REACCIONES

El sector del automóvil analiza la primera desaprobación del ‘decreto ómnibus’ y la incertidumbre sobre el futuro del Plan MOVES III

El Gobierno no logró aprobar en una primera instancia el 'decreto ómnibus', una medida clave para la prórroga del Plan MOVES III, lo que ha generado preocupación y malestar en el sector del automóvil. Esta decisión afecta directamente a las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga, que habían sido extendidas hasta el 30 de junio de 2025 en diciembre pasado.

El Plan MOVES III, que ha sido uno de los pilares de la transición hacia la movilidad sostenible en España, ha permitido un impulso significativo en la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga. Sin embargo, la falta de la prórroga oficial, que dependía de la aprobación del decreto, ha dejado al sector con un panorama incierto sobre el futuro inmediato de estas ayudas, que son fundamentales para mantener el ritmo de las ventas de vehículos eléctricos y la expansión de la red de recarga.

La no aprobación del ‘decreto ómnibus’ ha desatado un debate sobre la planificación a largo plazo de la movilidad eléctrica en España y la necesidad de políticas públicas que sigan apoyando la transformación del sector. Las ayudas del Plan Moves III han sido esenciales para fomentar la demanda de vehículos eléctricos en un mercado aún en desarrollo, y su interrupción podría poner en peligro el avance logrado en los últimos años.

SEAT lo ve como un “grave obstáculo”

La marca de automóvil SEAT ha comentado para industry TALKS que “el hecho de que desde ayer ya no estén vigentes las ayudas del Plan MOVES III ni la deducción en el IRPF, impide que los clientes puedan realizar nuevas solicitudes de vehículos electrificados, lo que es un grave obstáculo para la implementación de este tipo de vehículos más eficientes y sostenibles en el mercado”.

Además, ha considerado que esto supone un impacto tanto para SEAT como para CUPRA: “Tiene un evidente impacto en las ventas de nuestros vehículos electrificados, y también para el logro del objetivo de reducción de emisiones medias que nos impone la Unión Europea”.  

“Estamos trabajando junto con ANFAC y de FACONAUTO para que el Gobierno y los grupos parlamentarios trabajen de manera urgente en solucionar esta situación en el menor plazo posible, y nos consta que se está realizando para que tenga el menor impacto posible”, ha concluido.

Sernauto considera importante las ayudas para el rejuvenecimiento del parque automovilístico

Al igual que SEAT, desde la Asociación Española de Proveedores de Automoción Sernauto también creen importante mantener las ayudas a los vehículos eléctricos. José Portilla, director general de Sernauto, ha declarado para industry TALKS que desde la Asociación “consideramos importante mantener las ayudas a los ciudadanos destinadas a la compra de vehículos electrificados para promover el rejuvenecimiento del parque automovilístico y, en definitiva, el cumplimiento de los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea”.

Además, ha asegurado que “como país, resulta relevante contar con unos volúmenes de producción altos y también con un mercado fuerte de este tipo de vehículos para garantizar la atracción de inversiones, el futuro y el empleo del potente ecosistema de proveedores de automoción con el que contamos en España”.

Así, el sector del automóvil teme que la falta de claridad en torno a la continuidad de estas ayudas pueda generar un freno en las ventas de vehículos eléctricos, justo cuando se esperaba un mayor empuje hacia la sostenibilidad y la descarbonización del transporte. Los fabricantes y los concesionarios temen que la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas afecte negativamente tanto a los consumidores como a los actores clave de la industria.

AEDIVE manifiesta su preocupación de su ecosistema industrial

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE, ha manifestado su preocupación de su ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios, tras el rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico, a raíz de la no aprobación de la Ley Ómnibus el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados y ha reclama a la clase política racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del MOVES III, “para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre”, según un comunicado.

Tras el anuncio por parte del Gobierno, en diciembre pasado, de la ampliación de ayudas del MOVES 3 hasta junio de 2025, “las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento importante del 60% en vehículos eléctricos de batería; del 36% en híbridos enchufables y del 100% en el canal de particulares, hasta que el pasado día 22 se reprobó la Ley Ómnibus, provocando un parón casi total del mercado”, han recalcado en el comunicado.

Esta situación supone una verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental, a juicio de AEDIVE, y compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado. 

Este bloqueo legislativo hace imposible, además, “el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos, teniendo en cuenta el impacto en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y en la generación de empleo en 22 ramas de actividad diferentes”, según el Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España de AEDIVE. 

Por todo ello, Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, ha comentado para industry TALKS que “es importante eliminar la incertidumbre que se ha generado en la sociedad respecto a la compra de vehículos, porque actualmente tiene un despiste importante sobre por qué tecnología apostar”.

“Y tampoco se han lanzado los mensajes adecuados respecto a la movilidad eléctrica, en especial respecto a la disponibilidad de infraestructuras de recarga públicas, que hoy en día son más que suficientes para el parque actual de vehículos eléctricos; los precios de los vehículos, pues existen modelos en las diferentes categorías y para diferentes bolsillos; o las capacidades tecnológicas de la electromovilidad, que ofrece unas prestaciones y rendimiento extraordinarios”, ha concluido.

ANFAC y Faconauto muestran su gran inquietud

ANFAC y FACONAUTO han mostrado su gran preocupación ante la no convalidación en el Congreso de los Diputados de la prórroga del plan MOVES III hasta el 30 de junio de este año y la deducción del 15% hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico. Esto supone que el vehículo eléctrico se queda sin ayudas a la compra en España a partir de la publicación de esta votación en el BOE.

Según los datos de ANFAC y ACEA, la patronal de los fabricantes europeos de automoción, en 2024 los turismos eléctricos sumaron sólo el 5,6% de la cuota de mercado en España, muy lejos de la media europea que se sitúa en el 13,6%.

Sin las ayudas a la compra, como se ha demostrado en otros países de la Unión Europea, “se paralizan las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que marcan España y la Unión Europea”, han declarado a través de un comunicado.

Es por eso que desde ANFAC y FACONAUTO urgen a los partidos políticos y a sus grupos parlamentarios “que aprueben a la mayor celeridad posible ambas medidas que, en nuestra opinión, cuentan con un apoyo mayoritario”.

El futuro del Plan MOVES III y su impacto en la transición energética y en el sector de la automoción dependerán de las decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas. Sin embargo, lo cierto es que la falta de una prórroga oficial deja a los actores involucrados en el proceso en una posición de incertidumbre, afectando tanto a los consumidores como a las empresas y, en última instancia, a los objetivos medioambientales del país.

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