Esta situación tiene además un efecto directo de dependencia económica, falta de libertad, riesgo de pobreza y exclusión para miles de mujeres, invisibles entre las invisibles, vulnerables entre las vulnerables, además del coste en recursos públicos que todo ello implica, recursos que se sostienen con los impuestos de todos. Un dinero público que podría dedicarse a invertir en inversión e innovación para alcanzar un futuro mejor para todos, más allá de solventar una desigualdad que es sinrazón laboral y humana.
Representantes de Carrefour, Grupo Social Once, Iberia Express y Sacyr, así como de la Junta de Andalucía, en nombre de la administración pública, han puesto de manifiesto en esta jornada que las políticas inclusivas de sus organizaciones tienen, además, un claro beneficio para sus cuentas de resultados. Según Elena Baíllo, directora corporativa de la línea aérea, “el fomento de una cultura de la igualdad de oportunidades no sólo contribuye a hacer mejores a las compañías en ética y valores, en su ESG, sino que constituye una inversión al contribuir a que seamos la empresa diversa que queremos, espejo de la realidad de nuestros clientes”. Esta compañía cuenta con un 12% de mujeres con discapacidad en su área administrativa, “mujeres que, al margen de un rendimiento excelente, aportan muchos intangibles como el buen ambiente, la capacidad de superación y otros factores que nos hacen, sin duda, una empresa más rica y humana”.
Para Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional del Grupo Social ONCE, resulta fundamental apoyarse en datos que dicen que “aún hoy en España, con 4,5 millones de personas con discapacidad, sólo 1 de cada 4 en edad de trabajar lo está haciendo y, de ellas, menos de la mitad son mujeres. Más allá de la posibilidad de acceder al mercado laboral y tener un sustento -añadió-, el empleo para una mujer con discapacidad le permite “compartir un discurso con otros, sentirse incluida y ser vista con normalidad”. Un reto que debe ser vertical, en palabras de Sanz, “porque nosotras también podemos mejorar nuestra carrera profesional, como cualquiera, y ser referentes para otros, tengan o no discapacidad”.
Por su parte, Patricia Martínez, directora de Personas de Sacyr, explicó que hay dos claves a la hora de abordar este desafío. “Debe de ser un esfuerzo de arriba abajo, de tal modo que todas las iniciativas y acciones estén avaladas por la dirección, y sumar la búsqueda de talento, venga de donde venga”. Entre estas líneas de trabajo destacó el proyecto Sacyr Sostenible, que pretende incorporar más mujeres, especialmente las que tienen discapacidad física e intelectual, están en riesgo de exclusión y víctimas de la violencia de género.
Marcos y estrategias que Carlota Sofía Valverde, directora regional de Recursos Humanos de Carrefour, animó a incorporar en la gestión de las empresas, favoreciendo una igualdad efectiva real. Valverde apeló a la necesidad de contar con toda la sociedad para alcanzar este desafío. “Tenemos un papel como empresas, está claro, pero necesitamos también del resto de la sociedad, que las propias mujeres rompan barreras, que se atrevan, y no se frenen en la búsqueda de empleo. Solo desde la normalización -apuntó- lograremos derribar esos prejuicios”, en los que el miedo y el desconocimiento, en opinión de todas las intervinientes, son claves.
En cuanto al papel de la administración pública para eliminar brechas de empleo y salario, que con tanta dureza afectan a las mujeres con discapacidad, Ruth Sarabia, delegada territorial en Málaga de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de las Junta de Andalucía, puso por delante la necesidad del “compromiso firme con el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad y más aún si son mujeres”. Una determinación del Gobierno andaluz que en los últimos cuatro años ha llevado –en datos aportados por la propia Sarabia- a la inserción de más de 55.000 personas con alguna limitación física, intelectual o sensorial, de las que el 65% son mujeres. “Estos resultados –explicó- son fruto de tres pilares: la contratación pública, el apoyo a las empresas y los puestos generados a través de los centros especiales de empleo”.
La jornada, celebrada en el Centro de Innovación Social La Noria –dependiente de la Diputación de Málaga, cuya vicepresidenta segunda, Natacha Rivas, inauguró la sesión- no sólo puso en valor del talento que representan las profesionales con discapacidad, sino que también les dio voz.
María José López, empleada con discapacidad y responsable de un equipo tecnológico de gestión documental en Envera, recordó ante un auditorio repleto que la discapacidad supuso para ella un mayor obstáculo que el género a la hora de conseguir empleo en la empresa ordinaria. “Cuando acabé mi formación en el sector del turismo, por más currículos que mandaba nunca me seleccionaban. En 1991 entré en Envera, desde donde entonces dirijo un equipo cualificado de seis personas, todas ellas con diversas discapacidades físicas y sensoriales, que nos ocupamos de que 2 millones de pasajeros de Iberia puedan volar al reparar las reservas de sus billetes que están mal hechas y que tiene un gran impacto directo en el negocio”. Hace 31 años no la quisieron contratar agencias de viajes a las que se presentó al ver su brazo paralizado por la poliomielitis infantil que sufrió, y hoy, paradójicamente, ella y su equipo es la que repara sus errores. Porque como ella misma dijo, “somos personas con discapacidad, pero hay muchísimos otros que no tienen, o no la tienen certificada, y son menos capaces como yo”.
Hoy más de 250 mujeres con discapacidad trabajan en Envera demostrando, como reza el lema de esta organización, que “todos podemos ser los mejores en algo”, también en el ámbito de la industria.
