La Comisión Europea ha acusado formalmente a fabricantes de químicos para la construcción y asociaciones profesionales de este sector en España, Francia y Alemania de asociarse de forma ilícita con el objetivo de provocar subidas de precios de componentes utilizados en la producción de cemento, hormigón y mortero.
En el caso de España, Bruselas acusa en el pliego de cargos a Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos de Hormigón y Mortero (Anfah). Mientras que el expediente en Francia apunta a Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM y la asociación profesional Synad. Y en el caso de Alemania las químicas señaladas son Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika y la asociación profesional Deutsche Bauchemie.
Las empresas investigadas en España por pactar precios de químicos para la construcción
Las compañías bajo la lupa de la Comisión Europea que operan en nuestro país son originarias de varios Estados europeos. Chryso es francesa y actualmente forma parte del grupo también galo Saint-Gobain; Mapei es italiana y tiene su sede en Milán, siendo propiedad de la familia Squinzi, dueña del conocido equipo de fútbol Sassuolo.
Por su parte, Master Builders Solutions tiene su origen histórico en Ohio (Cleveland, Estados Unidos) pero su matriz corporativa principal y sede global se estableció posteriormente en Mannheim (Alemania), siendo propiedad de la firma internacional de capital privado Cinven (Reino Unido), también dueña de TK Elevator (antes ThyssenKrupp Elevator), Synlab (una de lasredes de laboratorios y servicios de diagnóstico médico más grandes de Europa), Vitamin Well (popular marca sueca de bebidas funcionales y de hidratación deportiva), Alter Domus (uno de los gigantes globales en servicios de administración de fondos y servicios corporativos) y Amara NZero (proveedor de componentes para instalaciones de energía solar —paneles e inversores—, equipos para eólica, puntos de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento en baterías).
MC Bauchemie es también germana, propiedad de la familia Müller, que aglutina en este holding otros negocios como Botament (sistemas de impermeabilización, colocación de azulejos y productos químicos para la construcción), Ultrament —soluciones rápidas de reparación del hogar para el sector del bricolaje (DIY) y grandes superficies de construcción—y Plitonit (marca de adhesivos y morteros); mientras que Sika es una multinacional independiente que cotiza en la Bolsa de Suiza y tiene su cuartel general en la localidad de Baar, en las cercanías de Zúrich.
La patronal está formada por las cinco empresas investigadas por el cartel de precios
La Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos de Hormigón y Mortero está integrada de forma exclusiva por las mismas cinco multinacionales investigadas por Bruselas en el caso de nuestro país: Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie y Sika.
La patronal, también señalada por la Comisión Europea, está bajo la sospecha de haber servido directamente como pantalla institucional para el presunto cartel.
A excepción de la secretaría, la estructura de gobierno de Anfah está ocupada por directivos de tres de sus compañías miembro e investigadas por la Comisión Europea: la presidencia recae en el director general de MC-Bauchemie España, Carlos Safranez; la vicepresidencia está ocupada por Andreas Fleischhauer, general manager de Mapei España; la presidencia del comité de promoción la ostenta el director comercial de la división de aditivos de Mapei España, Carlos Bernús; y el comité técnico de la asociación está presidido por el head technology engineering mortars de Sika, Ramiro García Navarro.
Las sospechas sobre el cartel de precios de químicos para la construcción
Bruselas cree que en 2021 y 2022 estos fabricantes coordinaron futuros aumentos de precios de los aditivos y mezclas químicas para compensar la subida de los costes de las materias primas como consecuencia de la pandemia y, posteriormente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
La coordinación por parte de estos fabricantes se llevaba a cabo mediante la preparación de comunicados de prensa de las asociaciones profesionales nacionales de los tres países citados para justificar los incrementos de precios.
Las compañías señaladas por el presunto cartel tienen ahora un plazo sin fecha cerrada para responder a las acusaciones y presentar sus alegaciones. Después el Ejecutivo comunitario examinará sus argumentos y respuestas antes de tomar una decisión definitiva sobre la investigación. Si Bruselas confirmase como probadas las sospechas notificadas ahora, podrá imponer cambios a las empresas, pero también imponerles una multa de hasta el 10% del volumen de negocios mundial anual.
Consecuencias del cartel de precios sobre la industria
Con esta intervención, la Comisión Europea busca frenar un impacto directo en el bolsillo del ciudadano y en las arcas públicas. Dado que el cemento, el hormigón y el mortero son los componentes esenciales de cualquier obra, un encarecimiento artificial de sus aditivos dispara en cadena los costes de la construcción, desde la compra de viviendas hasta la ejecución de infraestructuras clave como carreteras y trenes; unas consecuencias económicas globales que la Comisión Europea intenta evitar cortando de raíz estas prácticas anticompetitivas.
Prácticas como las investigadas ahora por el Ejecutivo comunitario también alteran por completo la cadena de suministro industrial. Al elevar artificialmente el coste de insumos críticos para el cemento y el hormigón, el supuesto cartel no solo ejerce una competencia desleal que asfixia a los fabricantes químicos más pequeños, sino que genera un efecto dominó que merma la competitividad de las plantas de producción y encarece la construcción de naves, fábricas e infraestructuras logísticas, un golpe directo al tejido productivo que Bruselas intenta cortar de raíz.
