Los participantes han coincidido en que España dispone de recursos suficientes para convertirse en una potencia europea del biometano, aunque han reclamado una mayor ambición regulatoria, agilidad administrativa y señales claras de demanda para acelerar las inversiones.
Adrien Souchet, director de Biometano de Moeve, ha defendido que el biometano debe considerarse “una pieza estructural del mix energético” y no una tecnología transitoria. Según ha explicado, España consume actualmente unos 330 teravatios hora de gas natural importado y dispone de un potencial estimado de hasta 160 teravatios hora de biometano. “Estamos hablando de los pocos vectores energéticos que realmente se producen dentro del ámbito nacional y no requieren importación para ello”, ha señalado.
Souchet ha destacado además que el biometano permite avanzar en la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como la cerámica, la siderurgia o el transporte pesado, aprovechando las infraestructuras gasistas ya existentes. También ha subrayado su impacto sobre el desarrollo rural y la economía circular. “Todo este potencial podría movilizar hasta 40.000 millones de euros de inversión y unos 60.000 empleos estables en lugares de España donde hace falta este empleo”, ha afirmado.
En la misma línea, Miguel Mayrata, director general de Redexis Renovables, ha advertido de que el desarrollo del sector avanza en España a un ritmo muy inferior al de otros países europeos. “Hace cuatro años había una planta que inyectaba biometano en la red. Hoy hay 25. El ritmo es exasperadamente lento”, ha lamentado. Como contraste, ha recordado que en Francia “se están inaugurando dos plantas de biometano a la semana”.
Mayrata ha insistido en que existe una cartera madura de proyectos y abundante materia prima para sostener el crecimiento del sector. “Estamos hablando de 177 millones de toneladas de residuos al año que podrían tener capacidad para generar biometano”, ha explicado. Sin embargo, ha atribuido la lentitud del despliegue a la falta de incentivos y a los retrasos administrativos. “Tres, cuatro o cinco años de tramitación son absolutamente inasumibles”, ha asegurado.
El responsable de Redexis también ha criticado que España produzca biometano para exportar sus beneficios ambientales a otros países. “Se dará la paradoja de que España producirá el gas renovable y quien desfosilizará serán industrias o sectores del norte de Europa”, ha señalado, reclamando mecanismos similares a los existentes en Francia o Italia para impulsar el consumo nacional.
Desde la óptica de los grandes consumidores industriales, Manuel Breva, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), ha destacado que el biometano será una herramienta esencial para la descarbonización de la industria cerámica. “Pensamos que en un futuro un sector como el nuestro lo va a jugar con un mix de distintas tecnologías, con lo que por supuesto el biometano va a ser un agente principal”, ha afirmado.
Breva ha recordado que el sector cerámico de Castellón consume por sí solo el 8% del gas natural industrial de España y que se enfrenta a procesos de difícil electrificación por las elevadas temperaturas requeridas. Tras analizar distintas alternativas tecnológicas, ha asegurado que el biometano presenta una ventaja fundamental: “Estamos hablando de la misma molécula y a nivel de infraestructuras se pueden utilizar las mismas infraestructuras actuales”.
No obstante, ha advertido de que para que esta solución sea viable deben cumplirse tres condiciones. “Necesitamos disponibilidad, competitividad y seguridad jurídica”, ha resumido. En este sentido, ha alertado de que unos costes energéticos elevados podrían afectar a la competitividad internacional de la industria española y favorecer procesos de deslocalización.
Por su parte, Antonio Liébana, director de Desarrollo de Economía Circular de Urbaser, ha puesto el foco en el papel estratégico de los residuos como materia prima para el desarrollo del biometano. Ha identificado tres grandes fuentes de potencial: la fracción orgánica de los residuos urbanos, los residuos agroganaderos y agroindustriales, y el biogás procedente de vertederos.
“La fracción orgánica de residuos sólidos urbanos la vemos a medio plazo como el flujo más estratégico”, ha indicado, aunque ha reconocido que todavía existen desafíos relacionados con la recogida selectiva y la calidad de los residuos. A corto plazo, ha considerado prioritario adaptar infraestructuras ya existentes. “Lo más inmediato es adaptar las plantas que ya tenemos. Requieren plazos menores, menor inversión y ya tienen ganada esa fricción social y administrativa”, ha explicado.
Liébana también ha defendido la necesidad de contratos estables para garantizar el suministro de residuos. “Sin acuerdos contractuales de diez o quince años no hay un business case que soporte un proyecto”, ha afirmado. Asimismo, ha reclamado una regulación que facilite el uso del digestato como fertilizante. “Necesitamos una regulación que no solo controle, sino también que agilice y favorezca el uso de ese digestato como producto y no como un residuo”, ha señalado.
Desde la perspectiva tecnológica, José Vicente Sánchez, Leader CoE Carbon Neutrality de Nippon Sanso, ha asegurado que los retos técnicos ya no son la principal barrera para el desarrollo del sector. “Retos tecnológicos hay algunos, pero no son los más importantes”, ha afirmado.
Sánchez ha explicado que las tecnologías de separación de gases están plenamente maduras y que las innovaciones actuales se centran en optimizar los procesos mediante inteligencia artificial y herramientas de simulación. “Disponemos de gemelos digitales capaces de predecir cómo podemos pasar de una receta de feedstock a una huella de carbono final del biometano obtenido”, ha indicado.
Asimismo, ha destacado soluciones como los denominados “gasoductos virtuales”, basados en el transporte de biometano comprimido o licuado para conectar centros de producción alejados de la red gasista. En su opinión, los principales sobrecostes proceden de los retrasos administrativos. “Se tarda más en tramitar que en construir”, ha resumido.
Uno de los aspectos más debatidos durante la sesión ha sido la aceptación social de los proyectos. Sobre esta cuestión, Souchet ha defendido que la integración territorial debe abordarse desde las primeras fases. “La clave es que el proyecto se integre en el territorio y no que el territorio se adapte al proyecto”, ha afirmado.
El responsable de Moeve ha explicado que la construcción de la licencia social exige diálogo permanente con ayuntamientos, agricultores, ganaderos y asociaciones locales. “La licencia social no es un acto puntual, es una relación que hay que cultivar”, ha señalado. Ante posibles rechazos vecinales, ha apostado por la escucha activa y la adaptación de los proyectos a las necesidades locales. “Lo primero es escuchar y entender qué hay detrás de las quejas”, ha apuntado.
Durante las conclusiones finales, los participantes han coincidido en que la simplificación administrativa es la medida más urgente para evitar que España pierda una oportunidad estratégica. “Hay hambre de proyectos, hay ganas de invertir y hay mucho potencial; falta facilitar esa parte de permisos”, ha resumido Liébana.
Mayrata ha insistido en la necesidad de entender las plantas de biometano como instalaciones de tratamiento de residuos además de infraestructuras energéticas. “Las plantas de biometano no son plantas energéticas, se autorizan ambientalmente como centros de tratamiento de residuos y como tal tienen que entenderse”, ha señalado.
Souchet ha reclamado “tramitación ágil, certidumbre regulatoria y señales de demanda que den certidumbre a los proyectos”, mientras que Breva ha lanzado un mensaje directo a las administraciones: “Si se quiere industria en España, nos van a tener que dar facilidades para poder estar aquí”.
La mesa, moderada por Pedro Marín, presidente de Inerco y del Clúster Andaluz de Biometano, ha concluido con una idea compartida por todos los participantes: España dispone de recursos, tecnología, industria e interés inversor suficientes para liderar el desarrollo del biometano en Europa, pero el éxito dependerá de la capacidad para eliminar barreras regulatorias y acelerar la ejecución de los proyectos antes de 2030.
