De acuerdo a los últimos datos disponibles del INE, último cuatrimestre de 2020, de un total de 1.383 compañías concursadas, los porcentaje mayoritarios corresponden a Comercio y otros Servicios, seguidas de empresas de construcción e industria y energía, ambas actividades con un 11% del total. El perfil de la empresa industrial es mayoritariamente micropyme y pyme, con tres casos señalados de más de 100 trabajadores.
El nuevo Real Decreto Ley amplía al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas y extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto se tramita la modernización del régimen concursal español.
Por el contrario, firmas como el despacho multidisciplinar Abencys prevén que puede provocar “nefastas consecuencias para las empresas afectadas de cara a los meses posteriores”, puesto que crea “falsa sensación de que la decisión sobre las medidas a adoptar para la supervivencia del negocio puede posponerse indefinidamente”, afirma Manuel Gordillo, socio de la citada entidad.
Gordillo es consciente de que cuando una empresa entra en dificultades no es sencillo el tomar las medidas necesarias para su supervivencia, pero lamenta que “la moratoria concursal no está ayudando a esta finalidad sino todo lo contrario, posponiendo artificialmente la solución al problema. Muchas empresas en dificultades, que deberían haber afrontado ya medidas difíciles pero necesarias para su supervivencia, continúen agravando su estado y alejándose de una solución”.
