PASO JUDICIAL

La jueza abre la fase de liquidación de Tubos Reunidos Group y TRPT, aunque sus fábricas siguen operativas

La crisis de Tubos Reunidos da un nuevo paso judicial. La jueza ha acordado abrir la fase de liquidación de Tubos Reunidos Group y TRPT, las dos sociedades que gestionan las instalaciones industriales del grupo en Trápaga (Bizkaia), Amurrio y Nanclares de la Oca (Álava). La decisión, adoptada el pasado 11 de noviembre y conocida el sábado 14 de noviembre, supone que la administración concursal, PKF Attest, sustituye a los anteriores administradores y asume la gestión de ambas sociedades.

La resolución se produce después de que el grupo entrara en concurso de acreedores en mayo de 2026 y de que recientemente se decretara también la disolución y apertura de la fase de liquidación de su sociedad matriz, Tubos Reunidos S.A.

Según el edicto de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz número 7, la apertura de esta nueva fase implica la disolución de las sociedades afectadas y la suspensión de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa por parte de los concursados. Sus anteriores administradores quedan cesados y son sustituidos por la administración concursal.

Las fábricas continúan trabajando, sin cierres automáticos

Pese a la gravedad de la decisión, la apertura de la fase de liquidación no implica que las instalaciones industriales vayan a cerrar de forma inmediata ni que se produzcan despidos automáticos.

El sindicato ESK, que ha informado sobre la resolución judicial a partir de fuentes de la compañía, ha aclarado que las tres fábricas continúan trabajando y que la venta de las unidades productivas sigue siendo la vía prevista para intentar garantizar la continuidad de la actividad.

El cambio afecta principalmente al control de las sociedades: PKF Attest pasa a asumir las funciones que hasta ahora correspondían a sus administradores, mientras continúa el procedimiento para encontrar compradores para los activos industriales.

Las reglas de venta ya aprobadas establecen que las ofertas deberán valorarse teniendo en cuenta no solo el precio económico, sino también la continuidad industrial y los compromisos de mantenimiento del empleo.

Nanclares, la planta más amenazada

La situación más delicada se concentra en la fábrica de Nanclares de la Oca, conocida también como Langraiz. Esta instalación, la más pequeña del grupo, cuenta con alrededor de 60 trabajadores y está especializada en el enroscado de tubos.

La administración concursal ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para toda su plantilla. Como alternativa, ha propuesto un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de dos meses. La propuesta de despidos ha sido rechazada por los sindicatos.

Además, esta factoría únicamente aparece contemplada en una oferta subsidiaria dentro de las cinco propuestas de adquisición presentadas por los activos del grupo. Por el momento, no existe un interés comprador firme que garantice su continuidad.

Esta circunstancia sitúa a Nanclares en una posición más vulnerable que las otras instalaciones, mientras los representantes de los trabajadores esperan conocer las condiciones laborales y los compromisos industriales de los posibles compradores.

Cinco ofertas para intentar salvar la actividad industrial

La apertura de la liquidación no detiene el proceso de venta de Tubos Reunidos. Las cinco ofertas presentadas para adquirir sus activos o unidades productivas continúan siendo la principal alternativa para mantener la actividad industrial.

La administración concursal deberá evaluar las propuestas atendiendo tanto a su importe como a las garantías que ofrezcan para preservar las instalaciones y el empleo.

Por ahora, siguen pendientes de conocerse los avances de las negociaciones, las garantías que plantean los potenciales compradores para las plantillas y las medidas laborales que acompañarían a cada operación.

El sindicato ESK ha pedido «paciencia y temple» ante la nueva situación judicial, aunque reconoce que el escenario sigue siendo grave y delicado. La organización insiste en que se trata de un cambio importante en el procedimiento concursal, pero no de una decisión de cierre de las fábricas.

De momento, tampoco tiene constancia de nuevos plazos ni de modificaciones estructurales adicionales en las plantillas. El sindicato espera que la administración concursal convoque una reunión durante la próxima semana para ampliar la información sobre el proceso.

La continuidad de las instalaciones de Tubos Reunidos dependerá ahora de cómo avance la venta de sus unidades productivas y de la capacidad de los futuros compradores para mantener la actividad industrial en un grupo que atraviesa una de las mayores crisis de su historia.

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