La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado los datos del déficit provisional de tarifa del sistema eléctrico de la primera mitad del año. Y los números revelan un desequilibrio de 1.534,65 millones de euros, que subrayan una tendencia negativa en los últimos años, haciendo evidente una cada vez mayor insuficiencia en la recaudación para cubrir los costes regulados, como el mantenimiento de las redes de transporte, la distribución y las primas a las energías renovables.
Este desfase responde en parte a una dinámica estacional. Durante los primeros meses del año, los ingresos por cargos de la electricidad suelen ser menores, mientras que los costes fijos se mantienen estables o avanzan a mayor velocidad. Además, el fuerte peso de la generación renovable barata durante la primavera reduce el precio del mercado mayorista, un factor excelente para los consumidores a corto plazo, pero que deprime la recaudación fiscal vinculada a la energía y ensancha este agujero temporal.
De hecho, el año 2022 se saldó con un superávit de 6.190,1 millones de euros, en 2023 fue de 3.902,9 millones y en 2024 de 881,7 millones. Una tendencia que se rompió en 2025, cuando el ejercicio concluyó con un déficit de tarifa de 197,66 millones. Y este año el problema parece agudizarse, consolidando la tendencia.
La evolución desde 2023 evidencia el crecimiento del déficit de tarifa
Para entender la dinámica basta con comparar la evolución de este primer semestre con las liquidaciones de la CNMC en el mismo periodo de los últimos años. En los primeros seis meses de 2024 se registró un déficit de 360,1 millones. En junio de 2025 saltaron las alarmas al superar la barrera de los mil millones (1.076,52 millones). Y en el presente ejercicio, en junio de 2026, el agujero se ha disparado hasta los 1.534,65 millones.
El déficit no solo sube, sino que se ha multiplicado por 4,26 en comparación con el nivel de hace dos años y se ha disparado un 42,56% respecto a 2025.
El fantasma del pasado: la losa de 2000-2013
Este escenario reaviva los peores fantasmas del sector. Entre los años 2000 y 2013, España vivió la época negra del déficit de tarifa, acumulando una deuda estructural que superó los 30.000 millones de euros debido a que los gobiernos de turno congelaban artificialmente los peajes por motivos políticos mientras los costes reales se multiplicaban. España llegó a tener déficits anuales superiores a los 4.000 millones de euros.
Aquella crisis obligó a una reforma radical (Ley 24/2013) que prohibió por ley volver a generar deuda a largo plazo y fijó límites estrictos —como el 2% de déficit anual máximo— para activar revisiones automáticas de peajes.
La situación actual no es de pérdida de los fondos de reserva aún, pero el destino de los mismos impide rebajar la factura eléctrica oculta y apoyar la competitividad de empresas e industrias. El sistema eléctrico cuenta con un superávit acumulado de 4.586,94 millones de euros. Si bien es cierto que el Ejecutivo posee la potestad política de aprobar Reales Decretos-ley de forma exprés para liberar fondos de esa bolsa y tapar sin tocar las tarifas —como ha hecho en los años previos— el posible agujero que los datos del primer semestre parecen adelantar, el verdadero problema radica en el coste de oportunidad de este capital.
Una resta en la competitividad de la industria
Los más de 4.500 millones ahorrados en la hucha podrían emplearse en financiar la reducción estructural de los costes de red, optimizar las infraestructuras o abaratar los cargos fijos de las plantas de producción para impulsar la industria española, especialmente la electrointensiva. Por el contrario, se consumen estos recursos para cubrir los desajustes de la recaudación.
Para la gran industria y las empresas electrointensivas —como las siderúrgicas, cementeras y químicas, cuyo principal coste de producción es la electricidad— esta evolución introduce una dosis extra de incertidumbre y riesgos latentes.
Un potencial encarecimiento de la parte fija de la factura eléctrica, la llamada tarifa oculta por peajes y cargos del sistema, supondría un golpe directo a la línea de flotación de las fábricas españolas.
El tejido industrial nacional, y el europeo, ya operan en una situación de desventaja y sobrecoste energético en el mercado global. Competidores directos como Estados Unidos disfrutan de un marco energético regulado radicalmente más barato y abundante, mientras que China subvenciona masivamente su energía para expandir su industria en el mercado internacional.
Añadir más costes fijos a las plantas ubicadas en España por aumento de la factura eléctrica reduciría su competitividad, dañaría su atractivo, podría paralizar inversiones estratégicas y amenazaría la supervivencia del empleo industrial.
A pesar de que estos números rojos no implican una quiebra inmediata del sistema, confirman la ineficiencia del sistema y lejos de plantear una corrección del sobrecoste energético frente a los competidores de las industrias españolas, introducen un factor permanente de incertidumbre y riesgo. La evolución de este déficit hasta diciembre será el termómetro definitivo que dicte si el modelo eléctrico español sigue devorando sus propios recursos de eficiencia o si la industria afrontará un nuevo golpe a su competitividad.
