Este viernes desde las 12:30 de la mañana en la sede del Ministerio de Industria y Turismo en Madrid se reúnen el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el CEO de Airbus, Guillaume Faury; representantes de los seis sindicatos con presencia en la multinacional aeroespacial —Comisiones Obreras (CCOO), el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), la Asociación de Técnicos y Profesionales (ATP), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Genreal del Trabajo (CGT) y el sindicato profesional ÚTIL—, según ha confirmado industry TALKS en varias fuentes sindicales.
En la noche de este jueves el departamento de Industria contactó con responsables de los sindicatos para citarles en la mañana de este viernes a esta cita tripartita. Según ha podido confirmar este medio, el CEO de la multinacional se trasladó anoche a la capital de España para asistir personalmente al encuentro en el Ministerio.
El objetivo es claro: desbloquear las negociaciones y cerrar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto laboral que ha desembocado en una huelga indefinida que se viene desarrollando desde el 25 de agosto, tras los primeros paros que se produjeron del 1 al 24 de julio.
Una protesta que está siendo secundada por una amplia mayoría de los empleados de la compañía, que vienen expresando su desafección y desconfianza hacia la dirección por la no actualización de los salarios en relación al IPC desde que estalló la pandemia y el recorte de beneficios en materia de teletrabajo. Una situación que está afectando ya a la industri auxiliar, como han expresado en las últimas horas organizaciones como la Cámara de Comercio de Sevilla y la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), engre otras.
Una mediación cerrada sin acuerdo
El encuentro se produce tras el cierre este jueves de la segunda de las mesas de negociación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), abierta a instancias de la compañía, pero a la que solo estaban asistiendo las organizaciones sindicales no convocantes de la huelga indefinida —CCOO, SIPA y ATP— y a la que tampoco se sumó SIPA en esta última ocasión.
Antes, el martes, se había cerrado también sin acuerdo la mesa abierta en el SIMA en el marco de la huelga, con todos las centrales sindicales representadas en la multinacional, inlcuidos los sindicatos convocantes UGT, CGT y ÚTIL.
Un diálogo en el servicio de mediación que por parte de Airbus había sido liderado por la directora global de recursos huamnos, la germana Carmen-Maja Rex, asesorada por abogados del bufete Baker McKenzie.
La posición del Gobierno
La semana pasada el titular de Industria se pronunció en público señalando que esperaba no tener que intervenir en el conflicto laboral abierto en el grupo aeroespacial, del que el Estado español es accionista a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 4,09% de los títulos. El accionariado está encabezado por el Estado francés, a través de la sociedad Sogepa, con el 10,83% de la propiedad; mientras que el Estado alemán, mediante el banco público KfW, controla otro 10,82%.
Posteriormente, este mismo martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, fue mucho más explícito tras la decisión de la plantilla de seguir adelante con la huelga indefinida a pesar de que la compañía había condicionado el avance en las negociaciones a su desconvocatoria.
El secretario de Estado afirmó que, aunque el Ejecutivo esperaba no tener que hacerlo, seguramente tendría que intervenir en el conflicto laboral para mediar o poner sobre la mesa que «no podemos jugar con el pan de los próximos 30 años, que es lo que nos estamos jugando», en una industria aeroespacial y de defensa que va a crecer mucho y en la que España está bien posicionada. Y adelantó que el ministro tomaría una decisión sibre la intervención gubernamental en los próximos días.
La última propuesta de Airbus a las reclamaciones de los empleados
La última propuesta de la dirección de Airbus presentada durante la mediación en el SIMA contemplaba la actualización anual de los salarios en base al IPC y un diferencial hasta alcanzar en cinco años una recuperación de poder adquisitivo del 7,6%. La empresa también ha retirado en el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló las cláusulas del convenio colectivo de la empresa que penalizaban económicamente a los empleados durante las bajas médicas bajo criterios de control del absentismo, tras la demanda interpuesta por UGT y SIPA.
La compañía aceptaba mantener el actual modelo de teletrabajo (dos días semanales, el 40% de la jornada laboral), así como el sistema vigente de vacaciones que permite la elección de dos semanas de acuerdo a los responsables directos; reducía el precio del comedor de cinco a 3,5 euros (cuando los trabajadores no se encuentran en su jornada de trabajo o no la prolongan, porque durante la misma este servicio es gratuito); y emplazaba a establecer una comisión que estudiase las rutas de transporte colectivo.
