La organización fundamenta su petición en la dependencia energética del país, que importa el 68,4% de la energía que consume. Según los datos recogidos en el documento presentado por la asociación, España registró en 2025 un déficit comercial energético de 29.292 millones de euros. Frente a esta situación, APPA plantea reducir las importaciones de petróleo y gas mediante objetivos medibles y un marco regulatorio estable.
El sector destaca que las renovables evitaron importaciones de combustibles fósiles por valor de 14.814 millones de euros en 2025 y sostuvieron 140.621 empleos directos e indirectos. Para la asociación, aprovechar los recursos propios —sol, viento, agua y biomasa— permitiría reducir la exposición a los precios internacionales y mantener una mayor parte de la actividad económica en España.
«La seguridad de suministro, la competitividad empresarial, la creación de empleo, la cohesión territorial y la descarbonización son objetivos comunes a todas las fuerzas políticas, por lo que estamos seguros de que podemos avanzar conjuntamente para aprovechar nuestros recursos», señala José María González Moya, director general de APPA Renovables.
Diez medidas para la próxima legislatura
El decálogo comienza con la reducción de la dependencia energética exterior, para la que APPA propone establecer objetivos concretos de sustitución de importaciones de petróleo y gas. La segunda medida se centra en la fiscalidad: la asociación pide suprimir el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, revisar los tributos autonómicos y evitar nuevas cargas que alteren las condiciones de inversión.
La tercera propuesta plantea impulsar la electrificación de la industria, el transporte y los edificios, además de extender el autoconsumo. Para ello, APPA reclama reducir la carga fiscal sobre la electricidad y establecer deducciones de al menos el 25% de la inversión en instalaciones de autoconsumo y baterías. También propone facilitar la implantación de nueva industria para que pueda aprovechar la generación renovable disponible.
En el ámbito de la generación, la asociación reclama una política de Estado para la energía hidráulica que garantice la continuidad de las centrales cuando finalicen sus concesiones y evite paradas por motivos burocráticos. También plantea modernizar las instalaciones y desarrollar un plan nacional de bombeo y almacenamiento de larga duración.
La biomasa constituye otra de las líneas de actuación. APPA propone reconocer y remunerar sus beneficios, facilitar la continuidad y modernización de las plantas existentes e impulsar nuevas instalaciones. La organización destaca su capacidad para proporcionar generación renovable firme y aprovechar residuos agrícolas y forestales, con efectos sobre el empleo rural, la gestión del territorio y la prevención de incendios.
El sexto punto del documento aborda la operación del sistema eléctrico. La asociación propone una hoja de ruta para finalizar la operación reforzada cuando estén garantizadas las condiciones técnicas de seguridad. Para ello, considera necesario anticipar inversiones en redes, desplegar almacenamiento y flexibilidad de la demanda y aumentar la participación de las renovables y las baterías en los servicios de estabilidad del suministro.
Menos trabas administrativas y más biometano
La agilización de los procedimientos administrativos constituye la séptima propuesta. APPA reclama criterios comunes entre comunidades autónomas, plazos máximos y documentación homogénea para tramitar los proyectos renovables. También plantea una Hoja de Ruta Nacional de Repotenciación que permita modernizar los parques eólicos, producir más electricidad con menos aerogeneradores y reforzar la capacidad industrial asociada.
La octava medida se centra en el biogás y el biometano. Según las estimaciones recogidas en el decálogo, España podría movilizar entre 25 y 35 TWh anuales de biometano en 2035. Para alcanzar ese potencial, la asociación propone armonizar los permisos, facilitar contratos a largo plazo y revisar el reparto de los costes de conexión. También considera necesario incorporar a los ayuntamientos y a las comunidades locales desde las primeras fases de los proyectos.
En el transporte, APPA plantea aumentar las mezclas de biocarburantes, pasando del gasóleo B7 al B10 y de la gasolina E5 a la E10. La medida, que debería contar con garantías de calidad, compatibilidad técnica y sostenibilidad, permitiría reducir el consumo de combustibles fósiles aprovechando las infraestructuras existentes y como complemento a la electrificación.
El decálogo se completa con una apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, así como por las energías del mar. La asociación solicita programas estables de investigación, demostración y escalado industrial, apoyo a las plataformas de ensayo y una mayor transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación y empresas. Asimismo, reclama convocar la primera subasta de eólica marina en España.
APPA Renovables considera que la aplicación de estas medidas requiere estabilidad regulatoria y coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La asociación sostiene que las inversiones energéticas, por su dimensión y horizonte temporal, necesitan continuidad en las decisiones políticas y un marco que permita planificar a largo plazo.
El documento también incide en la participación de los territorios en el desarrollo de nuevos proyectos y en el reparto de sus beneficios, especialmente en iniciativas vinculadas a la biomasa y los gases renovables.
«España cuenta con los recursos, las empresas y el conocimiento necesarios para avanzar. Convertir esa capacidad en una economía más competitiva y resiliente exige una estrategia común, estabilidad para invertir y voluntad de colaboración entre administraciones», concluye González Moya.

