REPORTAJE

¿Qué piden los distintos sectores industriales al próximo Gobierno?

La industria española quiere estar en el centro de la agenda del próximo Gobierno. La competitividad, los costes energéticos, la inversión, la estabilidad regulatoria, la innovación y el acceso al talento se repiten entre las principales reivindicaciones de asociaciones y organizaciones empresariales de sectores tan diversos como la siderurgia, la automoción, la industria química, la alimentación, el metal, el papel, los plásticos o el combustible. También sectores estratégicos como el agua y la industria farmacéutica reclaman compromisos políticos y económicos para garantizar su desarrollo.

Las organizaciones coinciden en que España necesita una política industrial a largo plazo, capaz de trascender los ciclos electorales y ofrecer seguridad a las empresas para mantener su actividad, modernizar sus instalaciones y atraer nuevas inversiones. Sin embargo, cada actividad tiene sus propias prioridades: mientras las industrias electrointensivas reclaman una energía más barata, los fabricantes de componentes piden proteger la producción europea frente a las importaciones, el sector del agua alerta de un déficit inversor de miles de millones de euros y la industria farmacéutica reclama más recursos para la sanidad y un acceso más rápido a los medicamentos innovadores.

Estas son las principales demandas que los distintos sectores trasladan a las formaciones políticas de cara a la próxima legislatura.

El acero reclama energía competitiva y protección frente a la competencia internacional

La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha elaborado un documento con diez prioridades para trasladar a los partidos políticos. Su objetivo es situar la competitividad de la industria siderúrgica en el centro de las políticas económicas, energéticas y climáticas. Las empresas asociadas generan alrededor de 60.000 empleos directos e indirectos y facturan cerca de 15.000 millones de euros.

Una de sus principales reivindicaciones es garantizar un coste energético competitivo. La siderurgia española consume aproximadamente 10 TWh de electricidad y otros 10 TWh de gas al año, por lo que los precios energéticos representan uno de los principales obstáculos para competir con otros países europeos. UNESID reclama medidas estructurales que permitan situar el coste eléctrico final en torno a los 40 euros por MWh, mediante la reducción de peajes y cargos, la revisión de los servicios de ajuste y una compensación adecuada de los costes indirectos del CO₂.

La organización también reclama que el acero sea reconocido como un material estratégico para la autonomía industrial europea. Considera imprescindible reforzar la defensa comercial frente a la sobrecapacidad mundial, que supera los 640 millones de toneladas, y combatir las importaciones que compiten en condiciones desiguales. Para ello, pide aplicar eficazmente el nuevo Reglamento del Acero, ampliar su alcance en 2027 a productos fabricados mayoritariamente con este material y reforzar los controles aduaneros.

Otra de sus propuestas es introducir una preferencia europea efectiva en la contratación pública y en las inversiones financiadas con fondos públicos, con un objetivo de al menos el 50% de acero de origen europeo. También reclama acelerar las inversiones en descarbonización, facilitar el acceso a las redes eléctricas, garantizar el suministro de chatarra y otras materias primas estratégicas y reforzar la formación y el empleo industrial.

La organización insiste, además, en la necesidad de una estrategia industrial de legislatura con presupuesto, calendario de ejecución, responsabilidades definidas y evaluación periódica de resultados. Su planteamiento es que la transición climática debe avanzar sin provocar una pérdida de capacidad productiva en Europa.

Automoción: más contenido europeo, inversión e innovación

La industria de automoción reclama una política industrial de país que permita mantener en España no solo el ensamblaje de vehículos, sino también la tecnología, los componentes y el valor añadido que genera toda la cadena de producción.

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) ha trasladado a las fuerzas políticas diez prioridades desarrolladas en 34 medidas estratégicas. Entre sus principales exigencias figura la ejecución urgente del Plan España Auto 2030, con un calendario concreto, financiación plurianual y continuidad política. La asociación insiste en que las medidas deben alcanzar expresamente a toda la cadena de proveedores.

También defiende que el futuro Industrial Accelerator Act establezca un mínimo del 75% de contenido europeo, calculado sobre el valor real de los componentes y excluyendo la batería. El objetivo es evitar que el ensamblaje final de los vehículos se confunda con la generación de valor industrial y garantizar que una parte sustancial de la tecnología y los componentes se produzca en Europa.

Industria de automoción

La innovación constituye otro de los grandes ejes de sus reivindicaciones. Sernauto propone un Pacto de Estado por la Innovación que garantice estabilidad presupuestaria y coordinación de los instrumentos de apoyo a la I+D+i. Además, plantea elevar progresivamente las deducciones fiscales por innovación en procesos productivos desde el 12% hasta un porcentaje próximo al 25%.

La asociación también pide reducir los costes industriales y las cargas administrativas, reforzar el talento, abordar el absentismo, mejorar los instrumentos de internacionalización y renovar el parque de vehículos con neutralidad tecnológica.

Javier Pujol, presidente de Sernauto, resume el planteamiento de los proveedores: «No se trata únicamente de mantener nuestra posición como fabricante de vehículos, sino de reforzar nuestra capacidad para desarrollar tecnología, producir componentes de alto valor añadido y atraer las inversiones industriales del futuro. Competitividad, inversión e innovación deben ser prioridades de país».

El agua pide 4.485 millones anuales de inversión

El sector del agua reclama que este recurso ocupe un lugar prioritario en la agenda política. La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) y la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) han trasladado a los partidos un decálogo de propuestas para garantizar la sostenibilidad de los servicios, modernizar las infraestructuras y reforzar la seguridad hídrica.

La principal advertencia es económica: el déficit de inversión del sector del agua urbana alcanza los 4.485 millones de euros anuales. Las organizaciones consideran imprescindible encontrar nuevas vías estructurales de financiación para renovar y construir infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, reutilización y desalación.

También reclaman revisar el sistema tarifario. La tarifa del agua en España se sitúa un 53% por debajo de la media europea y representa el 0,8% de los gastos familiares. Según las asociaciones, es necesario desvincularla de la confrontación política y establecer una estructura que permita cubrir no solo los costes de operación, sino también las inversiones necesarias para mantener y renovar las instalaciones.

Otra de sus prioridades es reforzar la colaboración público-privada y agilizar los procedimientos de contratación pública, dando más importancia a la calidad, la sostenibilidad y la innovación frente al criterio exclusivo del precio.

En el ámbito regulatorio, Daquas y AEDyR piden armonizar las normas nacionales y europeas, establecer plazos realistas para cumplir las nuevas exigencias y acompañarlas de financiación suficiente. También reclaman una interlocución estable con la Administración General del Estado para coordinar las necesidades de un sector cuyas competencias están repartidas entre distintas administraciones.

La adaptación al cambio climático ocupa igualmente un lugar central. Las asociaciones defienden impulsar la desalación y la reutilización como recursos complementarios para garantizar el suministro, especialmente ante las sequías recurrentes y la creciente escasez de agua. España cuenta con experiencia y capacidad tecnológica en ambas actividades, pero consideran necesario incorporarlas de forma estructural a la planificación hidrológica y facilitar la autorización y financiación de nuevos proyectos.

El objetivo final es alcanzar un pacto social y político que garantice la sostenibilidad económica, medioambiental y social de los servicios del agua.

El metal reclama talento para cubrir 350.000 puestos de trabajo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) pide al próximo Gobierno una agenda de país que impulse la competitividad, la inversión productiva y el crecimiento empresarial. El sector agrupa a cerca de 220.000 empresas y emplea a más de dos millones de trabajadores, por lo que la organización considera que su fortalecimiento es esencial para la economía española.

Uno de sus principales problemas es el relevo generacional. Las empresas del metal necesitarán incorporar alrededor de 350.000 trabajadores en los próximos años, mientras que cerca de 240.000 profesionales de la industria alcanzarán la edad de jubilación a corto plazo.

Ante esta situación, Confemetal propone una Estrategia Nacional de Talento Industrial y Tecnológico que refuerce la Formación Profesional Dual, facilite la participación de las pymes en los programas formativos y atraiga a los jóvenes hacia las profesiones técnicas. También considera fundamental garantizar la transmisión del conocimiento entre generaciones.

Industria del metal

La energía es otra de sus prioridades. Reclama un suministro suficiente, seguro y a precios asequibles y predecibles, además de un gran plan de infraestructuras energéticas que acelere las redes de transporte y distribución y facilite el acceso a potencia para nuevos proyectos industriales.

La organización también pide simplificar la normativa y los procedimientos administrativos, eliminar duplicidades entre administraciones y evaluar el impacto económico de las nuevas obligaciones. Defiende aplicar el principio «one in, two out», de forma que cada nueva obligación administrativa vaya acompañada de la eliminación o simplificación de otras cargas equivalentes.

En materia laboral, propone un pacto de Estado para mejorar la gestión de la incapacidad temporal y coordinar los servicios sanitarios, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y las mutuas. También reclama estabilidad regulatoria, respeto al diálogo social y atención al impacto de los costes laborales no salariales sobre la competitividad.

Entre sus propuestas figura, además, reconocer el peso de la denominada servindustria, que agrupa actividades de instalación, mantenimiento, reparación y servicios industriales. Este ámbito reúne más de 84.000 empresas y supera los 670.000 trabajadores, pero, según Confemetal, todavía tiene una visibilidad insuficiente en las estadísticas y en las políticas públicas.

«España dispone del talento, las empresas y la capacidad industrial necesarias para afrontar los grandes desafíos de las próximas décadas. Ahora necesitamos certidumbre y contexto normativo que impulse la inversión productiva, la demanda y refuerce nuestra autonomía estratégica en un entorno cada vez más competitivo», defiende la organización.

Alimentación y bebidas: reconocimiento como sector esencial y menos presión fiscal

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reclama que el próximo Gobierno concrete el reconocimiento del carácter esencial de esta industria y la tenga en cuenta en el diseño de las políticas nacionales y europeas.

La federación recuerda que se trata del primer sector industrial español y que su actividad tiene una importante repercusión sobre el empleo, la cohesión territorial, las zonas rurales, la gastronomía y el turismo.

Entre sus prioridades figuran garantizar la unidad de mercado, simplificar los trámites administrativos, reforzar la seguridad jurídica y asegurar una energía competitiva. También reclama incentivos fiscales para la inversión productiva, la modernización de instalaciones, la digitalización, la innovación y la eficiencia energética.

Uno de los asuntos que más preocupa al sector es la fiscalidad de los envases. FIAB pide evitar o suspender aquellas figuras tributarias nacionales que puedan generar desventajas competitivas frente a otros países de la Unión Europea, como el impuesto al plástico. En materia de sostenibilidad, solicita que la futura Ley de Consumo Sostenible no vaya más allá del marco europeo y que el nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases se ajuste al Reglamento europeo, evitando obligaciones adicionales que fragmenten el mercado.

La federación también apuesta por promover el etiquetado digital, reforzar la educación nutricional y desarrollar políticas que garanticen información científica y contrastada sobre alimentación, nutrición y salud.

La internacionalización constituye otro de sus grandes objetivos. FIAB pide más apoyo a las empresas exportadoras, especialmente a las pymes, y mecanismos de respuesta previamente definidos ante posibles aranceles, barreras sanitarias o restricciones comerciales injustificadas. También defiende avanzar en acuerdos comerciales con mercados como Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Malasia, además de impulsar la ratificación de acuerdos con Australia, México, Filipinas, Indonesia e India.

En el ámbito laboral, reclama evaluar el impacto de las nuevas medidas salariales y laborales sobre el empleo, la productividad y la competitividad, así como impulsar formación específica para perfiles industriales, técnicos y digitales.

Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, resume las condiciones que considera imprescindibles: «Desde la colaboración público-privada, creemos que la unidad de mercado, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la proporcionalidad regulatoria y la competitividad energética deben estar garantizadas».

La industria farmacéutica pide elevar un punto del PIB la inversión sanitaria

La industria farmacéutica sitúa la salud, la innovación biomédica y la autonomía estratégica entre las prioridades que debe asumir el próximo Gobierno. Farmaindustria ha presentado tres grandes propuestas a las formaciones políticas para reforzar el sistema sanitario, mejorar el acceso a los medicamentos innovadores y consolidar el liderazgo científico e industrial de España.

La primera petición es aumentar progresivamente un punto del PIB la inversión pública en Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas. El objetivo es fortalecer y modernizar el sistema, mejorar su capacidad asistencial y reforzar la prevención mediante cribados, diagnóstico temprano e inmunización.

Industria farmacéutica

La segunda gran reivindicación es acelerar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores y evitar las diferencias territoriales. Farmaindustria pide cumplir los plazos europeos de financiación de nuevos medicamentos, fijados en 180 días, con una vía rápida de 90 días para las innovaciones prioritarias.

La tercera propuesta consiste en convertir la investigación biomédica y la autonomía estratégica en políticas de Estado. Para ello, reclama reforzar el liderazgo español en ensayos clínicos, ampliar el uso de la tecnología y la participación de la atención primaria, crear reservas estratégicas de medicamentos críticos y aprovechar los datos sanitarios para investigar nuevos tratamientos.

La organización considera que un marco competitivo, predecible y con estabilidad regulatoria permitiría atraer 21.500 millones de euros de inversión entre 2027 y 2030, alcanzar 30.000 millones en exportaciones y llegar a 81.000 empleos directos en el sector en 2030, con 4.600 nuevas contrataciones anuales.

Juan Yermo, director general de Farmaindustria, defiende que «la salud debe ser una prioridad de país, más allá de los ciclos electorales». La organización considera que reforzar la inversión sanitaria no solo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impulsaría la productividad, el empleo cualificado y la capacidad industrial española.

La industria de medicamentos genéricos pide proteger la capacidad productiva en España

Desde la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), su secretaria general, Elena Casaus Lara, reclama un cambio de enfoque en la política farmacéutica, con una estrategia que tenga en cuenta tanto la dimensión sanitaria como la industrial. La asociación pide impulsar la inversión tecnológica y proteger las capacidades productivas nacionales para evitar que medicamentos esenciales dejen de fabricarse en España por falta de rentabilidad.

“Pedimos al futuro Gobierno un cambio de enfoque: una política sanitario-industrial preventiva que impulse la inversión tecnológica y proteja las capacidades productivas de medicamentos genéricos en España. No podemos esperar a que un medicamento esencial esté al borde de desaparecer para intentar rescatarlo, como ocurrió con la amoxicilina, un antibiótico que todos conocemos, ni seguir aceptando bajadas que llevan medicamentos esenciales a precios difícilmente sostenibles, como la furosemida, cuyo precio de venta del laboratorio (PVL) es de apenas 0,36 euros por un envase de 30 comprimidos.

España necesita anticiparse: garantizar precios sostenibles, mantener varios proveedores y crear las condiciones para que las compañías puedan invertir y seguir fabricando. La seguridad de suministro empieza mucho antes de que aparezca un desabastecimiento”, señala Elena Casaus Lara, secretaria general de AESEG.

La industria química pide reducir la fiscalidad energética

La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) reclama que la industria vuelva a ocupar un lugar central en la estrategia económica del país. Su principal reivindicación es reducir los costes energéticos y, especialmente, la fiscalidad que soportan las empresas electrointensivas.

La organización propone aplicar a toda la industria electrointensiva una reducción del impuesto especial sobre la electricidad, de manera que el tipo efectivo se sitúe en el 0,5%, en línea con el objetivo planteado por la Comisión Europea. Actualmente, el impuesto es del 5,11% en España, aunque algunos consumidores industriales ya disfrutan de reducciones.

Feique reconoce que la medida tendría implicaciones recaudatorias, dado que este impuesto genera alrededor de 1.200 millones de euros que se transfieren a las comunidades autónomas. Sin embargo, considera que reducir la carga fiscal permitiría mantener actividad, favorecer nuevas inversiones y generar más ingresos económicos a medio y largo plazo.

La descarbonización es otro de los grandes desafíos. La transformación de los procesos productivos requerirá más electricidad y el desarrollo de alternativas como el biometano, el hidrógeno y la biomasa. Para ello, la patronal reclama infraestructuras suficientes y fuentes energéticas a precios que permitan mantener la competitividad.

También propone incorporar mecanismos de compensación por diferencia de carbono para hacer viables las inversiones en tecnologías de descarbonización, siguiendo el ejemplo de países como Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca.

Por último, Feique pide retomar la Ley de Industria y desarrollar una estrategia industrial a largo plazo que aporte coherencia al conjunto de las políticas públicas.

Juan Antonio Labat, director general de Feique, sintetiza la petición de la patronal: «Lo que pedimos al próximo Gobierno es que ponga menos costes a la industria para que pueda ser más competitiva», comentó durante la Asamblea General de la Federación.

El papel reclama energía barata, materias primas y una gestión forestal sostenible

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) reclama un entorno favorable a la inversión industrial que permita a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas e internacionales.

La energía es su principal preocupación. La organización pide aprobar un Estatuto del Consumidor Electrointensivo y consolidar medidas como la exención del 80% de los peajes de acceso. También plantea crear un Estatuto del Consumidor Calorintensivo para apoyar a los grandes consumidores de gas y biomasa.

En materia de cogeneración, propone ampliar las subastas hasta los 2.400 MW, convocar subastas específicas de biomasa y establecer un régimen transitorio hasta 2031 para las instalaciones de alta eficiencia. Además, reclama mejorar la calidad del suministro eléctrico y facilitar el acceso y la conexión a las redes.

El sector también quiere avanzar en la gestión forestal sostenible para garantizar el suministro de materias primas y dinamizar la economía rural. Propone simplificar y digitalizar los trámites forestales, mejorar la gestión de la propiedad privada y fomentar el aprovechamiento de biomasa procedente de restos forestales.

La economía circular constituye otro de sus ejes. Aspapel pide reforzar la recogida selectiva, mejorar la calidad del papel recuperado y armonizar la normativa española con la europea para evitar cargas administrativas innecesarias en la gestión y el traslado de residuos destinados al reciclaje.

En el ámbito medioambiental, reclama que las autorizaciones ambientales integradas se resuelvan en un máximo de seis meses, frente a los aproximadamente 24 meses que tardan actualmente de media. También pide agilizar las autorizaciones para utilizar agua regenerada y captar aguas subterráneas.

La innovación y el empleo completan sus prioridades. La asociación solicita ayudas a la I+D+i más ágiles y previsibles, elevar las deducciones fiscales por investigación e innovación del 12% al 25% y promover la incorporación de jóvenes y mujeres a las fábricas.

Manuel Domínguez, director general de Aspapel, advierte de que las empresas tienen voluntad y capacidad para seguir invirtiendo y generando empleo, pero necesitan condiciones adecuadas: «La industria no solo necesita oportunidades para crecer: necesita que España sea un país en el que merezca la pena invertir y producir».

Los transformadores de plástico piden revisar el impuesto a los envases

La Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip) sitúa la recuperación de la competitividad y la defensa de la fabricación nacional entre sus principales prioridades. La organización alerta de que la industria española de transformación de plásticos está perdiendo fuerza frente a las importaciones de productos procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

El déficit comercial de productos transformados alcanzó en 2025 las 810.000 toneladas, frente a las 446.000 toneladas de 2016, mientras que las importaciones procedentes de China han aumentado más de un 130% en diez años.

Para Anaip, el próximo Gobierno debe garantizar que resulte competitivo fabricar en España y evitar que la producción nacional sea sustituida por importaciones. La asociación recuerda que el sector está compuesto en un 98% por pymes y microempresas, por lo que reclama precios eléctricos industriales competitivos, reducción de peajes, cargos e impuestos y acceso real de las pequeñas empresas a contratos energéticos estables.

Industria del plástico

Una de sus principales reivindicaciones es revisar el impuesto a los envases de plástico no reutilizables, que considera una desventaja frente a otros países europeos. El gravamen, de 0,45 euros por kilogramo, puede representar entre el 32% y el 38% del coste en determinados productos de bajo margen, condicionando que los pedidos se fabriquen en España o se importen.

La asociación también advierte del aumento de importaciones de productos que entran en el mercado con certificaciones de contenido reciclado difíciles de verificar. Como ejemplo, señala que las importaciones de film estirable aumentaron un 58% entre 2023 y 2025.

Por ello, pide reforzar los controles aduaneros, la vigilancia de mercado y la verificación del contenido reciclado, además de garantizar que los productos importados cumplan las mismas exigencias ambientales, documentales y de seguridad que los fabricados en España.

La circularidad es otro de los grandes objetivos. Anaip propone ayudas estables para adaptar las líneas de producción, desarrollar tecnologías que incorporen material reciclado y modernizar las plantas de recogida, clasificación y reciclaje. También reclama una nueva Ley de Industria que reconozca la transformación de plásticos como una actividad esencial y estratégica.

Isabel Goyena, directora general de Anaip, resume la prioridad del sector en una idea: «Ser competitivos y fabricar en España, no sustituir producción española por importaciones». La asociación considera que sin plantas competitivas no habrá inversión, empleo de calidad ni una demanda estable de materias primas recicladas nacionales.

El combustible pide neutralidad tecnológica y seguridad de suministro

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) reclama que el próximo Gobierno reconozca expresamente el carácter estratégico de esta actividad y proteja su contribución a la seguridad de suministro y a la soberanía energética nacional.

La organización ha trasladado cinco propuestas a las formaciones políticas. La primera consiste en promover una regulación pragmática y tecnológicamente neutral, que incorpore las distintas soluciones energéticas en lugar de enfrentarlas y que defienda los intereses del sector español en las decisiones europeas.

En segundo lugar, pide abrir un diálogo estratégico que reconozca a la industria del combustible como parte de las políticas industriales, energéticas y económicas nacionales. Considera que preservar su capacidad productiva permite reducir la vulnerabilidad frente a crisis externas y garantizar el suministro.

La innovación y la descarbonización constituyen el tercer eje de sus demandas. AICE solicita facilitar el acceso a instrumentos financieros nacionales y europeos que permitan impulsar la transformación industrial, desarrollar proyectos de I+D+i y atraer inversiones.

En materia fiscal, defiende incentivos para la transformación industrial y el consumo de combustibles renovables. Su planteamiento es que todas las tecnologías capaces de reducir emisiones reciban un tratamiento coherente, con señales económicas que no favorezcan unas alternativas frente a otras.

Por último, reclama combatir el fraude para proteger tanto a la industria como a los consumidores.

La asociación considera que la transición energética debe compatibilizar la reducción de emisiones con la seguridad de suministro, la competitividad y el mantenimiento de las capacidades industriales existentes.

Una agenda común: energía, inversión, talento y estabilidad

Pese a las diferencias entre actividades, las demandas de las organizaciones industriales dibujan una agenda con importantes puntos de coincidencia. La energía competitiva aparece como una de las principales preocupaciones, especialmente entre los sectores electrointensivos, que reclaman reducciones fiscales, menores peajes, acceso a las redes y mecanismos de compensación para afrontar la descarbonización sin perder competitividad.

La inversión es otro de los grandes denominadores comunes. Las organizaciones piden ayudas más ágiles, incentivos fiscales a la innovación, financiación estable y una política industrial que permita planificar proyectos a largo plazo. También coinciden en reclamar menos burocracia, seguridad jurídica y una normativa proporcionada que tenga en cuenta la dimensión de las pequeñas y medianas empresas.

El empleo y el talento representan un tercer desafío. El relevo generacional, la falta de perfiles técnicos y la necesidad de adaptar la formación a las nuevas tecnologías obligan, según las patronales, a reforzar la Formación Profesional, la colaboración entre empresas y centros educativos y las políticas de atracción de jóvenes y mujeres hacia la industria.

A estas reivindicaciones se suma la defensa de la producción europea frente a la competencia internacional, con mayores controles sobre las importaciones y mecanismos que eviten que las empresas españolas soporten exigencias y costes que no se aplican a sus competidores.

El mensaje que trasladan los distintos sectores al próximo Gobierno es, en definitiva, que la industria necesita algo más que reconocimiento institucional: reclama medidas concretas, recursos, estabilidad y una estrategia de país que convierta la competitividad industrial en una prioridad sostenida en el tiempo. El objetivo compartido es mantener la capacidad productiva en España, atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y garantizar que la transición energética y tecnológica se traduzca en más industria y no en una mayor dependencia del exterior.

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