Según el último análisis difundido por Standard & Poor’s, la inversión en España, incluida la destinada a maquinaria y equipamientos, continúa “aguantando relativamente bien”. La agencia incluso anticipa que la inversión pública se va a acelerar “gradualmente a medida que los fondos europeos Next Generation pasen a la fase de ejecución”. Pero no todos lo ven de la misma forma.
Para Gerardo Cortijo, responsable del Área de Política Industrial de Comisiones Obreras de Industria, llevamos unos meses de actividad regulatoria “muy intensa” tanto en el ámbito nacional como en el traslado de normas y regulaciones europeas y el adelanto electoral puede generar “espacios de nerviosismo”.
Es verdad -señaló Cortijo- que en algunas cuestiones esta contingencia es inocua, por ejemplo, en lo referente a la negociación colectiva bipartita firmada por patronal y sindicatos, lo que garantiza la continuidad a nivel sectorial.
No obstante, Cortijo reconoció que algunos sectores industriales dependen en gran medida de la actividad institucional, normativa y regulatoria del Gobierno. En este sentido, se refirió al proyecto de Ley de Industria. También aludió a los retos de la Presidencia española de la Unión Europea -que comienza el 1 de julio- en cuanto a regulaciones medioambientales que afectan a la industria. “No hay vacío de poder, pero puede haber vacío o interrupción legislativa”. El foco de atención, en su opinión, debe ponerse en la Ley de Industria.
El representante de CCOO citó el anuncio “poco preocupante” del nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, quien dijo que la convocatoria del PERTE VEC 2 no se detiene pese a la llamada a las urnas. Cortijo lanzó un mensaje de “tranquilidad y serenidad”, para huir de que “ciertos espacios políticos quieran aprovechar todo para hacer campaña electoral”, en particular, “diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas que le echan la culpa de todo al adelanto electoral”.
El Ejecutivo español también se dio prisa en remitir, esta misma semana, a la Comisión Europea una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que contempla 10.300 millones de euros en transferencias adicionales de los fondos Next Generation UE (8.700 millones) y el programa REPowerEU (2.600 millones), que se destinarán a reforzar los 12 PERTEs ya en marcha, y hasta 84.000 millones en préstamos. El programa REPowerEU es un plan de la Comisión Europea para “poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles rusos” y “hacer frente a la crisis climática”.
“Nos encontramos en una situación sin precedentes en las últimas décadas. Por primera vez vemos un Gobierno con la conciencia de querer impulsar el sector industrial en España y en Europa. Por otra parte, el contexto de la guerra en Ucrania nos ha abierto los ojos sobre la necesidad de tener soberanía industrial. Y, por último, hay dinero para invertir en todo el proceso de transformación. Estamos en una revolución industrial sin precedentes”, declaró a este diario Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de UGT-FICA.
En su opinión, sin embargo, sí que ha faltado la comunicación necesaria entre las diferentes administraciones y, al mismo tiempo, que las fuerzas políticas de la oposición se hubieran dado cuenta de que el apoyo a la industria es una cuestión de Estado, que beneficiaría no solo a la industria sino al conjunto de la sociedad.
Vázquez recordó que empresarios y sindicatos fueron capaces de alcanzar un acuerdo en la redacción de un documento sobre las bases de un Pacto de Estado por la Industria, pero que las fuerzas políticas bloquearon su aprobación en esta legislatura que ahora expira.
“Esto es una nueva oportunidad. Todo dependerá del resultado de las elecciones. Si hay una repetición del actual Gobierno, entiendo que no van a cambiar los objetivos ni las prioridades y creo que impulsaría aún más las políticas industriales y terminaría con los bloqueos. Esa es nuestra valoración”, subrayó el representante ugetista.
“Es verdad que cuando se da un proceso electoral todo se ralentiza y se paraliza de alguna forma”, admitió Vázquez. En caso de que gane la oposición, el secretario de Política Industrial de UGT-FICA prevé “un retroceso”, porque en los gobiernos conservadores previos “ha habido, hasta ahora, una falta de apoyo hacia el sector industrial”. La posibilidad de que se produzca un retroceso no genera en UGT miedo, sino más bien “incomprensión”.
“Ahora no es la hora de hablar, porque son momentos de promesas y nosotros queremos realidades”, resumió el dirigente sindicalista, quien comprendió “la incertidumbre” y “el nerviosismo” que desata la convocatoria de las elecciones al Parlamento.
Posibles retrasos en las convocatorias de los PERTEs
Los PERTEs podrían sufrir retrasos en sus convocatorias, aunque el Gobierno central está gestionando que no se alteren los plazos, sobre todo en lo referente a los del coche eléctrico y autónomo, los del hidrógeno y los de los semiconductores. Hay mucho dinero e inversión en juego. En este sentido, el Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC) pidió que el proceso de puesta en marcha y ejecución del PERTE VEC 2 siga el calendario marcado porque el sector de la automoción no se puede permitir “más retrasos en la llegada de las ayudas europeas”.
La convoctaria del PERTE VEC 2 se publicará probablemente el 1 de julio. El sector de la automoción espera como agua de mayo esta segunda iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio e Industria (MINCOTUR), que tiene presupuestados 2.100 millones de euros, ya que en la primera edición de 2022 se repartió menos del 30% del presupuesto.
Esta segunda entrega del PERTE del coche eléctrico y autónomo se estructura en dos partes: los 837 millones de euros de ayudas a la fabricación de baterías eléctricas, previstas en junio, y las ayudas al resto de la cadena de valor, fabricantes e industria auxiliar, prevista para más adelante.
La línea de baterías no se retrasará porque ya está aprobada por la Comisión Europea, bajo el Marco Temporal de Ucrania. Sin embargo, es posible que las ayudas al resto de la cadena de valor sufran demoras, al menos hasta la publicación del nuevo Reglamento General de Exención de Categorías (RGEC) en el Diario Oficial de la Unión Europea, que permitirá a su vez mejorar las intensidades y los límites de las ayudas a cada proyecto. La modificación del RGEC otorga a los países más flexibilidad para formular y ejecutar ayudas en sectores clave de producción de tecnologías limpias en Europa. En concreto, exime a esas categorías de la obligación de notificación previa y de aprobación por parte de la Comisión, lo que permite a los Estados miembros conceder directamente las ayudas e informar a Bruselas únicamente a posteriori, lo que agilicará los procesos.
Uno de los sectores más afectados por esta parálisis parlamentaria es la industria cerámica, ya de por sí inmersa en una situación muy delicada desde hace meses por el alto coste de la energía. La disolución de las Cortes Generales ha frenado la modificación de la Ley Crea y Crece que hubiese permitido al sector acceder a las ayudas de 450 millones de euros para la industria gasintensiva sin necesidad de acreditar un periodo medio de pago a proveedores inferior a 60 días.
La modificación, que iba como una enmienda transaccional a la Ley del Cliente Financiero estaba a punto de ser aprobada por el Senado, tras haber pasado el visto bueno del Congreso de los Diputados.
Después de varias reuniones con la entonces ministra de Industria Reyes Maroto y su sucesor Héctor Gómez, y dada la naturaleza exportadora del sector del azulejo, el Ejecutivo accedió a aprobar una excepción de 6 meses para las industrias gasintensivas, pero el Parlamento no lo ratificó a tiempo esa contingencia.
“Para nuestra industria, que lleva más de un año lidiando para lograr que lleguen ayudas directas y urgentes a las empresas, el adelanto electoral supone un nuevo hándicap”, declaró a industry TALKS Alberto Echavarría, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).
“De momento, la modificación en la Ley Crea y Crece que iba a flexibilizar el acceso de las empresas gasintensivas a las ayudas del Real Decreto Ley 20/2022 ha quedado paralizada. En todo caso, la Orden Ministerial podría seguir su proceso y ser publicada, pero sin la modificación el acceso a las ayudas será muy restrictivo como veníamos alertando. Desde el sector solicitamos que se siga trabajando con la máxima intensidad, separando política y gestión”, añadió Echavarría.
Una opción es que la modificación normativa llegue a ser dictada mediante otro Real Decreto Ley y que sea convalidada por la Diputación Permanente antes del 27 de junio, fecha tope para convocar las ayudas como exige el RDL 20/2022, pero ese escenario se antoja muy improbable.
Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica
Otro elemento muy importante que queda en suspenso es el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica. Desde otoño de 2022, tanto el presidente del Gobierno como los responsables de las carteras de Sanidad, Industria y Ciencia mantuvieron reuniones con la patronal de la industria farmacéutica innovadora, Farmaindustria, para concretar este ambicioso proyecto formulado dentro de los parámetros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Los últimos detalles disponibles hablan de que el Plan Estratégico se basa en tres pilares: investigación, producción industrial y acceso, y que estaría alineado con la Estrategia Farmacéutica Europea, aprobada por el Parlamento Europeo a finales de 2022.
Este documento establece un nuevo marco comunitario para mejorar el acceso de los medicamentos en todos los países europeos y la competitividad global de la industria farmacéutica.
El compromiso era terminar de consensuar y presentar un texto ambicioso antes de que acabara el primer semestre del año, para que así el Gobierno pudiera tener ese asunto cerrado de cara a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europeo, una de cuyas prioridades es el apoyo a la competitividad de la industria farmacéutica.
El Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, que está ahora en una especie de barbecho técnico, llevaría parejas inversiones de 8.800 millones de euros en tres años para potenciar la investigación biomédica, la digitalización y la producción estratégica de medicamentos. Además, se pondría en marcha un plan de empleo juvenil y de igualdad de género, que supondría la contratación de al menos 4.500 jóvenes al año.
El incierto panorama electoral también podría ocasionar aplazamientos en la implementación del PERTE de descarbonización industrial, cuya convocatoria de carácter plurianual está prevista que se abra a finales de este año y esté abierta hasta 2025.
Este PERTE va a camino de superar las previsiones del Gobierno. “En un principio estimamos que la inversión privada sería de 8.700 millones de euros, pero creemos que finalmente rondará los 30.000 millones de euros. Tan solo el sector del cemento tiene ya prevista una inversión de 5.000 millones de euros; el sector agroalimentario maneja proyectos de descarbonización en centrales productivas de leche, azúcar, galletas…”, declaró Luis Colunga, el comisionado especial de este PERTE en el MINCOTUR en una jornada sobre este proyecto estratégico organizada a finales de mayo por la consultora Zabala Innovation en colaboración con la Confederación Empresarial Navarra (CEN).
“La inversión será notablemente superior a la estimada, y entendemos que la actual ayuda pública de 3.100 millones de euros podría ser escasa y no tendría efecto incentivador. Por ello más adelante habrá que hacer un esfuerzo financiero mayor para responder a esta generación de empleo”, explicó.
Por fortuna, algunos departamentos ministeriales funcionan con aparente normalidad. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acaba de lanzar la segunda edición del Programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable (H2 Pioneros II).
Esta convocatoria está dotada con 150 millones de euros para incentivar la puesta en marcha de proyectos innovadores con viabilidad comercial de producción y consumo local de hidrógeno renovable, especialmente en los sectores donde la descarbonización es más difícil, como la industria o la movilidad pesada. Abierta entre el 1 de junio y el 31 de julio, la convocatoria está integrada en el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA).
El programa H2 Pioneros II busca dar continuidad a la primera fase, tras el éxito de convocatoria cosechado. Igualmente, dotada con 150 millones, esta primera convocatoria se resolvió el pasado mes de abril con la adjudicación de incentivos a 19 proyectos radicados en 9 comunidades autónomas, nueve de los cuales se ubicaban en zonas de Transición Justa y/o Reto Demográfico.
La convocatoria está gestionada, al igual que la primera, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al MITECO.
La tipología de las actuaciones subvencionables engloba a instalaciones de producción de hidrógeno verde (con una potencia máxima de 50 MW de electrólisis), distribución, usos industriales y movilidad pesada, así como aplicaciones estacionarias innovadoras, como puertos, aeropuertos, plataformas logísticas y sistemas de almacenamiento con re-electrificación.
El propio MITECO informó esta misma semana de que el IDAE concedió 100 millones de euros en ayudas a proyectos innovadores de grandes electrolizadores para la producción de hidrógeno renovable. La línea 3 del Programa H2 Cadena de Valor adjudicó importes de 10 y de 15 millones a siete proyectos situados en cinco comunidades autónomas: Andalucía (3), Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha.
El Gobierno, además, está flexibilizando las condiciones exigidas en algunos PERTEs para que sean más eficaces Así, en el PERTE Agroalimentario, alternativamente a agrupaciones integradas por, al menos, una gran empresa y tres pymes, se ha permitido concurrir a cuatro pymes, siempre que dos de ellas sean medianas empresas. Además, para el cómputo de la presencia geográfica en un mínimo de dos comunidades autónomas, se incluían aquellas actuaciones que pudiesen ser subcontratadas.
La Ley de Industria, aparcada de nuevo
Independientemente del ritmo de la gestión ministerial, la gran perjudicada del adelanto electoral es, sin duda alguna, la nueva Ley de Industria, que vuelve a un punto muerto, como si estuviera verdaderamente maldita. Todo el procedimiento administrativo que se ha llevado a cabo hasta ahora decae con la disolución de las cámaras.
El anteproyecto de ley ya había sido aprobado por el Gobierno en diciembre del año pasado tras haber pasado el preceptivo periodo de consulta pública (abril de 2022) en el que la sociedad civil propuso cambios y modificaciones. En enero, el Consejo Económico y Social había aprobado su dictamen sobre el anteproyecto, cuyo articulado estaba siendo estudiado por los diferentes grupos parlamentarios.
La no aprobación de la Ley de Industria supone un fracaso y un drama. Un fracaso, porque se trata de una reforma contemplada en el Plan de Recuperación que no se ha cumplido en esta XIV Legislatura concluida el 30 de mayo. Y un drama, porque se suspende, sin fecha, la imprescindible modernización del marco jurídico industrial vigente, lo que implica mantener la actual norma, que data de 1992 y que está obviamente envejecida y es inadecuada, pues no incluye patrones fundamentales como la transformación digital o la economía circular.
Tendrá que esperar la regulación sobre la promoción industrial y la mejora de su competitividad, la reindustrialización, la digitalización industrial, la adaptación de la industria a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas (polígonos) industriales y los proyectos de interés general, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza. En definitiva, el sector secundario ve frenado su impulso precisamente en unos tiempos complejos.
Es una lástima acertar en los malos pronósticos. Hace seis meses, a principios de diciembre de 2022, ya vaticinábamos desde este mismo diario digital que España se iba a quedar, una vez más, sin Ley de Industria por la “falta de voluntad y diálogo de la clase política”. Entonces escribíamos lo siguiente: “Dada la alta polarización que no cesa entre los dos principales partidos parlamentarios y el apretado calendario electoral que planea sobre 2023, lo más probable es que, desgraciadamente, la nueva Ley de Industria no se aprobará en esta Legislatura”. El tiempo nos ha dado la razón.
