No es una fotografía habitual. La imagen de unidad escenificada en Madrid entre cinco grandes patronales sectoriales, una federación de empresas y los dos sindicatos mayoritarios escenifica un mensaje que han plasmado en un manifiesto: el tejido productivo español reclama la aprobación urgente de la Ley de Industria, cuya tramitación se encuentra paralizada por la falta de mayoría suficiente para ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
Las entidades firmantes del manifiesto son la patronal de la industria digital: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic); la patronal de empresas de biotecnología aplicada a la salud, la agricultura y la sostenibilidad: Asociación Española de Bioempresas (Asebio); la patronal de los laboratorios farmacéuticos: Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria); la patronal de la industria química: Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique); la patronal de compañías de defensa, seguridad, aeronáutica y sector espacial: Asociación de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae); el Foro de Empresas Innovadoras (FEI); y las dos centrales sindicales mayoritarias, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
Las entidades han suscrito el manifiesto demandando ya una nueva Ley de Industria adaptada a estos tiempos de transición energética y digital, aumento de la competencia internacional y tensiones en las cadenas de suministro, con el objetivo de que España garantice su autonomía estratégica y competitividad. Sin embargo, no entran en el contenido del actual Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica y han explicado explícitamente que no se pronuncian sobre si debe cambiarse su redacción actual o no.
Solo PSOE, PP y Sumar
Lo convocantes habían invitado a los grupos parlamentarios. Tres representantes asistieron: PSOE, PP y Sumar, sentados entre el público como oyentes y sin tomar la palabra como marcaba el guion del acto. Junts excusó su no presencia, aunque propuso a las organizaciones firmantes acudir al Congreso de los Diputados a explicar su postura y demandas. El resto del arco parlamentario no acudió a la convocatoria. Hay que recordar que el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2024 y remitido al Congreso, pero lleva un año y medio encallado por falta de apoyos suficientes. El propio Gobierno ha admitido que el texto original ha quedado desactualizado y obsoleto tras casi dos años desde que fue redactado.
La industria española asiste a un escenario global de hostilidad comercial y subsidios masivos en Estados Unidos y China, mientras el marco legislativo nacional vigente cuenta ya con más de tres décadas y fue concebido para la entrada de España en la Unión Europea en 1993 (la Ley data de 1992). Sin duda, la Ley de Industria actual está absolutamente desfasada y no puede dar respuesta a las actuales necesidades del sector, algo señalado unánimemente por todas las patronales y asociaciones empresariales firmantes del manifiesto que reclama una nueva legislación.
Unos representantes de la industria que, en el acto de presentación pública del manifiesto han sido más claros y directos que en la redacción del mismo. La jornada la abrió el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, un hombre de trayectoria industrial precisamente, que quiso subrayar que «la política industrial debe servir para recuperar el bienestar y la prosperidad de las pequeñas y medianas ciudades, de los territorios. Algo importante para frenar el autoritarismo», añadiendo que el Brexit y Donald Trump en su primer enfrentamiento con Hillary Clinton, ganaron por los votos de las zonas que se habían desindustrializado y habían perdido los empleos de mayor calidad y retribución.
Por su parte, los portavoces de las patronales entraron directamente en materia empresarial. Una de las voces más claras, directas, críticas y pragmáticas, fue la de Juan Antonio Labat, director general de Feique, la gran patronal de la industria química española, una de las más punteras de Europa. «La política industrial es acción. En el Ministerio de Industria hay muy buenos técnicos, que necesitan herramientas, un presupuesto importante y capacidad de acción».
Labat se alejó de los discursos políticamente correctos para señalar que en nuestro país se está hundiendo la industria, se está destruyendo, se cierran plantas, en la química o en la siderúrgica, por ejemplo. Subrayó cómo España y Europa abandonaron por completo una minería que ahora se revela como crítica y hace al Viejo Continente dependiente de China. Y aseguró que, aunque los datos oficiales dicen que el sector aporta entre el 14% y el 16% del PIB español de forma directa, todo lo que la industria genera alrededor alcanza hasta el 50% del PIB. «Si la industria cae, Europa colapsa».
También recordó que en España, y no es de los peores casos en el continente, la industria paga el doble de coste energético que la estadounidense y casi el doble que la China. Y denunció la parálisis de la Administración, que no ha aprobado hasta ahora ningún proyecto de almacenamiento de CO2, cuando en otros países europeos ya están incluso en marcha; y que hay unos 300 proyectos de biomasa paralizados, siendo analizados por la Administración pero sin llegarse a aprobar. «No hacen falta ya más análisis de situación. Necesitamos una política industrial de medidas».
El director general de Ametic, Celestino García, puso el acento en la velocidad, una necesidad en la adaptación de tecnologías avanzadas; y en la escala, para que llegue a todo el tejido productivo. Además, añadió que la legislación española debe ir en línea con la futura Ley de Aceleración de la Industria europea. También lanzó un reto a las administraciones públicas, invitándolas a correr el riesgo de integrar esas tecnologías avanzadas en sus propias organizaciones, dando ejemplo al resto de la sociedad.
El vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras (FEI), Francisco Marín, señaló que España, al menos, lo que debe hacer es no ir más lenta que Europa y seguir su estela, indicando que para ello «no es suficiente con los fondos europeos sino que hace falta el marco regulatorio con una serie de condiciones necesarias, aunque no pedimos un contenido concreto». Mientras que la presidenta de la FEI, Carmen Vela, aseguró con firmeza que España necesita esta ley de forma urgente, así como la modificación de otras como la Ley de Contratos del estado y la Ley de Subvenciones; programas de formación permanentes para aprovechar las capacidades de profesionales que se quedan fuera por ejemplo cuando cierra una fábrica y para evitar la fuga de talento a otras actividades.
El subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay, señaló que la colaboración público-privada multiplica el impacto de la I+D, que sin ella no escala. «La innovación no ocurre en silos, sino en ecosistemas».
Por su parte, el director general de Asebio, Ion Arocena, alertó sobre el estancamiento de las exportaciones en los dos últimos años, que han interrumpido su buena marcha. Si bien la industria supone alrededor del 70% de las ventas exteriores de mercancías, añadió.
Las exportaciones de mercancías de España en la última década se han movido siempre en el entorno del 23% o 24% del PIB, que aumenta al 35%-38% si se incluye el turismo y los servicios.
Arocena también explicó que Europa tiene dificultades para crear campeones nacionales, para escalar las industrias, mientras que China cada vez patenta más, incluso en segmentos como la biotecnología; y Estados Unidos sigue siendo el líder, y además logrando un gran resultado comercial. Para añadir que son necesarias políticas que impulsen la I+D y la tecnología. «La Ley es una oportunidad de modernizar el marco estratégico y adaptarlo a la realidad actual, incorporando la competitividad como elemento diferenciador».
Mientras que Ricardo Martí-Fluxá, presidente de Tedae, destacó que el sector necesita previsibilidad. Es decir, contar con un marco legal estable que permita realizar inversiones a largo plazo porque es un tipo de actividad que no se puede desarrollar en el corto plazo, por lo que requiere de una inversión sostenida en I+D+i.
Por su parte, los representantes sindicales pusieron el acento, fundamentalmente, en la formación. El secretario general de CCOO Industria, Francisco San José, aseguró que la anterior Ley de Industria está «absolutamente obsoleta y no responde en nada a la situación actual». Y añadió que son necesarias políticas de captación de talento y formación.
José Antonio Pasadas, secretario de acción sindical de UGT FICA (la Federación de Industria, Construcción y Agro), opinó que «se está haciendo más política industrial que nunca pero es necesario un marco como la Ley de Industria que las aglutine, integre el diálogo social y esquive el veto y la lucha política». Y abogó por defender el trámite parlamentario del actual Anteproyecto, que consideró una buena base en la que hay que incluir algunos cambios hacia el empleo de calidad. También señaló que el sector necesita abordar el relevo generacional atrayendo jóvenes que actualmente no se sienten seducidos por los proyectos industriales. Y a las mujeres, porque la brecha de género sigue siendo grande en el sector. Para terminar demandando la formación de los trabajadores, la cualificación y la recualificación.
