La industria considera que los últimos cambios introducidos por el Gobierno no resuelven sus principales objeciones y mantiene un rechazo generalizado al texto. Aunque reconoce algunas modificaciones favorables, sostiene que la propuesta sigue planteando dificultades para el desarrollo de los centros de datos y puede afectar a la capacidad de España para atraer nuevos proyectos tecnológicos.
Uno de los principales motivos de preocupación es el mecanismo previsto para reducir automáticamente el consumo eléctrico de estas instalaciones en determinadas circunstancias. El sector considera que este sistema puede generar incertidumbre sobre la continuidad del suministro y obligar a recurrir a grupos electrógenos de diésel. Según sus estimaciones, actualmente el 98% de la energía que utilizan los centros de datos en España es renovable.
Cambios insuficientes en el nuevo borrador
La nueva versión eleva de uno a diez megavatios el umbral a partir del cual se aplicarían buena parte de los requisitos contemplados en la norma. Fuentes del sector consideran que esta modificación puede aliviar las obligaciones para instalaciones de menor tamaño, pero tendrá un impacto limitado en el conjunto de la industria.
También se ha ampliado de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de los parques fotovoltaicos que pueden computar en el esquema previsto. Sin embargo, la industria sostiene que estos ajustes no compensan las dificultades que plantea el diseño general del decreto, especialmente en lo relativo al acceso y la gestión de la electricidad.
Otro de los puntos cuestionados es la exigencia de vincular el consumo de los centros de datos con la generación renovable. Según los cálculos expuestos por el sector, cumplir simultáneamente con los requisitos de generación y correlación horaria podría exigir sobredimensionar de forma muy significativa las instalaciones de producción y elevar la inversión necesaria.
La industria también expresa dudas sobre la aplicación retroactiva de determinadas obligaciones a proyectos que ya cuentan con permisos concedidos, una cuestión que considera especialmente relevante para la seguridad jurídica de las inversiones.
El sector cuestiona la tramitación y estudia posibles acciones legales
Las fuentes consultadas consideran que la urgencia con la que el Gobierno pretende aprobar el decreto no está suficientemente justificada y cuestionan que el proceso haya incorporado de forma adecuada las aportaciones técnicas de la industria.
El texto será objeto de revisión por parte del Consejo de Estado, ante el que el sector prevé plantear sus objeciones. Entre ellas figuran posibles problemas relacionados con la reserva de ley, la proporcionalidad de las medidas, la evaluación de su impacto económico y el reparto de competencias entre las distintas administraciones y organismos reguladores.
Asimismo, la industria sostiene que podría ser necesaria la notificación del proyecto a través del procedimiento europeo TRIS. Estas cuestiones forman parte de los argumentos jurídicos que el sector quiere trasladar durante la tramitación y no constituyen, por el momento, una resolución sobre la legalidad de la norma.
La posibilidad de recurrir el decreto o solicitar medidas cautelares continúa en evaluación. La decisión dependerá de la redacción definitiva que apruebe el Gobierno.
Dudas sobre el trato a determinados proyectos
El sector también cuestiona el tratamiento previsto para la gigafactoría anunciada en Tarragona, al considerar que el borrador no explica suficientemente los motivos para establecer un régimen diferenciado. A su juicio, los proyectos deberían competir con criterios homogéneos, sin excepciones que no estén respaldadas por requisitos objetivos claramente definidos.
La industria advierte de que la ventana de oportunidad para atraer inversiones internacionales no permanecerá abierta indefinidamente y sitúa en los próximos dos o tres años un periodo especialmente relevante para el posicionamiento de España.
En este contexto, reclama al Gobierno que incorpore las consideraciones técnicas del sector antes de cerrar la tramitación. Las fuentes consultadas consideran que el marco regulatorio puede condicionar la capacidad del país para desarrollar estas infraestructuras en un momento en el que la demanda de centros de datos sigue creciendo en Europa.
