ELECCIONES

El partido de Alvise Pérez plantea en su programa abaratar la electricidad, reducir la fiscalidad empresarial y recuperar peso industrial nacional

La energía y la industria aparecen en el programa electoral de Se Acabó La Fiesta (SALF) desde una perspectiva principalmente económica y fiscal. El documento presentado por la formación para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 no desarrolla una estrategia industrial o energética detallada, pero sí recoge varias propuestas que afectan directamente al coste de la electricidad, la fiscalidad de las empresas, el suministro de gas y el impulso a determinados sectores productivos.

El planteamiento tiene un hilo conductor: reducir la carga fiscal, simplificar la Administración y reforzar la actividad económica nacional. Sin embargo, el programa deja abiertas algunas cuestiones importantes sobre cómo se materializarían estas medidas, qué calendario tendrían y qué instrumentos se utilizarían para transformar el tejido industrial español.

La electricidad, una de las principales apuestas fiscales

Una de las propuestas energéticas más concretas aparece en el capítulo III, dedicado a los impuestos. SALF plantea reducir el IVA de la electricidad del 21 % al 4 %, y el del agua del 10 % al mismo 4 %. A esta medida añade la eliminación del impuesto a la producción eléctrica, que, según el documento, repercute directamente en la factura del consumidor.

La formación estima que el coste de estas rebajas fiscales sería de aproximadamente 2.600 millones de euros anuales.

La propuesta busca reducir el recibo energético de hogares y empresas mediante una intervención directa sobre la fiscalidad. Para la industria, especialmente para las actividades con un consumo eléctrico elevado, una reducción de los impuestos asociados a la electricidad podría representar un alivio en sus costes operativos.

No obstante, el programa no concreta cómo se trasladaría esa rebaja a los precios finales de la energía ni establece mecanismos específicos para los consumidores industriales electrointensivos.

Un único ministerio para energía e industria

Otro de los cambios relevantes es de carácter administrativo. SALF propone reducir el número de ministerios de 22 a 10 y pasar de tres vicepresidencias a una.

Dentro de esa reorganización se crearía el Ministerio de Infraestructuras, Energía e Industria, que asumiría las competencias actualmente distribuidas entre Transportes, Energía y Medio Ambiente, Industria y Turismo.

La propuesta concentra en una misma estructura política áreas que mantienen una relación directa con la competitividad económica: infraestructuras, suministro energético, política medioambiental y actividad industrial.

El objetivo organizativo es reducir duplicidades y simplificar la toma de decisiones. El documento no detalla, sin embargo, cómo se coordinarían las competencias técnicas ni qué cambios regulatorios acompañarían a esta concentración administrativa.

Menor fiscalidad para las empresas y las nuevas industrias

La política industrial de SALF también se apoya en una reforma del Impuesto de Sociedades.

El programa plantea reducir el tipo general del 25 % al 20 % en un plazo de dos años. Para las empresas que reinviertan sus beneficios, propone un tipo del 15 %, mientras que las empresas de nueva creación disfrutarían de un 10 % durante sus tres primeros años.

La formación calcula que esta reforma tendría un coste recaudatorio aproximado de 6.000 millones de euros anuales.

La medida pretende favorecer la inversión empresarial, mejorar la capacidad de reinversión y facilitar el crecimiento de nuevas compañías. Su impacto potencial alcanzaría también a las empresas industriales, que podrían disponer de más recursos después de impuestos para modernizar instalaciones, ampliar capacidad productiva o desarrollar nuevos proyectos.

Sin embargo, el documento no establece condiciones específicas para acceder al tipo reducido por reinversión ni diferencia entre sectores industriales, tamaños empresariales o niveles de inversión tecnológica.

Argelia y los contratos de gas a largo plazo

En materia de seguridad de suministro, el capítulo de geopolítica incorpora una referencia directa al gas natural.

SALF propone recuperar la relación con Argelia, volver a la posición de Naciones Unidas sobre el Sáhara y establecer un tratado de amistad con el país norteafricano. Entre las medidas concretas figura la firma de contratos de gas a largo plazo.

El programa recuerda que Argelia aporta el 38,5 % del gas que importa España y relaciona el deterioro de las relaciones bilaterales con la caída de las exportaciones españolas al mercado argelino.

La propuesta introduce así una dimensión geopolítica en la política energética: asegurar relaciones estables con uno de los principales proveedores de gas del país y vincular la diplomacia económica con la seguridad de suministro.

El documento, no obstante, no especifica volúmenes de contratación, condiciones de precio, duración de los acuerdos ni objetivos de diversificación energética.

Defensa e industria nacional

La industria española también aparece vinculada a la política de defensa. SALF plantea que el gasto militar equivalente al 2 % del PIB se destine prioritariamente a la industria nacional.

El programa cifra en 33.123 millones de euros el gasto en defensa de 2025 y asocia esta actividad con 260.050 empleos.

La propuesta pretende que una mayor parte del presupuesto de defensa revierta en empresas y capacidades productivas españolas. Se trata de una línea de política industrial vinculada a la autonomía estratégica y al mantenimiento de actividad económica dentro del país.

Sin embargo, no se identifican sectores concretos, objetivos de contratación nacional, programas tecnológicos ni instrumentos de financiación para desarrollar esa prioridad.

Formación profesional para los sectores productivos

La formación de trabajadores es otro de los elementos que conecta el programa con las necesidades de la industria.

En el apartado educativo, SALF propone una beca-salario de 2.000 euros anuales para estudiantes de Formación Profesional Superior en especialidades con déficit de profesionales.

Entre los ámbitos mencionados expresamente figuran la industria, la construcción, la energía, la sanidad y la digitalización. La formación calcula un coste aproximado de 400 millones de euros anuales.

La iniciativa busca facilitar la incorporación de trabajadores a sectores con necesidades de personal cualificado. Es una de las pocas medidas del programa que aborda directamente el problema de la disponibilidad de profesionales para la actividad productiva.

Una agenda económica con propuestas concretas, pero sin una hoja de ruta energética completa

El análisis del documento permite identificar cinco grandes líneas de actuación: reducción de la fiscalidad eléctrica, eliminación del impuesto a la producción eléctrica, rebaja del Impuesto de Sociedades, fortalecimiento de las relaciones gasistas con Argelia y prioridad a la industria nacional en el gasto de defensa.

A ellas se suman la creación de un ministerio que agruparía energía e industria y las ayudas formativas dirigidas a sectores productivos.

La principal característica de estas propuestas es su orientación fiscal y organizativa. SALF pone el acento en reducir costes, modificar impuestos y reorganizar las competencias públicas, pero no presenta un desarrollo técnico equivalente sobre el futuro del sistema energético o la transformación industrial.

En el documento no se concreta un nuevo modelo de generación eléctrica, un calendario para las energías renovables, objetivos de almacenamiento, una estrategia de hidrógeno, un plan de redes eléctricas o una posición desarrollada sobre la energía nuclear. Tampoco aparece un programa específico de descarbonización industrial o de apoyo a la electrificación de los procesos productivos.

Para el sector energético e industrial, la propuesta de SALF dibuja, por tanto, una orientación reconocible: menos fiscalidad, mayor protagonismo de la industria nacional y una Administración más concentrada. La cuestión pendiente es cómo se traduciría esa orientación en inversiones, regulación, infraestructuras y resultados concretos para la competitividad de la economía española.

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