«La derogación del Real Decreto-Ley 9/2024, conocido como decreto ómnibus, que incluía esta reducción, tendrá un impacto negativo para la industria española, que pierde una medida que equiparaba este coste con el de nuestros competidores más próximos y que estaba vigente desde el estallido de la crisis energética que provocó la invasión de Ucrania en 2022», ha comentado AEGE.
Además, ha asegurado que sin la aportación que supone esta medida «no habrá mejora de competitividad en 2025, aumentando en un 5% la factura eléctrica del consumidor electrointensivo.»
Asimismo, AEGE viene reclamando que la reducción del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad se convierta en una medida estructural «que permita a la industria electrointensiva equipararse con homólogos europeos como franceses o alemanes, donde los peajes eléctricos son mínimos».
Para las empresas electrointensivas, con una elevada dependencia eléctrica en sus procesos industriales, «estas medidas permitían reducir la brecha competitiva y, con ello, apostar por la actividad industrial que, sin embargo, con estos cambios se ve impactada muy negativamente».
Por su parte, Feique ha asegurado que esta medida «permite aliviar la factura eléctrica de las empresas de química básica y materias primas farmacéuticas acogidas al Estatuto de Consumidores Electrointensivas que compiten en mercados internacionales, generando un ahorro de entre 4 y 10 euros MW/h en función del nivel de tensión».
«Teniendo en cuenta que los futuros señalan en 2025 un precio medio anual de la electricidad cercano a los 78€/MWh -frente a los 63€/MWh de 2024-, lejos todavía del precio medio de 43€/MWh registrado en el mercado eléctrico entre 2000 y 2020, y prácticamente duplicando los precios de 40€/MWh que registran nuestros principales competidores internacionales, EEUU y China, es esencial mantener esta medida para reducir la alarmante brecha competitiva existente», han añadido.
Es por eso que Feique considera que es «urgente reactivar nuevamente esta prórroga y mantener el mecanismo activo en 2025, analizando durante su vigencia la necesidad habilitarlo de forma estructural y permanente. Tanto la Química Básica como el resto de sectores electrointensivos, son sectores esenciales para mantener las actividades productivas y económicas de nuestro país, y constituyen el núcleo de nuestra autonomía estratégica».
