En España, solo entre el 2 y el 3% de las viviendas se construyen mediante métodos industrializados. Lo dicen los datos del Clúster de la Edificación, citados por Molins. La cifra resulta llamativa si se compara con el entorno europeo: Alemania y Países Bajos rondan el 7-10%, mientras que los países nórdicos llevan décadas con porcentajes mucho más altos. La foto fija muestra un retraso evidente, pero también un punto de inflexión.
¿Qué es exactamente la construcción industrializada? No se trata únicamente de prefabricar hormigón. Es trasladar una parte significativa del proceso constructivo a entornos de fábrica controlados, donde se fabrican componentes -baños, fachadas, módulos estructurales- que luego se ensamblan en el terreno. El modelo se apoya en la estandarización, la tecnología y una planificación milimétrica. Nada que ver con la obra tradicional, eminentemente artesanal y ejecutada in situ.
La fotografía actual la ha capturado el Barómetro sobre el Estado de la Construcción Industrializada en España 2026, promovido por Rebuild, el congreso nacional de arquitectura avanzada y construcción 4.0, que ha consultado a 334 profesionales del sector. Sus resultados ofrecen una mezcla de optimismo y realismo: hay demanda creciente, pero también escollos enormes.
La demanda sube, pero la ley no acompaña
El 61,3% de las empresas consultadas afirma que la demanda de proyectos industrializados ha aumentado en el último año. Dentro de ese porcentaje, un 32% señala que el incremento ha sido «significativo», y un 29,3% lo califica como «moderado». No es un dato menor. Refleja un interés real de promotores y compradores.
Sin embargo, ese interés choca con un muro: la normativa. El 45,5% de los profesionales identifica la falta de una legislación estable y armonizada como la principal amenaza externa para el desarrollo del sector. Las palabras de Maribel Vergara, directora del Perte de Vivienda, son taxativas: «Sin armonización normativa no habrá escala». La frase la recogió la agencia Europa Press a finales de 2025. Y resume el sentir general de que cada proyecto industrializado se tramita como si fuera una pieza única, sin estándares claros, lo que dispara los costes burocráticos y frena la inversión.
El Gobierno ha movido ficha, eso sí. En junio de 2025 se constituyó en Madrid el Comité Técnico CTN-UNE 41/SC 14 de Construcción Industrializada, en la sede de la Asociación Española de Normalización (UNE). Lo preside Laura Ajenjo, representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau). Participan unas 50 entidades, entre ellas centros de investigación como Tecnalia o el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC) adscrito al CSIC, universidades como la UNAV y UNIR, y empresas y entidades como Ferrovial, Saint Gobain y Aenor.
El objetivo del Comité Técnico es desarrollar normas técnicas que definan los procesos constructivos, los criterios de calidad de fabricación y las responsabilidades a lo largo de toda la cadena. El sector lo esperaba como agua de mayo y no ha tenido que esperar mucho para que la iniciativa diera sus frutos. Así, el pasado 19 de junio, la UNE aprobaba una nueva norma, la UNE 41610:2026 de Construcción industrializada de edificios: Definiciones, clasificación e índice de industrialización.
La norma, de carácter voluntario, establece una clasificación de los componentes industrializados en función de su papel dentro del edificio —estructura, envolvente, divisiones interiores, instalaciones y acabados— y de su configuración geométrica, diferenciando entre elementos unidimensionales (1D), bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D).
Su principal aportación es la creación del Índice de Industrialización (IDL), una metodología normalizada que permite evaluar de forma objetiva, comparable y reproducible el nivel de industrialización de cualquier proyecto de edificación, independientemente de la tecnología o sistema constructivo empleado.
La norma está concebida como una herramienta de apoyo para promotores, proyectistas, constructoras, fabricantes, administraciones y entidades de evaluación, tanto en proyectos de obra nueva como de rehabilitación, reforma o ampliación.
El presidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI), Luis Fernández, está muy orgulloso de este paso alcanzado. “Somos el primer país ya no solo en Europa, sino a nivel mundial, que ha elaborado una norma de construcción industrializada”, declara en una entrevista exclusiva con industry TALKS.
Esta norma, dice, la propuso la AECI a la UNE, porque “entendíamos como empresarios que necesitábamos tener un lenguaje común para los agentes del sector”. “No cabe en la cabeza de ningún sector industrial que a una misma cosa se le llame de diferentes maneras, dependiendo del locutor. o que a cosas que son diferentes se le llamen igual”, opina.
El talón de Aquiles: la mano de obra
Si la falta de normas es la primera preocupación, la carencia de personal formado es la segunda, y con un dato demoledor: el 90,1% de los profesionales afirma que la escasez de mano de obra cualificada en procesos industrializados está impactando directamente en el desarrollo del sector. Nueve de cada diez empresas lo sufren.
¿Por qué ocurre esto? La construcción tradicional arrastra un problema de relevo generacional y de masculinización, pero la industrializada exige perfiles distintos: técnicos de fábrica, especialistas en logística de montaje, operarios de maquinaria de control numérico, gestores de producción Lean. Ese perfil no sale de la noche a la mañana. El 22,2% de los encuestados señala, además, como obstáculo interno, la «falta de conocimiento dentro de las propias empresas». No solo faltan operarios: falta también formación directiva.
La buena noticia, si se puede llamar así, es que el propio modelo industrializado puede atraer talento. Frente a la obra tradicional -a la intemperie, con horarios partidos y mayor siniestralidad-, las fábricas ofrecen entornos climatizados, seguros y con jornadas estables. Eso está empezando a atraer a jóvenes y a mujeres a un sector históricamente masculinizado. Pero el cambio, avisan las fuentes, llevará años.
¿Quién paga la fábrica?
El otro gran freno es la financiación. El 43,1% de las empresas señala que es difícil acceder a créditos para crear nuevas fábricas o para financiar promociones enteras bajo el modelo industrializado. La paradoja es que la industrialización, una vez implantada, resulta más rentable. Cementos Molins ha publicado un análisis en un diario de prensa económica en el que defiende que la industrialización es una «palanca estratégica» y que la tasa interna de retorno (TIR) de estos proyectos puede ser de 4 a 5 veces superior a la tradicional, gracias sobre todo a la reducción de plazos: hasta un 40% menos de tiempo de obra.
El problema está en la inversión inicial. Montar una planta de fabricación de módulos, o reconvertir un taller tradicional, exige un desembolso que muchas pymes no pueden afrontar. El sector reclama líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o fondos específicos. El Gobierno ha anunciado un programa Perte dotado con 1.300 millones de euros para la industrialización de la vivienda, además de la futura Ley de Vivienda 2026-2030. Pero las empresas esperan ver los plazos de ejecución reales.
Informe DAFO
El presidente de la AECI desglosa en una entrevista con este medio de comunicación las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades del sector, lo que viene a ser un informe DAFO.
Teniendo en cuenta que los prefabricados de hormigón llevan ya aportando su granito de arena a la industrialización de la construcción, una debilidad apunta a que las soluciones más innovadoras y digitalizadas, con otro tipo de materiales de base, tipo madera, aceros o composites, no tienen una oferta potente de producción. Otra debilidad importante es la adaptabilidad, referida esta al poder adaptar diferentes tipos de acabados, revestimientos, posibilidades arquitectónicas. Otro punto débil es la accesibilidad y la logística, la ubicación de los edificios, cómo acometer la posibilidad del suministro y el ensamblaje de esos grandes componentes industrializados.
Con respecto a las amenazas, la más importante, en palabras de Fernández, es “la resistencia y el desconocimiento cultural y sectorial por parte de agentes sectoriales que, lógicamente, llevan muchas décadas haciendo sus proyectos, su desarrollo profesional de una determinada manera”. Otra es la falta de formación y de cualificación ya no solo en componentes industrializados, sino en lo que supone implementar la industrialización.
También destaca Fernández las barreras normativas y regulatorias que atienden a los procesos de construcción tradicional, basado en proyectos, adjudicaciones y ejecuciones. “Necesitamos que los proyectos se diseñen desde el principio. Esto va a atacar de una manera absolutamente directa al coste”, asegura. La construcción industrializada “es más cara si lo que hacemos es intentar meter la industrialización a través de proyectos hechos con construcción tradicional- Nunca encajará”.
En el aspecto de las fortalezas, “los grandes prefabricadores de hormigón ya tienen unas capacidades productivas elevadas, ya hacen componentes industrializados”, indica el presidente de la AECI. Y los nuevos componentes y propuestas de industrialización con otros materiales más sostenibles y digitalizados tienen una alta y rápida escalabilidad de la capacidad productiva, añade.
“Otra fortaleza fundamental -subraya nuestro interlocutor- es la reducción de los plazos de ejecución. Dependiendo del porcentaje de industrialización que metas, acortarás más o menos el plazo previsto en construcción tradicional”, aumentando la producción de vivienda y dando acceso a la ciudadanía a poder entrar en vivienda.
Por último, hay una “grandísima oportunidad”, en el “gran déficit de vivienda” existente. Fernández considera que “el colapso de la capacidad productiva tradicional ya no es un aspecto coyuntural, no es una cuestión de tendencia;se ha convertido en una cuestión estructural de difícil y compleja solución”.
Con estos mimbres, ¿qué medidas deberían adoptar las administraciones públicas y también el sector privado para superar estas debilidades y estas amenazas?
Al responder a esta pregunta, Fernández estima que es necesaria una “intensa colaboración” y un “diálogo público-privado”, ya no solo a nivel de la Administración Pública Central, como el Ministerio de Vivienda. sino también en diferentes regiones, con diferentes gobiernos autonómicos.
“Estamos ante una necesidad de una transformación profunda del modelo productivo”, declara, abogando por “un acuerdo, un concordato y una colaboración que permita implementar una regulación aplicable, fundamentalmente, a los contratos del sector público”.
“Uno de los mayores tractores, a través de los planes políticos que se están poniendo en marcha, con Casa 47 [la entidad pública que tiene como objetivo principal la creación de un parque estatal de vivienda asequible], el nuevo plan de vivienda, el plan financiero de ayudas y subvenciones para la vivienda pública, tiene difícil aterrizaje si seguimos manteniendo el actual rol o características de la ley de contratos públicos”, opina el presidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada.
Y por ello solicitan que se aplique el artículo 234.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que justifica la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras correspondientes. También requieren modificar la Ley 9/2022 de Calidad de la Arquitectura para incluir, entre los supuestos que ya existen, los que autoricen la contratación conjunta del proyecto y la dirección de obra.
“Con esto se evitaría la judicialización, como ya algunas administraciones públicas han querido implementar estos modelos de proyecto y obra y han sido lamentablemente judicializados, lo cual ha hecho perder confianza, seguridad en la redacción y en la implementación de estas técnicas de industrialización en los concursos públicos de manera masiva”, argumenta Fernández.
Actores con peso: Avintia, Grup PMP y los fondos de inversión
El mapa de la industrialización de la construcción en España ya cuenta con actores de primer nivel que están moviendo cifras importantes.
El Grupo Avintia, por ejemplo, se ha consolidado como uno de los grandes polos industriales del país. A cierre de 2025, el ecosistema que han denominado «Ávita» incluye a 14 socios tecnológicos: Gerflor, Orona, Aldes, Kömmerling, Baxi, Jacob Delafon, S&P, Stacbond, Saint-Gobain, Schneider Electric, Daikin, Sika, AkzoNobel y Simon. Juntos colaboran en el desarrollo de soluciones de fachada, climatización eficiente y control integrado.
Las cifras de Avintia son reveladoras. Cuentan con 4.824 viviendas ya entregadas o en ejecución. Y en su horizonte temporal (2022-2026/2027) gestionan más de 7.800 viviendas y 2,3 millones de metros cuadrados industrializados. Han creado filiales especializadas para cada componente: avimetal, con una planta de 6.000 metros cuadrados especializada en balcones y chimeneas industrializadas y con capacidad de 20 unidades al día; avindow, centrada en la fabricación de ventanas y marcos industrializados desde Talavera de la Reina, en Toledo; y avibath, ubicada en la localidad murciana de Jumilla dedicada a la producción de baños industrializados completamente equipados y listos para su instalación. Es un modelo de integración vertical que pocas empresas en España pueden permitirse.
En el otro lado del tablero aparecen los aspirantes de tamaño más reducido, pero con gran impulso. Grup PMP, por ejemplo, es una empresa fundada en Lleida en 2000 por Montse Pujol. Ha entregado más de 500 viviendas con su sistema modular 2D propio. En 2025 recibió una inyección de capital importante: el fondo Miura Partners, a través de su Miura Impact Fund, entró en su accionariado mediante una ampliación. También cuenta con el respaldo del Institut Català de Finances (ICF). Su objetivo para 2030 es consolidarse como líder en vivienda plurifamiliar y equipamientos públicos como residencias e institutos.
¿Qué piensan los profesionales? La fotografía del barómetro
El barómetro de Rebuild 2026 ofrece una foto muy nítida del estado de ánimo del sector. El 51,3% de las compañías afirma estar «total o bastante preparada» para realizar proyectos industrializados. Solo un 22,5% admite estar en fase parcial de adaptación. No es un sector novato ni reticente: hay conciencia y hay preparación técnica.
Además, la industrialización avanza de la mano de la digitalización. El 64,7% de las empresas se sitúa en niveles avanzados o intermedios de madurez en el uso de la metodología BIM (Building Information Modeling), que permite diseñar, simular y gestionar el ciclo de vida del edificio con gemelos digitales.
Sobre el futuro, las expectativas son altas. El 46,4% de los profesionales cree que en 2030 hasta el 25% del parque inmobiliario español incorporará elementos industrializados. Y un 32,6% va más allá: piensa que esa proporción podría llegar a la mitad, es decir, un 50%. De confirmarse, España pasaría del 2-3% actual a cotas similares a las de Alemania en apenas cuatro años. Es un salto gigantesco, pero el sector lo ve posible.
Un déficit de 700.000 viviendas
El Banco de España estima un déficit acumulado de 700.000 viviendas en el país. La demanda no deja de crecer, especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas. La construcción tradicional, con sus plazos de 18 a 24 meses por promoción, no puede absorber ese desfase por sí sola. El 60% de los expertos consultados por Rebuild cree que la industrialización es «la solución principal o muy importante» para resolver ese déficit en un plazo de 5 a 10 años.
Los plazos hablan por sí solos. La evidencia empírica muestra que la industrialización puede reducir los tiempos de entrega hasta en un 40%. Proyectos que tradicionalmente tomaban dos años pueden completarse en menos de uno. Eso reduce no solo los costes financieros, sino también las molestias a vecinos y el impacto ambiental.
El papel de la AECI y del Comité UNE
La construcción industrializada se está dotando de estructuras de gobernanza propias. Por un lado, existe la Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI), que agrupa a los agentes de este modelo. En 2025, organizó conferencias en Construmat, el salón de la construcción de Barcelona, para debatir sobre estandarización y futuro.
Como apunta Luis Fernández, la AECI se fundó a finales de 2020, pero estatutariamente en 2021, es decir, acaba de cumplir cinco años de vida. Durante los tres primeros años, no superaron las 22 empresas asociadas. Pero en el último año han pasado de más de 30 socios a cerca de 70. Toda una eclosión. Además de proponer la norma UNE, ha colaborado en las bases regulatorias del Perte de la Vivienda. “Se nos entiende como un colectivo, un agente sectorial relevante”, declara satisfecho. Según sus propios datos, entre todos los asociados alcanzan una facturación agregada que supera los 3.500 millones de euros.
La meta del colectivo para los próximos 10 años apunta a ser un actor protagonista “que ayude y colabore con los procesos tradicionales que van a tener que seguir y van a seguir funcionando, no cabe duda”, manifiesta Fernández, quien destaca el interés de la Comisión Europea en esta rama productiva, concretamente de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW), promotora de la fundación de la Asociación Europea de Construcción Industrializada, creada hace dos meses. La AECI es fundadora junto con otros 13 países.
Los retos inmediatos: tres frentes abiertos
A la vista de todas las fuentes consultadas, el sector de la construcción industrializada tiene tres frentes abiertos e inmediatos:
Primero: la barrera legal. La falta de un marco normativo específico impide la estandarización. Cada proyecto se valida como si fuera único. La propia directora del Perte de Vivienda así lo ha reconocido. En este sentido, la nueva norma UNE recién publicada representa un paso correcto e incluso pionero para cerrar ese vacío, pero todavía se requieren más modificaciones normativas, como las sugeridas desde la dirección de la citada asociación sectorial.
Segundo: financiación industrial. No basta con financiar la compra de viviendas. Hace falta crédito para construir fábricas. Las líneas del ICO y los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea deben llegar a las pymes constructoras para que estas reconviertan sus talleres. De lo contrario, la oferta nunca alcanzará a la demanda. Tampoco es desdeñable estudiar la opción de incentivar fiscalmente la construcción industrializada. Esa posibilidad ya está encima de la mesa de los Ministerios de Economía y de Hacienda, según desvela Luis Fernández, de la AECI. “Eso no saca dinero de las arcas, pero sí deja dinero para que el promotor entienda que la industrialización es rentable. Y eso redundará, evidentemente, en que se incremente la demanda privada”, aclara.
Tercero: talento y formación. El 90,1% de las empresas sufre la escasez de mano de obra cualificada. Se necesita un puente urgente entre la Formación Profesional y las necesidades específicas de las fábricas de componentes. Algunas comunidades autónomas ya están diseñando certificados de profesionalidad específicos, pero el despliegue es lento.
Cambio de época, no de moda
La construcción industrializada ha superado en España la fase de entusiasmo inicial. Ya no se habla de ella como una moda o una ocurrencia de arquitectos vanguardistas. Es una necesidad estratégica reconocida por el propio Gobierno central, con su Perte de 1.300 millones, por los inversores y por las grandes corporaciones.
El margen de crecimiento es enorme, porque se parte de una cuota testimonial del 2-3% y se enfrenta a un déficit de 700.000 viviendas. Pero la paradoja es evidente ya que existe una fuerte demanda y una evidente voluntad política, pero falta la «fábrica» entendida como ecosistema completo. Faltan normas, financiación para crear plantas industriales y personal formado.
Los próximos dos años, 2027 y 2028, serán decisivos. Si la armonización normativa estrenada por la UNE se materializa, y si los fondos europeos llegan a tiempo, el optimismo del barómetro -ese 46% que espera llegar al 25% de cuota en 2030- podría quedarse incluso corto. Si no, el 2-3% actual se perpetuará y España seguirá mirando con envidia los datos de Alemania, Países Bajos y los países nórdicos.
Este reportaje panorámico se cierra con una pregunta abierta: ¿estará el ladrillo español preparado para dejar de ser artesano y convertirse en industrial? La respuesta, a día de hoy, está en manos de los legisladores, los inversores y los centros de formación. Los profesionales, al menos según el barómetro sectorial, ya están listos.
