Las dos asociaciones han cerrado un mapa por comunidades autónomas en la que proponen los puntos de recarga de acceso público mínimos que hay que instalar, en cada provincia y corredor (autovía o autopista), para adecuarlos al crecimiento deseado del mercado.
Ambas entidades relacionadas con el mundo del automóvil han pedido la creación de un órgano de gobernanza, auspiciado desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que impulse, monitorice y coordine todo el despliegue de puntos. Esta nueva Mesa de Gobernanza debería estar ya montada antes de que acabe este año, estiman ANFAC y Faconauto.
La propuesta contempla alcanzar unos objetivos de desarrollo de 70.000 puntos en 2023 (frente a los 80.000/100.000 previstos por el Gobierno) y de 110.000 en 2025, antes de llegar a los 340.000 en 2030.
También estima que en 2023 habrá 200 puntos de recarga de más de 250 kW en los principales corredores del país (autovías y autopistas). En 2025 vaticina 692 puntos y en 2030, 3.121 puntos en toda España.
El plan es muy ambicioso pues en 2020 había 11.157 puntos de recarga de acceso público en España y el salto previsto hasta 2030 implicará multiplicar por 30 ese número en una década.
Por comunidades autónomas, las proyecciones son los siguientes:
2023 2025 2030
Andalucía 8.930 14.659 47.558
Aragón 1.681 2.701 8.480
Asturias 1.272 2.041 6.352
Baleares 1.736 2.755 8.508
Canarias 2.876 4.652 14.870
Cantabria 762 1.236 3.911
Castilla-La Mancha 2.681 4.403 14.338
Castilla y León 2.831 4.585 14.691
Cataluña 11.342 17.789 53.060
Ceuta/Melilla 83/80 134/130 424/430
Comunidad Valenciana 6.124 9.878 31.289
Extremadura 1.119 1.839 6.133
Galicia 3.155 5.114 16.426
La Rioja 394 633 1.994
Madrid 18.256 28.410 82.704
Murcia 1.711 2.812 9.340
Navarra 897 1.438 4.503
País Vasco 3.067 4.881 14.987
Madrid, Cataluña, Andalucia, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco ocuparían los primeros puestos.
La propuesta también recoge una regulación básica y unos objetivos vinculantes y ofrece una batería de medidas: 3 de carácter institucional, 6 para la eliminación de barreras regulatorias y la adaptación del marco jurídico actual, 4 de impulso social y 4 de liberalización y protección de los consumidores.
