TRIBUNA

Ni minusválido, disminuido, discapacitado o con diversidad funcional: se dice personas con discapacidad

Redacción

ENVERA

La eclosión de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés) o factores de sostenibilidad en el seno de las empresas, así como el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad que afecta a las contrataciones de personal y de productos o servicios, ha puesto de manifiesto las dudas sobre cómo desarrollar estos procesos y su observancia legal, así como la improvisación con la que en tantos casos la industria se acerca a la inclusión, temiendo la propia plantilla que a cualquiera le pueda tocar relacionarse con un compañero con algún tipo de discapacidad al que no sabe ni como dirigirse.

Y eso ocurre tanto en el ámbito laboral como en las acciones de voluntariado social corporativo que se desarrollan con organizaciones del ámbito de la discapacidad, especialmente intelectual, a las que las compañías se han volcado en esta carrera hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Por ello, en el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, establecido por el Gobierno de España el 3 de mayo para conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad, conviene recordar, en primer lugar, la importancia que tiene para las personas con discapacidad usar la terminología adecuada para dirigirse a ellas. Porque si hay algo más necesario que llamar a las cosas por su nombre es llamar a las personas por el suyo.

¿Y cuál es la expresión correcta para referirnos a las personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, orgánica o sensorial? El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) defiende el uso de ‘persona con discapacidad’ como término correcto en detrimento de otros inadecuados, paternalistas o eufemísticos que se usan con asiduidad. Una denominación que es exactamente la misma que establece la Convención Internacional que hoy se celebra, aprobaba por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España un año después, y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en ella suponen un cambio de paradigma en la consideración de un colectivo que en nuestro país está formado por 4,38 millones de personas, y que trata como sujetos titulares de derechos, que el Estado está obligado a garantizar para que su ejercicio sea pleno y efectivo.

El primer paso para su identificación y representación es saber cómo se denominan. El estudio “El ordenamiento Jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo”, realizado por la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, insiste en que la expresión adecuada es ‘persona con discapacidad’ frente a otros términos que “invisibilizan” a estas personas. Este informe pone de relieve el importante papel que cumplen los medios de comunicación, desde la teoría de la construcción social de la realidad y la importancia del lenguaje para reforzar el uso de la expresión “persona con discapacidad” y desechar expresiones eufemísticas que únicamente aportan confusión pretendiendo amortiguar u ocultar la discapacidad como “diversidad funcional”, “capacidades diferentes” o “capacidades especiales”, además de aquellas que infravaloran como “minusvalía” o “discapacitado”, atacando el enfoque inclusivo y de defensa derechos.

Pero para que el mensaje social cale, bien a través de los medios de comunicación tradicionales, bien a través de las redes sociales, lo primero es fijar en nuestro día a día, y muy especialmente en el de las empresas, la denominación adecuada. Nadie, ni en el ámbito de la industria ni en ningún otro sector económico, social o político se atrevería a dirigirse a un auditorio, grande o pequeño, sin adelantar en su interlocución un “a todos y todas”, “amigos y amigas”, “compañeros y compañeras”, por no citar a los que un paso más allá han interiorizado un “todes”, que desde algunas instancias tratan de meter con calzador en el uso cotidiano, aunque sea pateando aún más nuestro idioma. Mientras, brillan en los aparcamientos las plazas para “minusválidos” (son contados con los dedos de la mano los que hablan o rotulan esas reservas para personas con movilidad reducida o PMR) y en otros no se cae de la boca esa consideración de “diversidad funcional” u “otras capacidades”, que lo mismo sirven para un roto que para un descosido. Desde el sector de la discapacidad se siente muchas veces que en esta carrera por la inclusión y la diversidad nos hemos saltado un paso radical: colocar a la persona (sea lo que sea sexualmente) en el centro de nuestra acción.

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