Rodríguez explicó al término de una reunión de la Conferencia Sectorial sobre el MRR -órgano de encuentro entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas- que la información sobre el reparto de estos fondos es “muy dispersa” y que adolece de claridad, por lo que las comunidades autónomas aún desconocen la cuantía que les corresponderá a cada una.
Ante esta situación, el vicepresidente planteó la conveniencia de flexibilizar los plazos que el propio Gobierno español ha establecido para la ejecución de los fondos, de modo que se pase del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2026.
Rodríguez aseguró que, en su opinión, el reglamento europeo permite la aplicación de estos recursos hasta 2026, pero el Gobierno de España acordó acelerar su ejecución y reducir los plazos en tres años.
“Vamos a entrar en el último cuatrimestre del primer año de ejecución del MRR y aún no sabemos ni las cantidades ni los criterios que se utilizarán para la distribución de los fondos, con lo cual el período de tres años se queda muy corto”, dijo el vicepresidente.
Esta inconcreción afecta a los dos tramos del Mecanismo: los que se decidirán en conferencias sectoriales entre los ministerios y los departamentos autonómicos homólogos, por un lado, y los que financiarán, entre otros, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), fruto de la colaboración público-privada y que debe autorizar el Consejo de Ministros en cada caso.
Rodríguez explicó que, en el caso de las conferencias sectoriales, cada una de ellas está decidiendo en función de criterios propios y que no existe una información coordinada y centralizada, que permita obtener una visión de conjunto del reparto que se vaya a efectuar de los fondos. En global, se repartirán 10.500 millones de euros para las autonomías en 2021.
Del mismo modo, no existen certezas sobre la participación de las comunidades autónomas en los PERTE, por lo que las autonomías solicitaron un sistema de información integrado que permita un análisis de conjunto y certero del reparto de los fondos. La ministra explicó que se elaborarán dos órdenes para regular el sistema de control y de información.
Rodríguez aclaró que, si bien hay muchas incertidumbres sobre el MRR, el otro gran programa del Next Generation, el React-EU, está perfectamente claro. El vicepresidente recordó que Canarias recibirá 630 millones de euros para la financiación de los servicios públicos esenciales y otras políticas sectoriales, de los que ya Canarias ha generado casi 300 millones de euros en créditos que han financiado, por ejemplo, la convocatoria de ayudas directas a pymes y autónomos.
En todos los casos, el vicepresidente insistió en que Canarias ha de recibir una cuantía proporcional al daño económico provocado por la crisis del COVID-19, mayor que en otros territorios del Estado dada su exposición al sector turístico, el más afectado de todos por las restricciones de movilidad.
