La alerta industrial lleva a las industrias electrointensivas españolas a dirigirse al Comisario Thierry Breton (Mercado interior) y a la comisaria Kadri Simson (Energía) y piden reformar el mercado marginalista eléctrico mientras dure la crisis energética, desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico en el mercado.
Con la guerra de Ucrania, la situación de convierte en una emergencia industrial sin precedentes. Las asociaciones destacan en sus cartas que “es imposible mantener la actividad con estos precios eléctricos” y que, de no mejorar la situación en los próximos días, muchas empresas se verán obligadas a poner en marcha expedientes de regulación temporal de empleo y posibles deslocalizaciones de producción.
En España, más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. Las empresas españolas necesitan con urgencia la acción de las instituciones europeas y del Gobierno español, puesto que consideran imprescindible para salvaguardar la industria básica, la economía española y el empleo de cientos de miles de trabajadores afectados.
Las asociaciones firmantes apoyan la posición del Gobierno español y piden medidas efectivas que puedan entrar en vigor el 1 de abril.
Según Teresa Ribera, vicepresidenta tercera ministra para la Transición ecológica y el Reto Demográfico, en una entrevista en Onda Cero, los gobiernos de España y Portugal presentarán una propuesta conjunta para limitar el precio del megavatio hora en el mercado mayorista a 180 euros por MWh.
Además, esperan que antes de finales de marzo Europa tome una decisión. Sin embargo, desde el Gobierno explican que en caso de que la Comisión Europea no acceda a regular los precios de la energía, se “obligará a tomar decisiones para proteger el interés nacional” pues “la sociedad española no puede esperar”.
