Tal y como expuso en la citada carta el presidente de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve, el desabastecimiento de suministros en el ámbito del metal no se circunscribe únicamente al tema de los semiconductores en automoción, sino que abarca ya a multitud de segmentos dentro del metal como la aeronáutica, el sector de elevación, los fabricantes de maquinaria industrial, los instaladores especializados en automatización industrial, los talleres de reparación…, y a una amplia variedad de materiales con los que se trabaja en estas empresas.
Ante tales circunstancias y en previsión de que esta crisis siga su escalada hasta bien adentrado el año 2022, FEDEME demanda que el Gobierno andaluz empiece a mover ficha lo antes posible para evitar que las empresas del metal, especialmente las pymes y micropymes, las más afectadas por esta crisis al tener menor capacidad de negociación con sus proveedores, cuenten con mecanismos que les ayuden a afrontar con mayor solvencia esta difícil situación.
Por otra parte, y ante el temor de que esta situación termine provocando el cierre de negocios y la consiguiente destrucción de empleo que ello acarrearía, desde FEDEME se propone que las empresas afectadas por tales condiciones puedan acogerse a los ERTES COVID, teniendo en cuenta, además, que estas circunstancias han sobrevenido a raíz de la pandemia.
Como consecuencia de ello, y dado que, como se apuntaba anteriormente se prevé que esta crisis se agrave aún más en los próximos meses, la Federación conmina al Gobierno a trabajar en una nueva prórroga de estos ERTES, a partir del 28 de febrero de 2022.
Actuar en el plano fiscal
Asimismo, como mecanismo de apoyo y para amortiguar los desastrosos efectos que esta crisis puede generar en las empresas, en la que hay que considerar como un factor de desestabilización más los inasumibles incrementos energéticos, FEDEME exige actuar con previsión sobre el terreno fiscal, en línea con las propuestas defendidas en los últimos meses desde distintos frentes económicos y empresariales y que pasarían por la retirada definitiva del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE) y del impuesto especial sobre la electricidad (IEE).
El tipo impositivo del IVPEE es del 7%, y aunque es un impuesto que deben pagar las empresas productoras, se repercute finalmente a los usuarios en sus facturas. Actualmente este impuesto está suspendido durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021, pero habría que plantear su supresión final. Igual sucede en el caso del IEE, un impuesto que sí repercute de forma íntegra en los consumidores y que pese a estar fijado en el 0,5% hasta el 31 de diciembre de 2021 (del 5,1% original), no tiene sentido mantener en la coyuntura actual, estima FEDEME.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa hoy en casi 200 euros el megavatio/hora, casi quintuplicando el importe que marcó durante el mismo periodo del año pasado (43,30 euros). Esta escalada imparable ha llevado a que las empresas, tal y como ha podido constatar FEDEME a través de sus asociados, estén pagando más del doble por la luz que consumen en comparación con el ejercicio 2020.
“Desde nuestra Federación consideramos que esta batería de medidas resultaría, a corto y medio plazo, el apoyo más efectivo al sector en las circunstancias actuales, evitándose así la adopción por parte de las empresas de soluciones extraordinarias no deseadas, que finalmente desemboquen en cierre de negocios, con la consiguiente destrucción de empleo”, declaró el presidente de FEDEME.
