PACTO DE ESTADO Y NUEVO MARCO LEGAL

2022 será un año decisivo en materia de normativa industrial

Este año será muy importante, quizás decisivo, en materia de normativa industrial. Como confirmaron fuentes del Ministerio de Industria a industry TALKS, en 2022 "se pretende presentar y divulgar el Pacto por la Industria, acordar una estrategia industrial y presentar un nuevo Proyecto de Ley de Industria” que sustituya a la que está todavía en vigor desde hace 30 años y que ha quedado absolutamente superada por el paso del tiempo.

El Pacto de Estado por la Industria está sin aprobar todavía por el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, paso previo a su posterior adopción por el Parlamento. “El texto no va a cambiar y es, en esencia, el que se presentó el 22 de marzo de 2021 a la Comisión de industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados”, afirmaron las fuentes.

El borrador del Pacto por la Industria entregado al poder legislativo declara la “urgente necesidad de potenciar la industria y el sector productivo” de España, de forma que se sienten las bases de un mayor equilibrio y resiliencia de nuestra estructura económica y social. Y para ello establece una serie de ejes fundamentales:

−        Se debe lograr que la actividad industrial y productiva aporte el 20% del PIB nacional

−        Deben coordinarse las medidas impulsadas por este Pacto con la estrategia europea de industrialización (“Un nuevo modelo de industria para Europa”).

−        Se debe hacer una consideración específica de la pyme industrial española como un elemento vertebrador de su economía, precisando de una clara mejora en su eficiencia y en su adecuado dimensionamiento. 

−        Se deben definir y desarrollar programas de potenciación de sectores estratégicos y esenciales.

Estos cuatro ejes fundamentales se pueden acometer con unas líneas de acción de carácter transversal, “necesarias para impulsar la competitividad industrial y con vocación de permanencia en el tiempo independientemente de los ciclos políticos”, reza el texto. Entre las líneas de acción, sin pretensión de exhaustividad, cada una de ellas en un ámbito distinto, y con una especial atención a la colaboración público-privada en todas ellas, se mencionan las siguientes:

−        Sostenibilidad

−        Digitalización

−        Innovación

−        Capital Humano

−        Regulación

−        Crecimiento empresarial

−        Financiación

−        Energía

−        Logística

−        Internacionalización

Como subrayó el diputado socialista Alejandro Soler Mur  al presentar el citado Pacto ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en una comparecencia celebrada en el Congreso el 13 de octubre de 2020,  “el objetivo es que seamos capaces de consensuar una línea de trabajo concreta y determinada con la suma de las aportaciones de los distintos grupos políticos que conforman el Congreso y que alcancemos un acuerdo estable, predecible, seguro, con compromisos concretos y con capacidad de adaptarse a las circunstancias”.

La meta de que la industria aporte el 20% del PIB, citada por el borrador del Pacto y por el propio diputado citado, se antoja ambiciosa pero no imposible. Esta reindustrialización necesita, ya adelantó entonces Soler Mur, “una nueva Ley de Industria que actualice el marco regulatorio industrial al reto de la digitalización, así como la descarbonización y adaptación a los criterios de sostenibilidad que requiera la transición ecológica”. Se trata de intensificar la autonomía del tejido productivo español para hacerlo lo más autónomo posible y menos dependiente, especialmente de proveedores no europeos.

El acuerdo sociopolítico debe incluir una multiplicidad de acciones: los retos de la transición ecológica y digital; el impulso de la innovación, como pilar de todo modelo de gestión; la transformación de la formación; el acuerdo con los requerimientos de la economía; el acceso a la financiación; el respaldo al crecimiento del tamaño de las empresas, una gran debilidad en la actualidad; el suministro de una energía limpia a un coste competitivo; el respaldo a la exportación de productos e internacionalización de los negocios. En definitiva, una modernización en toda regla.

En todo caso, el Pacto no pretende ser una mera declaración. Necesita contenido concreto, de ahí la exigencia de una nueva normativa y de asignaciones presupuestarias.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció la creación del Foro de Alto Nivel de la Industria Española el 11 de diciembre de 2020 como un órgano de carácter consultivo, asesor y de colaboración entre las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales y sindicales para abordar la nueva política industrial. Seis días después, con sello del 17 de diciembre, ya era pública la Orden Ministerial firmada por Maroto que establecía su objeto, adscripción orgánica y carácter, funciones, composición, organización y funcionamiento. En particular se contemplaba la participación de 30 organizaciones y entidades:

UNESID, Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de Productos de Primera Transformación del Acero en España

TEDAE, Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

SERNAUTO, Asociación Española de Proveedores de Automoción

SERCOBE, Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo

SEDIGAS, Asociación Española del Gas

OFICEMEN, Agrupación de fabricantes de cemento de España

FICE CALZADO, Federación de Industrias del Calzado Español

FIAB, Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas

FENIN, Federación Español de Empresas de Tecnología Sanitaria

FEIQUE, Federación Empresarial de la Industria Química Española

FEDECON, Federación Española de Empresas de la Confección

FARMAINDUSTRIA, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica

CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL

CONFEMETAL, Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal

CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción

ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

AOP, Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos

ANFFE, Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes

ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

ANAIP, Asociación Española de Industriales de Plásticos

AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales

AFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas

AESEG, Asociación Española de Medicamentos Genéricos

AELEC, Asociación de empresas de energía eléctrica

AEE, Asociación Empresarial Eólica

Cámara de Comercio de España

Instituto de la Ingeniería en España

CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales

Federación de Industria del sindicato UGT

Federación de Industria del sindicato CCOO.

En septiembre de 2021 se constituyó el Comité Ejecutivo del Foro, presidido por el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco. El Comité está formado por representantes del Ministerio, la CEOE, la Cámara de Comercio de España, los sindicatos UGT y CCOO, así como responsables de cinco asociaciones empresariales con carácter rotatorio de un año: FIAB, AMETIC, FEIQUE, SERNAUTO y UNESID.

La meta es la aprobación de la ley de Industria. El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ha incluido en el plan normativo del Gobierno para este año recién iniciado.

El consenso de las dos principales fuerzas políticas sobre la necesidad de actualizar la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria parece evidente, pero debe materializarse. Incluso el Consejo Económico y Social de España (CES) respaldó hace casi un año un Pacto de Estado por la Industria “del que emane una Ley de Industria con la que acelerar la recuperación económica tras la pandemia”.

Como apuntó el que era entonces presidente en funciones del CES, Pedro Fernández Alén, una nueva normativa industrial integral que cuente con amplios consensos -políticos, con los interlocutores sociales y la sociedad civil- y alineados con las recomendaciones comunitarias, puede ser bienvenido en la Comisión Europea, la organización supranacional que condiciona los fondos de recuperación a la presentación de reformas y proyectos de inversión estratégicos. 

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