotación política.
Es preciso recordar que la reforma de la Ley de Industria forma parte del Componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Componente 12 se titula “Política Industrial España 2030” y tiene una inversión total estimada de 8.356,5 millones de euros de los cuales 6.031,5 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es decir, los fondos europeos.
