En Envera llevamos más de 45 años promoviendo la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Defendiendo su derecho para actuar de forma autónoma y ser protagonistas de su vida sin influencias externas.
Es tan necesario para este grupo social el tener un salario digno como el poder autogestionar sus finanzas. No es aceptable que tengan unos ingresos económicos por su trabajo y luego no puedan acceder a todos los productos y servicios bancarios de forma autónoma.
El término de exclusión financiera fue utilizado por vez primera en el año 1994 para mostrar el proceso de retirada de las instituciones financieras de los entornos más desaventajados y los cierres generalizados de sucursales bancarias en estas zonas en desventaja (Leyshon, 1994).
En febrero del año pasado, las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC presentaron un plan de choque para dar respuesta a las necesidades financieras de sus clientes mayores. Este plan de choque estaba también dirigido a las personas con discapacidad y para los habitantes de zonas rurales.
Las patronales bancarias acordaron un decálogo de medidas y se comprometieron a que sus asociados las adoptaran en un plazo de seis meses:
- Ampliar los servicios de caja con atención personalizada para mayores y personas con discapacidad desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.
- Dar trato preferente a los mayores y personas con discapacidad en las sucursales, con prioridad en casos de alta afluencia de público en oficinas.
- Impartir formación específica obligatoria al personal de la red comercial en las necesidades de estos colectivos.
- Facilitar una atención telefónica preferente, sin coste adicional y a través de un interlocutor personal.
- Horario de atención telefónica mínimo entre las 9 y las 18 horas para los clientes a los que se les presten servicios sin oficina.
- El protocolo garantiza la accesibilidad al nivel técnico y la sencillez de los cajeros automáticos, aplicaciones móviles y páginas web, ofreciendo versiones con lenguaje y visualización adaptados y simplificados.
- En caso de fallo, los cajeros serán reparados en un máximo de dos días laborables e informarán del punto alternativo más cercano.
- Ofrecer a estos clientes acciones de educación financiera, digital y prevención de fraudes por el canal que resulte más adecuado.
- Las entidades comunicarán a este colectivo las medidas que adopten para darles a conocer las mejoras puestas a su disposición.
- Para garantizar la aplicación de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera, creado por la banca, realizará un seguimiento semestral. Esta supervisión será completada por el Banco de España, que elaborará un informe anual de seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas para garantizar el acceso de la población española a los servicios bancarios.
También hemos conocido, hace unos días, que la banca va a tener que adaptar los cajeros automáticos a las personas con discapacidad, así como el resto de dispositivos y aplicaciones. El pasado 19 de mayo, el Senado, aprobó la ley de accesibilidad que transpone al Derecho español la Directiva europea 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. Se trasponen seis directivas europeas que tienen como objetivo eliminar las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad para acceder a productos y servicios, entre ellos los bancarios.
Todos los dispositivos y aplicaciones deberán poder ser manejados y entendidos por todos los colectivos, sin que importe sus circunstancias personales.
Los bancos deben presentar la información de sus productos por más de un canal sensorial (por escrito, por voz o de forma táctil) y la información tiene que ser fácilmente entendible y manejable. El tamaño de la letra tiene que ser también lo suficientemente grande para ser legible por las personas de edad avanzada y por las personas con problemas visuales.
Todas estas medidas van a tener un impacto claro en las personas con discapacidad intelectual. Desde todos los ámbitos se debe hacer un esfuerzo para que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso a los servicios y productos financieros. Las personas con discapacidad intelectual, a menudo, se enfrentan a diferentes obstáculos:
- Falta de acceso a la educación financiera. Resulta muy limitado el rol de las entidades bancarias y su responsabilidad social en relación con la educación financiera en favor de los ciudadanos, y todavía más limitado con contenidos adaptados a las personas con discapacidad intelectual.
- Barreras en la interacción con las entidades financieras: La complejidad de los procedimientos, la falta de accesibilidad y la falta de personal capacitado para atender sus necesidades específicas son algunos de los desafíos a los que se enfrentan. Estas barreras dificultan la apertura de cuentas bancarias, la obtención de crédito y el acceso a otros servicios financieros básicos.
- Prejuicios y discriminación. La falta de conciencia sobre las capacidades de las personas con discapacidad intelectual puede conllevar tratamientos injustos en el ámbito financiero o denegación de servicios.
- Necesidades de apoyo. Las personas con discapacidad pueden requerir apoyo adicional para manejar sus asuntos financieros. Sin embargo, la falta de servicios de apoyo financiero adaptados a sus necesidades dificulta su participación plena en la toma de decisiones financieras. Es esencial desarrollar servicios de asesoramiento financiero especializados y programas de apoyo que brinden la asistencia necesaria a estas personas, fomentando así su autonomía y empoderamiento.
Se necesita una formación financiera adaptada a las personas con discapacidad intelectual, tal como proponen las patronales bancarias, y que éstas cuenten con el asesoramiento de entidades como Envera, especialistas en la formación y adaptación de contenidos a este colectivo.
Se tiene que garantizar la accesibilidad universal, que todos los productos y servicios de la banca puedan ser comprensibles y utilizables por todas las personas de forma autónoma. Los conocimientos actuales, la ciencia y las aplicaciones de la tecnología aportan soluciones para la mayoría de las situaciones. Cuando se aplican esos conocimientos para resolver las necesidades de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, se consigue que la realización de cualquier actividad sea más sencilla, fácil y segura para cualquiera.
Asimismo, es crucial promover la sensibilización y la formación sobre las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad intelectual entre el personal de las instituciones financieras.
Y, por último, dar un apoyo financiero personalizado. Se deben desarrollar servicios que brinden asistencia a las personas con discapacidad intelectual en la gestión de sus finanzas. Promover la inclusión financiera de las personas con discapacidad intelectual es esencial para garantizar su pleno desarrollo e integración laboral, así como su participación en la sociedad. Hay que afrontar de manera urgente estos desafíos que afectan a un 1 por ciento de la población española, según datos de Plena Inclusión, y construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todos, tal y como marca la Ley.
