El diagnóstico del documento señala que las tarifas industriales españolas, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019. Una vez incorporada la fiscalidad, España presenta una desventaja significativa frente a socios europeos como Francia y Alemania. Según el informe, el coste final para la industria electrointensiva española (58,78 €/MWh) supera en un 267% al francés y en un 136% al alemán, comprometiendo directamente la competitividad de sectores estratégicos como la siderurgia, la automoción, el cemento, la química o la alimentación.
Ante este escenario, la Alianza propone cinco medidas concretas. La primera es la eliminación total o gradual hasta 2030 del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que actualmente grava con un 7% los ingresos por generación. Su supresión generaría un ahorro de entre 3 y 6 €/MWh para 2030 y beneficiaría a todos los consumidores industriales.
La segunda consiste en ampliar la base de beneficiarios de la bonificación del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Actualmente restringida a unos pocos sectores, la Alianza propone rebajar el umbral de consumo eléctrico exigido del 5% al 3% del valor de la producción y permitir el acceso a toda la industria manufacturera que suscriba compromisos acreditables de eficiencia energética, alineándose así con la normativa europea.
En tercer lugar, el informe reclama integrar los costes de los servicios de ajuste y restricciones técnicas (RRTT) en los peajes de acceso, como ya ocurre en la mayoría de los países europeos. Actualmente, estos costes se trasladan directamente al precio de la energía con elevada volatilidad, y han experimentado un incremento del 324% desde 2019, situándose en 17,06 €/MWh a cierre de 2025.
La cuarta propuesta busca consolidar de forma permanente la reducción estructural del 80% en los peajes de acceso para los consumidores electrointensivos, evitando las prórrogas anuales que generan incertidumbre y dificultan la planificación de inversiones en electrificación y descarbonización.
Finalmente, la quinta idea aboga por garantizar la aplicación efectiva de las compensaciones por CO₂ indirecto hasta los máximos autorizados por el marco europeo (75%-80%), dotándolas de presupuesto suficiente y permitiendo destinar a este fin al menos el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión. La Alianza estima que serían necesarios 1.000 millones de euros anuales para equiparar la industria española a la francesa o alemana.
Competitividad
Según los cálculos de EY, la aplicación conjunta de estas cinco medidas permitiría reducir el precio final industrial entre un 10% y un 30%, acercándolo a los niveles de competitividad europeos. Esa horquilla depende del tipo de industria pues la tarifa varía dependiendo de la tensión contratada. El impacto en la tarifa 6.4 (electrointensiva) sería especialmente significativo, pasando de los actuales 58,78 €/MWh a una horquilla muy inferior.
Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, ha subrayado durante la presentación del informe que “la energía asequible no es solo una cuestión técnica o coyuntural, es un elemento central de la política industrial. Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible”. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido que “las medidas puntuales o temporales no son suficientes” y ha defendido que las reformas deben consolidarse con carácter estructural.
La Alianza ha valorado positivamente el Real Decreto-ley 7/2026 aprobado por el Gobierno, que ha permitido aliviar de forma temporal la factura eléctrica industrial, pero insiste en que “las soluciones temporales ya no son suficientes”. España cuenta con una ventaja competitiva clave gracias a su potencial renovable, pero el reto, según Reinoso, “es lograr que esa ventaja se traslade de forma efectiva a precios eléctricos competitivos. Si somos capaces de hacerlo, España podrá consolidarse como un polo de atracción industrial en Europa”.
La Alianza está constituida por AICE (combustibles), ANFAC (automoción), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia). La entidad ha reiterado su disposición a colaborar con los poderes públicos para convertir estas propuestas en medidas normativas concretas.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha intervenido en la presentación institucional del informe elaborado en enero de este año. El acto ha concluido con una breve mesa donde han participado representantes de las industrias agrupadas en la Alianza.
