En cuanto al pasado mes de junio, MITERD propuso reconocer a los cogeneradores un precio de gas de 50€/MWh, mientras ha reconocido a los ciclos combinados 112 €/MWh. Un ciclo combinado ha ingresado en junio con el mecanismo un 64% más que una cogeneración que no puede cubrir sus costes pese a estar garantizados por Ley y se las aboca al paro.
Asimismo, en julio el precio de gas se ha disparado y alcanzando un promedio de 132€/MWh reconocidos a los ciclos combinados mientras MITERD no ha propuesto precio alguno a los cogeneradores y las perspectivas para el invierno apuntan a precios de más de 150 €/MWh que pueden empeorar por los cortes de suministro ruso a Europa.
Además, los cogeneradores aclaran a la Comisión Europea que no se oponen al mecanismo de excepción ibérica y coinciden en su conveniencia para rebajar el precio de la electricidad en España, pero consideran que la regulación no es compatible con el derecho europeo en relación a la cogeneración y piden una solución justa y equilibrada, según el informe de ACOGEN.
Del mismo modo, la producción de electricidad de cogeneración se ha desplomado más de un 50% -hasta un 100% en algunos sectores-, dejando de generar el equivalente al 5% de la electricidad nacional.
Así, todas las cogeneraciones deberían parar, pero un 45% siguen funcionando y acumulando pedidas porque las industrias asociadas no tienen un back up térmico o sustituto al calor producido por la cogeneración; así que si se para la cogeneración, se para la industria.
En cuanto a la parada de cogeneración ha incrementado un 20% la producción con ciclos combinados, que consumen un 30% más de gas, tensionando los precios y los mercados gasistas y eléctricos y perjudicando la eficiencia energética y las emisiones, negativo para la industria y para los consumidores.
Finalmente, parar la mitad de las cogeneraciones ha incrementado un 3% el consumo de gas de España, que será el 6% si paran todas. Al precio actual, >130€/MWh supone un gasto de más de 2.000 millones de euros al año en la factura energética, que acabarán pagando los consumidores. El perjuicio a la competitividad de la industria y el empleo es ya enorme, así como el incremento de las emisiones nacionales de CO2 en más de 3 millones de toneladas, unos 250 millones de euros adicionales.
