Dada la alta polarización que no cesa entre los dos principales partidos parlamentarios y el apretado calendario electoral que planea sobre 2023, lo más probable es que, desgraciadamente, la nueva Ley de Industria no se aprobará en esta Legislatura.
Ese lamentable mensaje es uno de los que afloraron del Foro Energía AEGE 2022, organizado esta semana por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) en colaboración con la Asociación de Ex Parlamentarios de las Cortes Generales.
La jornada, celebrada en el Salón Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, reunió a 16 ponentes y moderadores en cuatro mesas de debate que giraron sobre la industria electrointensiva ante la actual crisis energética. La sala se llenó de público, lo que evidenció el gran interés que despertó el tema pues no en vano afecta directamente a la industria siderúrgica, la metalúrgica, la química, la centrada en los gases industriales, las papeleras, las cementeras, las azulejeras…
El foro se estructuró en cuatro mesas con asuntos relacionados con la industria y la energía y complementarios entre sí. En la primera se abordaron las subastas de energía renovable (eólica y solar fotovoltaica) destinadas a los consumidores electrointensivos. La segunda se ocupó de las respuestas a la crisis de precios de la energía. El tercer panel se enfocó en la apuesta de la industria por la descarbonización. Finalmente, la cuarta mesa giraba alrededor de “la visión de los partidos políticos de la industria electrointensiva”.
A esta última estaban inicialmente convocados cuatro diputados nacionales: María Montserrat García, del Grupo Socialista, portavoz adjunta de Energía de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Diego Gago, del Grupo Popular, portavoz de Cambio Climático de la citada Comisión; María Carmen Martínez, del Grupo Ciudadanos, portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; y Joan Capdevila, del Grupo Republicano, presidente y portavoz de la Comisión de Industria del Congreso.
Para desconcierto de los asistentes y del moderador, Rubén Esteller, subdirector del diario El Economista, no se presentaron ni Gago ni García. El primero alegó estar enfermo y la segunda dijo que se había equivocado de día. Esto provocó comentarios desfavorables entre los representantes industriales. Más si cabe cuando se puso que al acto habían sido invitados todos los portavoces de la Comisión de Industria, así como las dos ministras del ramo, Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Reyes Maroto (Industria). Las dos habían declinado la invitación por problemas de agenda.
Al tomar la palabra, Martínez, diputada por Cádiz, destacó que la transición energética no debe hacerse a costa de la industria. Capdevila, que representa a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) por la circunscripción de Barcelona, calificó de “caduco e ineficaz” el modelo de fijación de los precios de la energía en Europa y en el mundo.
Cuando la conversación derivó hacia el futuro de la Ley de Industria, Martínez dijo que una norma tan importante como esa “no se merece el procedimiento de urgencia”. “Tendría que haber un debate sosegado”, añadió. El procedimiento de urgencia al que se refería está recogido en el artículo 95 del Reglamento del Congreso de los Diputados y reduce a la mitad los procedimientos ordinarios, en este caso, la tramitación de un proyecto de ley.
Ambos ponentes manifestaron su pena por no haber tramitado a tiempo una Ley para la industria. En otras palabras, dieron por seguro que no se aprobará antes de que las Cortes Generales sean disueltas previsiblemente en otoño de 2023.
A propósito de la nueva Ley, Galo Gutiérrez, director general de Industria y de la Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) dijo en este mismo Foro que “ya se está trabajando” en el texto del anteproyecto, tras el proceso de consulta pública, “con la idea de enviarlo en primera vuelta al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible”. Este compromiso “es muy ajustado” pues implica su “promulgación dentro de 2023”,
Pese a sus grandes diferencias ideológicas, uno y otra coincidieron en señalar que “parece ser que [la Ley de Industria] la tramita el Ministerio para la Transición Ecológica”. Martínez ahondó en esta idea cuando habló de una aparente “lucha interna” interministerial entre las carteras ostentadas por Ribera y Maroto. Y Capdevilla coincidió con ella, al manifestar que el “Ministerio de Industria tiene mucho de escaparate. Es un escaparate muy bonito, lustroso”, que cuando se habla de soluciones, “se teletransporta al otro lado de la Castellana”, en alusión a la sede del Ministerio de Trabajo y de Transición Ecológica. “Esa supeditación complica el panorama”, sentenció. Y Martínez clavó el último clavo: “Falta voluntad y diálogo”.
“Tenemos que llegar a 2030 y llegar al 31 de cada mes”, puntualizó Capdevilla, tirando de ingenio. 2030 es una fecha clave para la transición energética española pues marca los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y aprobados por el Gobierno en coherencia con las demandas de Europa. Se trata de un plan estratégico para situar a España en la senda de la neutralidad energética en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático.
El presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados hizo un “balance positivo” del denominado Mecanismo de Excepción Ibérico, un instrumento de intervención en el mercado eléctrico con el fin de rebajar el precio del mercado mayorista y así abaratar la factura de la luz en hogares y empresas. “Si Europa no es capaz de proponer un mecanismo mejor, hay que mantener el actual: las medidas deberían tener continuidad en 2023”, adelantó el parlamentario catalán.
En el discurso de inauguración del Foro, el presidente de AEGE, José Antonio Jainaga, defendió la creación de medidas oportunas para proteger y potenciar la industria electrointensiva, “uno de los motores de la economía nacional y un pilar del Estado del Bienestar”. Como aspectos claves, citó, precisamente, la nueva Ley de Industria, pero también las medidas que fortalezcan el Estatuto de los consumidores electrointensivos y la potenciación del suministro de electricidad mediante el uso de contratos a medio y largo plazo a precios competitivos.
Para Jainaga es evidente que los países de nuestro entorno que tienen una industria más potente han resistido mejor los embates de la crisis. “Es el momento de hablar, sin ambages, de la necesidad de reindustrializar España y llevar su peso al 20% del PIB”, declaró. El presidente de AEGE se refirió a Alemania o al País Vasco como modelos a seguir. España necesita apoyar la industria ya instalada y además goza de unas excelentes infraestructuras para atraer nuevas inversiones, estimó. También se están haciendo esfuerzos para que los costes laborales sean competitivos de cara a estos objetivos. España dispone, además, de recursos renovables para generar una energía sostenible y con precios asequibles.
Las próximas reformas necesarias, enfatizó Jainaga, deben servir para impulsar y apoyar a la gran industria, “que también supone apoyar a centenares de industrias de pequeño tamaño y a miles de trabajadores autónomos” instalados alrededor de las grandes industrias que prestan sus servicios y constituyen el “tejido productivo más eficiente de España”.
Por boca de Jainaga, AEGE solicitó del Gobierno de España que diseñe y apruebe un plan industrial con actuaciones concretas que favorezcan el desarrollo industrial nacional, lo que implica que la gran industria tenga acceso a un “precio competitivo y predecible” de la energía “hoy y en el futuro”, donde el peso de la parte regulada sea similar a la de sus vecinos europeos.
“En este contexto, hemos organizado este foro. Para poder debatir aquí con numerosos expertos sobre la situación de crisis energética que afrontamos en este momento y analizar qué soluciones se pueden adoptar, pero también para mostrar los planes de sostenibilidad de la industria o las iniciativas que se están adoptando para avanzar hacia la descarbonización”, resumió el presidente de AEGE.
Jainaga presentó a continuación al ya citado Galo Gutiérrez, quien admitió que el propósito del Ministerio es “reforzar la industria”, y subrayó las dos líneas principales de actuación: la digitalización y la descarbonización, esta última reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera.
“En la pandemia hemos descubierto otro vector importante en las políticas industriales. Creo que es importante conseguir que no solo el diseño y la definición sino también la producción se haga en nuestro territorio”, declaró Gutiérrez. Es lo que ya se llama autonomía estratégica.
Según los datos ofrecidos por el director general del MINCOTUR, la industria española cuenta con más de 190.000 empresas, la enorme mayoría de las cuales son pymes, que dan empleo a unos dos millones de trabajadores con un elevado grado de cualificación. Dentro de la industria el sector manufacturero aportó 73,6% del valor añadido industrial, 136.251 millones de euros en 2021 y contribuyó al 11,3% del PIB.
“Los productos manufactureros son intensivos en energía y muchos de ellos dependen de la energía de origen fósil por lo que es necesario que el Gobierno acompañe a estas empresas industriales en su transición a los procesos de descarbonización”, subrayó.
El alto cargo enumeró las medidas que desarrolla el MINCOTUR como, por ejemplo, las ayudas para la compensación por costes indirectos por CO2. En la convocatoria de 2022 disponen de un presupuesto de 244 millones de euros, para el que se han estudiado 212 solicitudes correspondientes a 173 empresas. Se atenderá al 94% de todas las solicitudes presentadas.
Otra línea de actuación es la compensación de cargos por la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables, cogeneración de alta eficiencia, al amparo del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. En este caso, añadió Galo Gutiérrez, se evaluaron 366 solicitudes con una ayuda máxima de 42 millones de euros.
El tercero elemento puesto en marcha de apoyo a la industria electrointensiva es la creación del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), que gestiona CESCE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. El FERGEI aporta garantías en los contratos a largo plazo entre las empresas y las suministradoras energéticas. La propia crisis energética y la volatilidad de los precios están condicionando la puesta en marcha de este mecanismo, admitió Galo Gutiérrez.
La industria manufacturera, en 2019, es decir, antes de la pandemia, fue responsable del 24% del consumo energético final, del 22% del consumo final de combustibles fósiles y del 21% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. “Estos datos -puntualizó el representante del MINCOTUR- nos obliga a tomar medidas de cara al objetivo de neutralidad climática para el año 2050. Para acometer estos desafíos las empresas deben acometer importantes inversiones con un elevado coste tecnológico y económico”.
De ahí, prosiguió, los propósitos del PERTE de la descarbonización de la industria manufacturera que son la reducción de las emisiones en los procesos productivos, la mejora energética, la mejora de la competitividad del sector manufacturero, promover la seguridad energética en España, reduciendo el consumo de gas natural, fomentar el uso de energías renovables y la protección del medioambiente, avanzar en la economía circular y generar empleo de alto valor añadido. Este PERTE, informó Galo, tendrá un presupuesto de 1.200 millones de euros en el capítulo de subvenciones y otros 1.700 millones de euros en el de préstamos. Su calendario previsto se extenderá, en principio, desde 2023 a 2026. La ministra Maroto presentó en febrero este Plan que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, aunque probablemente lo sea antes de que acabe 2022. Eso también lo prometió Maroto.
Según Galo Gutiérrez, las medidas transformadoras del PERTE de la descarbonización de la industria se asienta, al menos, en tres líneas de actuación:
- Ayudas a la actuación integral para la descarbonización de la producción manufacturera.
- Ayudas autorizadas por la Comisión Europea para empresas participantes en proyectos industriales de interés estratégico sobre la cadena de valor del hidrógeno renovable.
- Ayudas a los contratos por diferencia de carbono.
En cuanto a la primera línea, se trata de proyectos tractores integrados por proyectos primarios de empresas que tengan como objetivo la descarbonización. Los instrumentos disponibles serán prestamos y subvenciones a gestionar en el marco del Reglamento Especial de Exención por Categorías, una normativa europea. Este marco se refiere a proyectos de I+D+i y de sostenibilidad y medioambiente. Estará dirigido a empresas de actividad industrial dentro de la clasificación CNAE 2009 (de la división 10 a la 32). Se podrá actuar de forma individual o en agrupación siempre que haya en ella una pyme. Las líneas generales de actuación del PERTE incluirán descarbonización de fuentes de energía, gestión energética integral de los procesos industriales, descarbonización por reducción de recursos naturales, la captura, almacenamiento y uso de carbono, I+D+i que permita impulsar la descarbonización de las instalaciones. Estos proyectos tractores deberán acompañarse de dos planes transversales: uno de eficiencia energética y transición ecológica, y otro de formación y capacitación.
AEGE, en colaboración con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y el bufete de abogados Bird&Bird, ha diseñado subastas privadas de energía renovable (eólica y solar fotovoltaica) para los consumidores electrointensivos que cubrirán parte de su suministro eléctrico en los doce años de vigencia del producto. La industria apuesta así por un suministro eléctrico sostenible a la vez que se fomentan los contratos de compraventa de energía (PPAs) con los generadores renovables asignados en las subastas.
Moderada por Blanca Losada, presidenta de Fortia Energía, la primera mesa del Foro Energía AEGE 2022 estuvo dedicada precisamente a cómo se articularán estas subastas y contó con Pedro Basagoiti, director de Tecnología, Innovación y Nuevos Desarrollos de OMIE, y con Hermenegildo Altozano, socio de Bird&Bird.
Losada enfatizó que la industria fabril tiene que jugar un papel protagonista en la transición energética, siendo capaz de desarrollar, diseñar, fabricar de manera industrializada, comercializar todos los elementos, los bienes de equipo y los activos claves para ese proceso.
Basagoiti señaló que estas subastas son innovadoras porque son de dos lados, y no de uno solo como solían ser habitual. Compradores y vendedores pondrán poner precio. Los compradores tendrán que ser entidades titulares de un certificado de consumidor electrointensivo al amparo del Real Decreto 1106 de 2020. Las subastas, dijo, aportan estabilidad en un mercado muy volátil pues “permiten al conjunto de compradores electrointensivos adquirir y a los promotores de instalaciones renovables vender de una manera sencilla y organizada una cantidad relevante de energía renovable a precio razonable y asegurar su entrega durante los próximos 12 años”. La primera subasta de estas características se celebrará a finales del primer trimestre de 2023, según confirmó el propio Basagoiti.
Entre los detalles de estas subastas privadas, Basagoiti destacó que no se exigirá que un proyecto venda el 100% de su generación a la subasta, y no habrá precio de reserva: los vendedores recibirán el precio de su oferta y todos los compradores comprarán la energía al mismo precio, que se calculará haciendo el precio medio de las ofertas. Podrán participar proyectos nuevos y ya existentes pero que no estén sometidos al régimen retributivo. “Esperamos que haya interés y visibilidad por parte de ambos colectivos”, confió Basagoiti.
Destacando la novedad de la iniciativa, Altozano remarcó que esta “responde a la voluntad de los consumidores electrointensivos de contar con un marco contractual estable en cumplimiento con la regulación vigente, que asegure el suministro a largo plazo de energía de origen renovable y ofrezca a los productores de energías renovables las garantías necesarias para asegurar la estabilidad y previsibilidad de los flujos de ingresos”.
La segunda mesa, moderada por Teresa Rasero, presidenta de Air Liquide Iberia, presidenta de FEIQUE y ex presidenta de AEGE, debatió sobre el fuerte impacto de la crisis energética en la industria, teniendo en cuenta que el precio eléctrico llega a suponer hasta el 60% de los costes de producción.
Luis Atienza, experto en energía, ex ministro de Agricultura y ex presidente de Red Eléctrica Española (REE); José Casas, director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa; y Juan Temboury, director general de Fortia Energía debatieron sobre la búsqueda de medidas que sofoquen el origen del problema.
Atienza subrayó la importancia de “asegurar transitoriamente la competitividad de la industria electrointensiva hasta que se consolide la ventaja prevista en los costes energéticos que se deriva de nuestra posición favorable en recursos solar y eólico”.
El ex ministro de la etapa de Felipe González consideró que el modelo del mercado eléctrico se ha basado en tres pilares: firmeza, producción y flexibilidad. “Empeñarse en que, en las circunstancias actuales, un solo precio supla las tres características es un disparate”, estimó, y propuso tres retribuciones diferenciadas: una retribución a la firmeza, otra a la producción de energía y una última a la flexibilidad. “Eso es un cambio estructural” que lleva a que la nueva generación de energía renovable requiere un nivel de relación contractual de largo plazo, porque es una generación de muy bajo coste variable.
Por su parte, José Casas, de Endesa, explicó que “la reforma del mercado mayorista que se debate en Europa debe avanzar hacia un diseño que permita que los consumidores se beneficien de precios competitivos”. Para Casas, el mercado español tiene un problema estructural y es que solo el 50% de la energía tiene incentivos para vender a plazo. Juan Temboury, de Fortia Energía, declaró que “en el contexto actual, las medidas adoptadas deben ampliarse para garantizar la competitividad de la industria si queremos equipararnos con lo que se hace en otros países europeos”.
Moderada por la periodista Laura Ojea, redactora de Invertia/El Español, la tercera mesa se dedicó a la apuesta de la industria por la descarbonización. Participaron Pedro Linares, investigador y catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas; Carlos Navalpotro, presidente de Asturiana de Zinc; Andrés Barceló, director general de UNESID, la patronal de la industria siderúrgica; y Juan Antonio Aranzábal, director general de Graftech.
El profesor Linares afirmó que “si queremos descarbonización sin deslocalización tenemos que hacer política industrial inteligente” y vio “urgente” el despliegue de inversiones en este sentido. En concreto, habló de una batería de medidas como son los incentivos correctos a las industrias para que vayan por el camino correcto, es decir, políticas de creación de mercado. Otro instrumento muy interesante sobre para los electointensivos son los contratos por diferencia de carbono, que permiten asegurar un precio fijo de los permisos de emisiones que luego se podrán vender cuando se reduzcan las emisiones. Ese contrato por diferencia de carbono se podrá llevar a un banco o un promotor de renovables y puede ayudar a conseguir financiación más barata.
Para Barceló, “la industria española, en particular la siderurgia, está firmemente comprometida con el proceso de descarbonización, pero necesita, además de cuantiosas inversiones materiales y reformas organizativas, poder disponer de los insumos y las tecnologías necesarios, a un coste económicamente sostenible”. Barceló pidió “pragmatismo” ante un proceso que considera de revolución industrial, “al menos en la siderurgia”, impulsado por los poderes públicos.
El director general de UNESID comentó que no pasaría nada si se trasladara de 2030 a 2032 el plazo fijado para reducir las emisiones de efecto invernadero, porque “lo importante es la mejora continua”.
Navalpotro, de la empresa Asturiana de Zinc, que cuenta con una de las mayores plantas de zinc electrolítico del mundo y una de las de menor coste operativo, subrayó que “a pesar de las inversiones en mejoras de eficiencia energética y contrataciones de PPAs firmados antes de la crisis energética, tenemos una gran exposición a los precios de mercado, por lo que nuestra continuidad está en peligro si no se toman medidas por parte del Gobierno para que se reduzca el costo energético de la industria.”
Aranzábal, de Graftech, centró su intervención en el papel de “los fabricantes de electrodos de grafito, como una parte esencial en la descarbonización del proceso de fabricación de acero”.
