¿Qué prometen en materia de industria los partidos en sus programas electorales?

Otras medidas lanzadas suenan ambiciosas como la transformación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en una Agencia Industrial Pública que dependa del Ministerio de Industria y no del de Hacienda como en la actualidad. Ciertas ideas son contundentes como la suspensión inmediata y revisión completa del Pacto Verde Europeo.

Abundan, no obstante, las iniciativas continuistas o que intentan paliar objetivos incumplidos como la aprobación parlamentaria de la Ley de Industria, la firma del Pacto de Estado por la Industria por las principales fuerzas políticas o la aceleración en la puesta en marcha de los PERTEs.

Después de leer y comparar cientos de páginas, podemos apreciar una docena de temas coincidentes en casi todos los programas electorales:

1. Fomento de la reindustrialización.
2. Apoyo a la pequeña y mediana empresa.
3. Aumento de la inversión en I+D+i.
4. Desarrollo de la digitalización y las tecnologías disruptivas.
5. Aprobación de la nueva Ley de Industria y crecimiento del peso de la industria en el PIB nacional.
6. Cogobernanza de los PERTEs – PERTEs autonómicos o territoriales.
7. Impulso a la internacionalización.
8. Ventanilla única para proyectos estratégicos.
9. Autonomía estratégica.
10. Apoyo a las empresas scale-ups, es decir, aquellas en clara expansión. El PSOE tiene un programa llamado Scaleup Spain; el PP lo ha bautizado Plan Next35.
11. Descarbonización.
12. Economía circular.

El programa del PSOE para el 23-J, dividido en siete bloques, tiene 272 páginas y en ellas encontramos 47 veces la palabra “industria”. La política industrial se encuentra recogida, principalmente, en el primer bloque, titulado “Una política económica al servicio de la ciudadanía y de un crecimiento económico justo y sostenible”.

En el apartado industrial, Pedro Sánchez maneja una amplia batería de medidas para conseguir nueve grandes objetivos:

1. Generar un entorno más competitivo promoviendo una industria más verde, resiliente, digital e inteligente, alineada con la política industrial comunitaria.
2. Liderar el cambio disruptivo de la industria de manera inclusiva y sostenible, desarrollando ventajas competitivas estructurales para la industria española.
3. Promover la atracción de inversiones industriales basadas en la aportación de valor en colaboración con las distintas administraciones implicadas y sectores representativos.
4. Contribuir a la internacionalización de la industria española.
5. Encabezar, en la Unión Europea, las políticas necesarias para avanzar en el concepto de una autonomía estratégica abierta.
6. Apoyar la formación y capacitación adaptativa del capital humano industrial, con especial atención a la necesidad de formación a los profesionales vinculados a la cadena de valor de las energías renovables.
7. Promover la economía circular en la industria, para contribuir con la urgente y necesaria transición energética y cumplir con los objetivos comunitarios fijados de neutralidad climática.
8. Estimular el emprendimiento, la innovación y el diseño como palancas de transformación de los sectores industriales.
9. Contribuir a la reducción de los costes logísticos y a la mejora de la eficiencia en el transporte de mercancías.

Las medidas vinculadas con la industria son las siguientes:

• Aprobar la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030, alineada con la de la Unión Europea, para explotar nuestras fortalezas y oportunidades. Estas pasan por nuestro enorme potencial en el ámbito energético, con el despliegue de energías renovables, así como por la ubicación estratégica de nuestro país: entre la UE y el Norte de África y entre el Atlántico y el Mediterráneo. Porque, al mismo tiempo que modernizamos nuestra industria convencional, estamos impulsando la nueva industria del futuro.
• Continuar trabajando en un Pacto global y de Estado por la industria en España, buscando el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Su prioridad es reforzar las capacidades industriales y tecnológicas en todo el territorio, aumentar el peso de la industria en el PIB, apostar por la modernización de nuestro tejido industrial para mejorar su competitividad a través de la sostenibilidad, digitalización e internacionalización, así como apoyarla mediante el diálogo social y la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas.
• Acelerar una propuesta para reformar y aprobar en el parlamento cuanto antes la Ley de Industria, ya que la actual data de 1992, diseñada con todo el sector, los agentes sociales y todas las profesiones implicadas. El objetivo es adaptarla a la realidad industrial y económica actual teniendo en cuenta la doble transición verde y digital, acompañando a las empresas en esta transformación.
• Mantener la colaboración plena con el sector de la automoción, que consideran estratégico para facilitar en España el rápido avance de las tecnologías de baterías y el vehículo eléctrico y conectado, a través de la segunda convocatoria del PERTE VEC.
• Impulsar una reindustrialización estratégica gracias a las posibilidades que ofrece la transición ecológica justa, aprovechando las potencialidades que los empleos derivados de las energías renovables pueden aportar a las comarcas que han experimentado una reconversión del modelo industrial y energético.
• Impulsar la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), así como la creación de un órgano interministerial para su coordinación en forma de Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica. Quiere el PSOE asegurar que nuestro país cuenta con las capacidades industriales para fabricar los productos y servicios esenciales para hacer frente a futuras disrupciones.
• Mantener una apuesta firme por garantizar la protección de nuestros productos industriales y artesanales, apostando por la preservación de las identidades locales, tradiciones y cultura. Esto contribuirá a un aumento de la actividad económica y de la generación de empleo de calidad, especialmente en zonas rurales.
• Desplegar los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación con el fin de impulsar la modernización de nuestra economía y posicionar a España entre los países líderes en los sectores y tecnologías del futuro: vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC); energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (PERTE ERHA); salud de vanguardia; descarbonización de la industria; modernización de la industria naval, agroalimentaria y aeroespacial; impulso al ecosistema empresarial de semiconductores y microprocesadores (PERTE CHIP); digitalización del ciclo del agua; economía circular; nueva economía de la lengua y de economía social y de los cuidados.
• Seguir impulsando la atracción de inversiones extranjeras productivas y proyectos estratégicos, especialmente en el ámbito verde y digital. Desarrollar instrumentos de coinversión y crear una ventanilla única para agilizar el despliegue de los proyectos estratégicos, de manera compatible con los objetivos de transición energética y la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico.
• Crear el Consejo Nacional por la Productividad para profundizar en el análisis y estimación del impacto sobre la productividad y contribuir así a la evaluación de las reformas de forma coordinada con los distintos organismos de evaluación de políticas públicas.
• Seguir impulsando la agenda de transformación digital, mediante la colaboración público-privada, con el fin de apoyar la inversión productiva y la modernización del conjunto de la economía, mediante la digitalización de las pymes, las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía, y la integración de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías en los procesos productivos.
• Impulsar la autonomía estratégica de España y Europa. Culminar los PERTEs, apoyando la participación activa de pymes y autónomos, con el fin de disponer de ecosistemas empresariales resilientes en todo el territorio que contribuyan a la industrialización estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, de seguridad y defensa, tecnológico y digital.
• Seguir impulsando los proyectos emblemáticos para posicionar a España a la vanguardia en nuevas tecnologías disruptivas, como la computación y comunicaciones cuánticas, la neurociencia y neurotecnologías, la inteligencia artificial, los algoritmos verdes, el diseño y fabricación de semiconductores o el desarrollo de la nueva economía de la lengua.
• Poner en marcha la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con el fin de disponer de una autoridad para garantizar la protección de los derechos y valores democráticos, así como el alineamiento de los algoritmos con las exigencias del Reglamento Comunitario de Servicios Digitales.
• Impulsar el desarrollo de la tecnología 5G para que pueda desarrollarse la industria 4.0 en todo el territorio, así como la investigación y el desarrollo de la tecnología 6G.
• Reforzar la ciberseguridad en el ámbito público y privado con el fin de proporcionar un entorno fiable y de confianza para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
• Ampliar el programa Kit Digital ya existente para poder impulsar la digitalización de las pymes de más de 50 trabajadores y autónomos. Seguir impulsando la digitalización de las pymes y autónomos, extendiendo el programa Kit Digital a empresas de más de 50 trabajadores, impulsando el desarrollo de clústeres, centros de innovación digital (Digital Innovation Hubs) y Asociaciones de Empresas Innovadoras (AEI), así como los programas de formación de directivos y autónomos, con el fin de promover las redes de colaboración entre empresas, claves para aumentar la productividad a través de la innovación
• Apoyar la internacionalización de las empresas y el desarrollo de los instrumentos de financiación bancarios y no bancarios con el fin de impulsar el acceso de las empresas españolas a los principales mercados de capitales internacionales y el aumento de su cuota de mercado en el ámbito mundial.
• Acompañar a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos, en el proceso de proceso de transición ecológica y de adaptación e incorporación de las nuevas reglas europeas en materia verde y digital. Seguir apoyando con financiación pública las inversiones necesarias para la adaptación a los requisitos normativos, la incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de los procesos empresariales.
• Desarrollar todos los mecanismos e instrumentos de la Ley de Startups, aprobada en diciembre de 2022, para situar a España como un referente en emprendimiento y facilitar la atracción de nuevas inversiones a sectores de futuro.
• Proporcionar apoyo financiero a las pymes innovadoras y startups tecnológicas, desde su creación hasta su fase de crecimiento y escalamiento, ya sea con participación en el capital o mediante préstamos participativos u otros instrumentos financieros para pymes viables e innovadoras, tanto en su fase de creación como en fase de crecimiento. En particular, crear un fondo de apoyo financiero a la transición verde y digital, así como a las pequeñas y medianas empresas. También desplegaremos el programa Scaleup Spain, con el fondo de escalado de empresas tecnológicas Next Tech, que está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como participar en las iniciativas europeas como la European Tech Champions Initiative gestionada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
• Impulsar la competitividad de las empresas europeas y la autonomía estratégica apoyando las mejoras del marco de ayudas de estado, la protección del buen funcionamiento del mercado interior, la reforma del mercado energético europeo, el avance tecnológico en el ámbito verde y digital y el impulso de capacidades en el ámbito de la ciberseguridad y la industria de defensa.
• Proseguir con las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para apoyar al sector agroalimentario en la necesaria transición ecológica y digital, para que las innovaciones lleguen a todas las explotaciones agrarias, también las pequeñas y medianas, y las industrias agroalimentarias. En este sentido, sacar también una nueva convocatoria de ayudas para industrias alimentarias dentro del PERTE Agroalimentario.
• Seguir avanzando para lograr la conectividad digital en 100% del territorio, acorde a las aplicaciones del sector agroalimentario, como el Internet de las Cosas o la industria 4.0 y la conexión digital para el 100% de la población en 2025, generando oportunidades para el medio rural.
• Continuar impulsando el desarrollo de la industria española de Defensa, asegurando así nuestra autonomía estratégica, en ámbitos innovadores, en el I+D+i, cada vez con un carácter más dual, y en la generación de productos con alto valor añadido y empleo cualificado.

PROGRAMA PP

La palabra “industria” aparece en 15 ocasiones en el programa del Partido Popular que lleva por título “Un proyecto al servicio de un gran país”, de 112 páginas. El documento está organizado en cinco grandes bloques, cada uno con sus objetivos y propuestas. En total las propuestas son 365.

El PP parte de la necesidad de potenciar el sector industrial que “da ventajas competitivas” a España en el seno de la Unión Europea y en los mercados internacionales. Quiere la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo aprovechar el efecto transformador de los fondos europeos en la industria para generar el 20% del PIB español.

Se compromete a frenar el exceso de regulación y a garantizar la competencia con la unidad de mercado, reduciendo “la fragmentación normativa” y eliminando “barreras injustificadas a las empresas, a través de la racionalización de la normativa autonómica y la promoción del reconocimiento mutuo de permisos y licencias en todo el territorio español”.

Además, fomentarán el crecimiento de las pymes mediante la moratoria o la implementación de manera diferida de las obligaciones fiscales y laborales “que desincentivan el crecimiento al superar ciertos umbrales”

La internacionalización, presente en prácticamente todos los programas, no es una excepción en el caso del PP. “Realizaremos reformas para mejorar la eficacia de los instrumentos de crédito directo, incrementaremos el alcance del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, y se reforzará el seguro por cuenta del Estado sobre garantía de inversiones en el exterior. Dinamizaremos las oficinas comerciales de las embajadas, especialmente en los principales mercados internacionales”, dice el documento a propósito de ello.

Una propuesta interesante es la creación del Plan Next35, para apoyar de forma individualizada las scale-ups o empresas en expansión “llamadas a convertirse en las grandes creadoras de empleo del futuro”.  “Facilitaremos el desarrollo de la industria de capital riesgo nacional y promoveremos instrumentos que faciliten la transferencia de conocimiento desde la Universidad y los centros de investigación a las empresas”, dice el texto.

En relación con eso, el programa popular recoge el compromiso de elevar la inversión en I+D+i, para facilitar la transferencia de conocimientos con las empresas, desarrollar la carrera profesional del investigador, diseñar mecanismos para atraer el talento internacional y el retorno del talento español, y reforzar puentes entre la ciencia y las empresas para que las patentes españolas no emigren al extranjero.

El documento apuesta claramente por la reindustrialización “potente factor de creación de empleo, de innovación y de competitividad. Es una de las claves de nuestro futuro como país, en línea con las prioridades que ha asumido el conjunto de la Unión Europea”.

“Para potenciar el peso de la industria en nuestra economía –continúa el programa–    proponemos una Estrategia Nacional de Reindustrialización y un Plan Estratégico para la Industria. En este sentido, queremos aprovechar mejor los Fondos de recuperación de la Unión Europea, que no están llegando a la economía real por la incapacidad del actual Gobierno”.

El PP hará una auditoria y evaluación sobre la gestión de los fondos europeos para conocer el verdadero estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados, los problemas que han dificultado su ejecución, la coordinación entre administraciones públicas o los recursos y el personal destinado para su gestión.

En línea con eso, pondrán en marcha la cogobernanza de los fondos procedentes de Bruselas, una reclamación muy extendida entre los gobiernos regionales. La idea es coordinar la planificación y gestión, el diseño de convocatorias y la consecución de hitos y objetivos con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. “Además, crearemos un órgano asesor para la mejor orientación de los fondos europeos con la participación del sector privado. En favor de la transparencia y en cumplimiento del Reglamento de estos fondos, publicaremos los datos de ejecución final y haremos que la plataforma digital sea verdaderamente interoperable y accesible”, reza el programa.

En este capítulo, verdaderamente ambicioso, anuncian medidas específicas para agilizar la ejecución de los fondos y “su llegada a la economía real”. Estas son las propuestas:

1. Aplicar incentivos y las bonificaciones fiscales.
2. Generalizar la declaración responsable como vía de acceso a los fondos.
3. Incrementar los anticipos y mejorar garantías y avales.
4. Ampliar los plazos de las convocatorias y las opciones de participar en los programas.
5. Facilitar el acceso a la información y las convocatorias a través de asesoramiento a empresas, pymes y autónomos.
6. Agilizar la publicación de las convocatorias de los PERTEs, incorporando las mejoras necesarias y recuperaremos las manifestaciones de interés enviadas por comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas.
7. Diseñar PERTEs territorializados con las consejerías competentes para apostar por inversiones que sean realmente demandadas por el tejido productivo y que tengan un verdadero carácter transformador.

Resalta la creación de una Oficina de Proyectos Industriales Estratégicos (OPIE) para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión. La OPIE designará un agente facilitador para cada proyecto, ejerciendo funciones de apoyo y asesoramiento para su diseño, tramitación, monitorización y puesta en marcha, así como la coordinación con el resto de administraciones.

Por áreas industriales determinadas, el futuro Gobierno del PP se ocuparía de promover una estrategia industrial y tecnológica para los sectores aeroespacial y defensa “con el fin de clarificar las tecnologías y los activos con visión de medio-largo plazo (10/15 años), coordinando efectivamente su implementación por el Ministerio de Defensa”.

También se propone impulsar un Plan de Automoción España 2030, “recuperando la Mesa de Automoción que el Gobierno ha abandonado, dirigido a potenciar el proceso de progresiva descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público, la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil y otras medidas de producción industrial”.

El impulso a la Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC), ya existente y promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ocupa un lugar en las medidas previstas por el PP, con el objetivo de mejorar “la coordinación de la legislación estatal y autonómica en esta materia y garantizando la competitividad de las empresas españolas, en un marco de cogobernanza con las Comunidades Autónomas, y buscando la neutralidad tecnológica”.

Lo mismo se puede decir del desarrollo de planes estratégicos para la industria agroalimentaria y de incentivar la industria de defensa. O del desarrollo del hidrógeno verde como vector energético y de almacenamiento, utilizando “nuestra ventaja competitiva en energías renovables”.

Feijóo promocionará la electrificación y la descarbonización de la economía, fomentando el almacenamiento de energía renovable “mediante un mecanismo de capacidad y condiciones flexibles de acceso y conexión”. Y apoyará la de sectores difícilmente electrificables, como el cerámico. Para ellos impulsarán el biogás, el biometano, los ecocombustibles y la biomasa, “para una gestión más sostenible de nuestros residuos”.

PROGRAMA VOX

El listado de propuestas de Vox, “Un programa para lo que importa”, donde la palabra “industria” aparece 20 veces, tiene 178 páginas y 20 apartados. “La reindustrialización y la soberanía energética” ocupa el 13º capítulo. En su preámbulo, el partido de Santiago Abascal asegura que una “estricta regulación nacional y europea” “asfixia” la industria española. Y defiende un modelo de soberanía energética que “permita el acceso a fuentes de energía baratas, sostenibles, eficientes y limpias con precios asequibles para familias y empresas”. De hecho, plantea que los españoles decidan sobre su futuro modelo energético, “en virtud del artículo 92 de la Constitución”, es decir, mediante un referéndum consultivo.

“Hay que reindustrializar España. Vamos a proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España y apoyaremos la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas”, sostiene Vox. Y a continuación se comprometen a impulsar “una Ley de Industria para potenciar la reindustrialización de España y que garantice la producción industrial como forma de generar riqueza y empleo; todo ello mediante la creación de condiciones favorables para la industria que eviten la deslocalización, la competencia desleal o los condicionantes a la producción impuestos desde fuera”.

En el marco normativo, la formación sostiene que elaborarán y ejecutarán una Estrategia Industrial para España; que fomente “cadenas de suministro seguras, sobre todo, en sectores estratégicos y con acuerdos bilaterales con naciones aliadas y fiables, para el beneficio recíproco de sus economías”.

VOX afirma que detendrá el “cierre súbito” de plantas industriales y energéticas provocado “por las imposiciones de la nueva religión climática”. Y aboga por “adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles y pensando en el interés nacional”.

En concreto, apuesta por la revitalización de la industria del automóvil y de partes y componentes, “a fin de asegurar la posición dominante de España en el sector, garantizando la convivencia natural de todos los vehículos, de combustión, eléctricos e híbridos” y por “la suspensión inmediata de la prohibición del motor de combustión para 2035” en Europa, es decir, por detener los plazos de la transición energética

No olvida VOX referirse a acometer “inversiones para la mejora de la logística y del transporte y en las comunicaciones de la actividad industrial” para garantizar que la distribución de los productos nacionales por los distintos puntos de España y del extranjero “se haga de manera eficaz y segura” para los trabajadores. También apoya la relocalización de la industria manufacturera en territorio español, a la industria agroalimentaria nacional y la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar, “para hacer posible el equilibrio entre la producción tradicional y la incorporación de mejoras tecnológicas”.

Otra propuesta recogida en su programa electoral apunta a fortalecer la industria tecnológica sanitaria y farmacéutica. “Reforzaremos la AEMPS, acabando con el infierno burocrático y el caos normativo autonómico, que expulsan a nuestras industrias y disuaden la inversión industrial en España”, añade el documento en alusión a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En el capítulo de Defensa, habla de dotar “adecuadamente los programas de modernización para las Fuerzas Armadas, impulsando el desarrollo y la contratación de servicios e industria nacional de Defensa en los ámbitos terrestre, naval, aeronáutico, espacial y de inteligencia”.

Finalmente, persigue el impulso de un Plan Nacional de Soberanía Energética “para asegurar que los recursos energéticos de que dispone España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo”.

Al hablar de las medidas “más destacadas” en materia de industria y Energía cita, precisamente, una proposición no de ley (PNL) para la inclusión del concepto de soberanía energética y la reversión de la prohibición de exploración, investigación y explotación de los recursos propios, minerales y energéticos de España. VOX considera “delirante” la actual Ley de Cambio Climático y quiere la “suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde Europeo”.

Otra PNL, registrada en julio de 2022, solicitaba paralizar el desmantelamiento de las centrales energéticas, térmicas o nucleares, e impulsar el desarrollo de las infraestructuras e instalaciones necesarias de todas las fuentes de energía posibles.

También presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley “para la puesta en marcha de un Plan de Reindustrialización en España con el objetivo de que el sector industrial supere con amplitud el 20% de nuestro PIB y mantenga los empleos estables y de calidad ligados a la industria mediante la simplificación administrativa, ayudas del Estado, inversión en I+D+i y la Formación Profesional”.

PROGRAMA SUMAR

“Un programa por ti”. Ese es el nombre del documento de propuestas de Sumar, de 185 páginas de extensión, donde la palabra “industria” surge en 28 ocasiones. El programa está estructurado en cinco bloques. El sector industrial está enmarcado en el primero de ellos: “Economia”. El capítulo IV de ese bloque se titula “Política Industria para la transición energética y el empleo”.  

En el área estrictamente industrial, Sumar despliega nueve grandes ejes:

1. Impulsar una política industrial para la transformación económica.
2. Promover un proceso de reindustrialización en España y de aumento del empleo de calidad mediante el impulso de la transición energética, en el actual contexto de revisión de la globalización. “
3. Implementar un plan nacional de transición energética.
4. Gobernar la digitalización.
5. Industrializar la transición verde y digital.
6. Introducir, de forma efectiva, del principio de autonomía estratégica en las decisiones de política industrial, no solo en situaciones de crisis, sino de modo estructural.
7. Crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE).
8. Transformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en una verdadera Agencia Industrial Pública.
9. Incentivar la economía circular.

La formación política capitaneada por Yolanda Díaz considera que “la industria es un vector de desarrollo económico”. Con esta premisa en mente, según recoge el documento programático, “la reindustrialización buscará la diversificación económica de todos los territorios”. Se institucionalizará, añade, un sistema de gobernanza que asegure la coordinación permanente de todos los agentes y la coherencia del conjunto de políticas públicas en torno a los propósitos últimos que se establezcan. “Y se implementará la condicionalidad quid pro quo en las ayudas e inversiones públicas que se pongan en marcha, para exigir a las empresas perceptoras el desempeño de actuaciones social, fiscal y medioambientalmente responsables, entre las que se incluirá el mantenimiento del empleo y la inversión a largo plazo, el cumplimiento de estándares de sostenibilidad y la implementación de planes de igualdad”.

“Con la política industrial adecuada, España puede ofrecer, a industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido (energía solar, eólica terrestre o hidrógeno verde)”, explica Sumar. “Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados —y fallidos— de competir mediante devaluaciones salariales, y convertirá a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad más que un exportador de energía barata. Este proceso se hará asegurando el equilibrio territorial, de forma que no haya territorios que contribuyan a la producción de energías renovables sin beneficiarse al mismo tiempo de las ventajas de la industrialización y la creación estable de buenos empleos”.

Para reducir drásticamente las emisiones de CO2 y la dependencia externa de los combustibles fósiles, para democratizar el sistema de producción y distribución energética y para abaratar los precios de la energía, Díaz propone aislar térmicamente 500.000 viviendas al año, aprobar una Ley de Tejados Solares, reforzar la inversión en energías renovables y facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales.

“La descarbonización de la industria es una oportunidad de innovación que aumentará su competitividad”, sostiene Sumar. Y para ello apuesta por:

• Fomentar las inversiones en eficiencia energética, reduciendo y optimizando el consumo de gas natural en los diversos procesos industriales.
• Establecer criterios de compra pública para productos que tienen alternativa de producción descarbonizada (por ejemplo, el acero).
• En colaboración con los sectores industriales, invertir en I+D+i para la descarbonización de los procesos industriales.
• Elaborar una hoja de ruta de demanda del hidrógeno específicamente para la industria española que ayude a planificar las inversiones de manera eficiente y realista.

Con respecto a la digitalización, Sumar está convencido de que “la revolución digital en marcha va a suponer un importante vector de aumento de la productividad gracias a la eliminación de intermediarios y la sustitución de trabajos físicos, repetitivos o formalizables por robots y software de gestión”. Estos incrementos de productividad deben invertirse en facilitar transiciones suaves y justas entre los empleos que desaparezcan y las nuevas ocupaciones que nazcan, sostiene la formación.

En lo referente al principio de autonomía estratégica, Sumar considera, en especial, fomentar la soberanía agroalimentaria nacional, por su papel fundamental dentro de la economía y sus singulares ventajas comparativas.

El nuevo Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán, “será una herramienta fundamental para impulsar la inversión pública y privada en España hacia la modernización económica, en concreto hacia la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales. Será el encargado de canalizar los recursos necesarios para financiar proyectos innovadores y sostenibles en diferentes sectores con el fin de mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país”. Para su financiación, Sumar propone “una simplificación y mejora de la arquitectura financiera pública estatal, partiendo de instituciones ya existentes como ICO, COFIDES, CDTI, ENISA”.

La nueva SEPI o Agencia Industrial Pública dependería del Ministerio de Industria o del Ministerio de Hacienda como ocurre ahora.

PROGRAMA PNV

El programa electoral del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que lleva por título “Con voz propia”, tiene 14 capítulos repartidos por 52 páginas. El término “industria” aparece en ellas en 23 ocasiones.

Estos son los puntos básicos del programa del PNV en cuanto al sector industrial:

1. Configurar la política industrial sobre el eje de la colaboración público-privada. “Las empresas no abordan proyectos de alto riesgo tecnológico y alto impacto industrial porque carecen de músculo financiero para hacerlo (especialmente las pymes) y el sistema financiero tampoco está preparado para impulsar este tipo de proyectos, por eso es necesario el impulso de la administración para traccionar este tipo de proyectos que, a su vez, pueden ayudar a solventar los desafíos futuros”, estima la formación vasca.
2. Impulsar una mayor coordinación en las políticas de industria y energía. “Es necesario que la política energética acompañe al fortalecimiento de la industria y analizar el impacto que las medidas en política energética puedan tener en el precio de los consumidores domésticos, empresas e industria”.
3. Activar la figura del PERTE Regional: para poder canalizar de forma directa a proyectos transformadores en los ámbitos definidos por Europa, que pueden no ser contemplados en las convocatorias de los PERTEs estatales. Se trata de capitalizar recursos a través de las comunidades autónomas para su asignación a proyectos tecnológicos e industrialización, así como diversificación para las empresas.
4. Impulsar la coordinación, el diseño, ejecución y seguimiento de las iniciativas de los PERTE junto con las comunidades autónomas, sectores y empresas implicadas en cada ámbito (colaboración público-privada).
5. Defender, en su caso, una Ley de Industria acorde y respetuosa con las competencias que ostentan las comunidades autónomas en materia de industria.
6. Apuesta por la I+D+i. Impulso a la transformación digital de la industria y pymes, mediante la implantación de soluciones tecnologías digitales y sostenibles para avanzar hacia la industria Inteligente que permitan hacer frente a los retos del presente y futuro. Impulsar la adhesión a la Patente Europea con efecto unitario. En una economía del conocimiento, en la que existen numerosos conceptos intangibles, saber quién es quién con un sólido sistema de propiedad intelectual e industrial es indispensable. Por ello, debe superarse el obstáculo que a su adhesión plantea España en cuanto a la lengua de uso.
7. Cogeneración industrial. Mejorar las condiciones económicas para activar su funcionamiento, ya que es un sector clave para la descarbonización de la industria.
8. Protección de la competitividad de las empresas industriales. Apoyar la aprobación de la normativa de ajuste de carbono en frontera europea, establecer un marco temporal de precios energéticos máximos subvencionados ante la perspectiva de precios futuros altos, fijar de forma permanente la normativa de ayudas de Estado para afrontar de forma inmediata los momentos de graves crisis energéticas.
9. Ciberseguridad. En el campo industrial, impulsar el esfuerzo en la economía de los datos y ayudar a las empresas a usar esta tecnología para evolucionar hacia una economía y una industria más tecnológica, robotizada y automatizada, en la que el uso de la inteligencia artificial, soportada en algoritmos y en computación de los datos será la clave para el futuro. Ante la aplicación y utilización masiva de nuevas tecnologías en las organizaciones y en la vida personal, la preocupación por la ciberseguridad se hace cada vez más relevante. La interconexión de dispositivos y objetos a través de una red es cada vez mayor. Por ello es necesario seguir promoviendo una cultura de ciberseguridad, dinamizar la actividad económica relacionada con su aplicación y fortalecer el sector profesional.
10. Internacionalización. Fomentar la apertura de nuevos mercados. Fomentar planes de acompañamiento en el proceso de internacionalización (estudios de implantación, estudios de mercado, planes de viabilidad, modelos de gestión…). Impulsar programas de financiación para la internacionalización. Fomentar la cooperación entre empresas con vocación de internacionalizarse. Reforzar los instrumentos de defensa comercial de forma que se garantice el acceso a los mercados exteriores y se evite la competencia desleal de las importaciones. Creación de consorcios en origen y en destino.

PROGRAMA ERC

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) dedica un capítulo a la industria, pero este está oculto en el apartado “Economía” y ni tan siquiera aparece reflejado en el índice de subtemas. El programa electoral consta de 132 páginas, y la palabra “industria” aparece en 19 ocasiones. Estas son las medidas que promueve ERC en el ámbito industrial:

• Incrementar los instrumentos de inversión y conversión pública en empresas Deep Tech, basadas en descubrimientos científicos y tecnológicos punteros.
• Exigir una mayor participación de la Generalitat de Cataluña en la ordenación de los procesos de reindustrialización.
• Aumentar los recursos para la formación profesional online con las nuevas revoluciones industriales, la digitalización, la ciberseguridad y la electrificación del transporte. También apostar por el reciclaje profesional y la adquisición de nuevas competencias profesionales.
• Apostar por la digitalización del sector industrial y empresarial, impulsando nuevos sectores económicos a la vez que se apoyen los procesos de transformación digital de las empresas ya existentes.
• Fomentar la inversión en las mejores técnicas disponibles para aumentar la competitividad del sector industrial, a la vez que contribuir a alcanzar los objetivos en materia de transición energética de mayor eficiencia y menores emisiones. Fomentar la cogeneración y el agua regenerada para paliar los efectos de la crisis energética y la sequía.
• Establecer un marco jurídico y normativo para un buen desarrollo de una red de infraestructuras de puntos de recarga de vehículos eléctricos y de hidrógeno, alineados con los objetivos de la Unión Europea.
• Facilitar la transición verde de las pymes, adaptando la regulación a su singularidad.
• Exigir al Estado una gestión de los fondos europeos Next Generation más descentralizada y adaptada a las necesidades de los territorios. Asimismo, garantizar que el Estado corrija las ineficiencias en el mecanismo de distribución de los fondos a fin de no perder el potencial transformador de estos recursos y asegurar su acceso a las pymes.
• Incentivar el emprendimiento femenino para eliminar el techo de vidrio y la brecha de género en el ecosistema empresarial.
• Garantizar la segunda oportunidad a empresarios y empresarias.
• Reclamar el pleno reconocimiento de la banca pública de Cataluña para garantizar el acceso al crédito de las pymes.
• Impulsar medidas que mejoren el acceso de las pymes a la contratación pública.
• Reservar para las pymes un mínimo del 30% de los fondos, créditos y subvenciones destinados a las empresas, como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), los de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por poner tres ejemplos.