El debate, moderado por Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía, ha contado con la participación de Marta Alonso, del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en el Miterd; Joaquín Dri, especialista en CAE en Edison Next; Nora Iglesias, jefa de Producto CAE en Iberdrola; y Marc Núñez, director de Gestión de la Energía en L’Énergética.
Uno de los principales mensajes compartidos ha sido la necesidad de mejorar la formación de los profesionales de las administraciones para que puedan identificar las actuaciones de eficiencia energética susceptibles de generar certificados y preparar correctamente su documentación. Marc Núñez ha advertido de que todavía existe desconocimiento sobre las posibilidades del sistema y ha defendido que los CAE se utilicen como una vía de financiación para nuevas medidas de ahorro energético.
«Falta formación, falta conocimiento dentro del sector de las muchas posibilidades que tienen los CAE», ha señalado el representante de L’Énergética. A su juicio, las administraciones también necesitan herramientas sencillas para gestionar la documentación, tramitar las actuaciones y monetizar los ahorros obtenidos.
Contratación pública y seguridad jurídica
Las particularidades de la contratación pública constituyen otra de las barreras identificadas durante la mesa. Nora Iglesias, jefa de Producto CAE en Iberdrola, ha explicado que los organismos públicos se enfrentan tanto a la falta de formación y recursos como a dificultades jurídicas para transmitir los ahorros energéticos.
En algunos casos, la ejecución de una obra y la transmisión de los ahorros deben tramitarse mediante procedimientos distintos, lo que puede obligar a las administraciones a realizar dos licitaciones. Esta situación incrementa las tareas administrativas y los recursos necesarios para llevar adelante los proyectos.
Como respuesta, Iglesias ha explicado que se ha planteado una propuesta para facilitar que la ejecución de una obra y la transmisión de sus ahorros puedan licitarse conjuntamente cuando esta última se configure como una prestación accesoria. La finalidad es reducir duplicidades y facilitar la participación de los ayuntamientos en el sistema.
Desde el Ministerio, Marta Alonso, del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en el Miterd, ha señalado que se está trabajando en una segunda versión de la guía dirigida a las administraciones públicas. El objetivo es ofrecer una hoja de ruta más práctica, con opciones y criterios de decisión que ayuden a identificar las vías disponibles dentro del marco regulatorio.
Alonso ha destacado también la importancia de desarrollar modelos que puedan adaptarse a administraciones de distintos tamaños y características, así como de estudiar fórmulas para agrupar ahorros de diferentes entidades. Esta agregación podría facilitar la gestión de los proyectos, reducir costes y mejorar la capacidad de negociación de las administraciones más pequeñas.
Formación, documentación y colaboración con las empresas
Los participantes han coincidido en que la planificación de los CAE debe comenzar antes de ejecutar una actuación de eficiencia energética. Preparar con antelación la documentación técnica, identificar correctamente la titularidad de los ahorros y prever cómo se realizará su transmisión son pasos necesarios para evitar que los ahorros no puedan certificarse posteriormente.
Joaquín Dri, especialista en CAE en Edison Next, ha señalado que las administraciones pueden apoyarse en empresas con experiencia en el sistema para preparar los pliegos, estructurar las licitaciones y gestionar los procedimientos. Esta colaboración puede contribuir a aprovechar oportunidades de ahorro que, por falta de medios o conocimientos, podrían quedar sin desarrollar.
Dri ha defendido que los proyectos se planteen desde el inicio teniendo en cuenta la generación y monetización de los certificados. Como ejemplo, ha expuesto una experiencia que combina actuaciones de iluminación, climatización y gestión energética, con una reducción cercana a la mitad del consumo energético atribuida a las medidas de eficiencia implantadas.
Por su parte, Iglesias ha citado adjudicaciones vinculadas a organismos públicos de Madrid, Valencia y Barcelona, especialmente en el ámbito de la movilidad urbana, así como actuaciones con la Universidad de Córdoba y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Estos ejemplos, ha explicado, muestran que las administraciones pueden participar en el sistema y monetizar sus ahorros.
La representante de Iberdrola ha apuntado, no obstante, que es necesario acompañar a los organismos públicos en el proceso de aprendizaje y ayudarles a mejorar la preparación de sus licitaciones. La identificación de errores y la revisión de los procedimientos forman parte de la consolidación de un sistema relativamente nuevo para muchas entidades.
Un potencial de desarrollo todavía amplio
Durante el debate se ha señalado que las oportunidades no se limitan al alumbrado público, la climatización o la movilidad urbana. Edificios públicos, hospitales, centros educativos, instalaciones de agua y otras infraestructuras también pueden ofrecer posibilidades de mejora de la eficiencia energética.
«Estamos en un inicio, pero muy, muy inicio», ha afirmado Marc Núñez al valorar el grado de desarrollo del sistema en el sector público. El representante de L’Énergética ha considerado que, a medida que aumenten la formación y el conocimiento, podrán identificarse nuevas actuaciones y ampliarse el número de proyectos.
La mesa ha concluido con un llamamiento a la colaboración entre las administraciones y las empresas, así como a la elaboración de modelos de contratación que faciliten la aplicación de los CAE sin perder de vista las particularidades jurídicas de cada organismo.
El Ministerio anuncia cambios en los procedimientos y nuevas herramientas
La dinamización de los CAE también ha centrado la ponencia «Últimas novedades del sistema CAE», impartida por Jacobo Llerena, subdirector general de Eficiencia y Acceso a la Energía en el Miterd, quien ha avanzado distintas líneas de modificación del sistema.
Llerena ha indicado que se han recibido más de 800 alegaciones durante el proceso de revisión. Entre los cambios planteados ha mencionado la actualización de definiciones y conceptos, la clarificación de los procedimientos y el refuerzo de los mecanismos de identificación y trazabilidad de los certificados.
El subdirector general ha insistido en la importancia de medir correctamente los ahorros y en el papel de los verificadores dentro del sistema. «La medición es el primer paso», ha señalado al explicar que la calidad de los datos y la documentación afecta al conjunto de los agentes que intervienen en la generación y tramitación de los CAE.
La revisión también contempla mejoras relacionadas con el régimen de los sujetos delegados y el desarrollo de una plataforma electrónica para apoyar la gestión. Según ha explicado, esta herramienta se encuentra en proceso de desarrollo y se está trabajando en sus primeras fases de prueba.
Otra de las novedades expuestas es la incorporación de dos tipos de subastas vinculadas al ahorro energético. Una de las modalidades permitiría impulsar actuaciones adicionales mediante recursos del fondo correspondiente, mientras que la otra estaría orientada a sectores en los que la monetización de los ahorros resulta más lenta o presenta mayores dificultades.
Durante su intervención, Llerena ha defendido que los procedimientos deben proporcionar reglas claras y seguridad jurídica, pero también adaptarse a las circunstancias para facilitar la aplicación práctica del sistema. Asimismo, ha destacado la necesidad de reforzar la formación y el uso de datos para mejorar la toma de decisiones.
Las dos sesiones celebradas en el congreso han puesto de relieve la importancia de facilitar la participación del sector público en los CAE. La extensión de la formación, la mejora de los modelos de contratación, la planificación documental y las modificaciones anunciadas por el Ministerio marcarán parte de la evolución del sistema y de su capacidad para convertir los ahorros energéticos en recursos que puedan contribuir a nuevas actuaciones de eficiencia.
