Las empresas deben integrar las consideraciones climáticas en sus estrategias de negocio y en sus marcos de toma de decisiones. Algunas compañías ya han comenzado a desarrollar planes integrales para lograr emisiones netas cero e integrar esos planes en sus estrategias empresariales, combinando elementos de “ataque” (como entrar en nuevos mercados, financiar proyectos de I+D o participar en ecosistemas de innovación) y de “defensa” (desinversión de negocios o reacondicionamiento de activos de altas emisiones para reducir sus emisiones). Esa tendencia ineludible tendrá que extenderse al máximo, llegando incluso a las pymes y micropymes, que forman la base del tejido industrial español.
En ese marco de cambo ha nacido el PERTE de la descarbonización industrial, el número 12 hasta el momento, que prevé una inversión pública de 3.100 millones de euros (de los cuales 800 millones de euros tendrán la forma de subvención y otros 1.500 millones se articularán en forma de préstamo, a ejecutar desde el año 2023 en adelante), una inversión total de hasta 11.800 millones y la creación de unos 8.000 puestos de trabajo de calidad.
A este PERTE se presentarán diferentes proyectos para acometer actuaciones en materia de descarbonización de fuentes de energía, gestión energética integral de procesos industriales, captura, almacenamiento y usos del carbono, descarbonización por reducción de recursos naturales e I+D+i, y otros. La meta común, con fecha de 2050, es la neutralidad energética.
industry TALKS ha recabado comentarios sobre este PERTE de las dos centrales sindicales más representativas: CCOO y UGT, así como de siete patronales sectoriales directamente implicadas: ACOGEN (cogeneración), ASCER (cerámica), ASPAPEL (papelera), FEIQUE (química), FEDECON (textil), OFICEMEN (cementera) y UNESID (siderúrgica). Sus testimonios conforman una buena radiografía de las luces y sombras de este Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica.
Las luces se refieren a su oportunidad histórica y a la aplicación de grandes recursos financieros por parte de la Administración pública a través de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). Las sombras afectan a los mecanismos de gobernanza y a los plazos de ejecución.
También hemos podido entrevistar, en exclusiva, al propio comisionado del PERTE de la descarbonización Luis Ángel Colunga, nombrado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de enero. Colunga tiene rango de subsecretario y depende directamente “de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”. Es decir, posee máximo nivel ejecutivo.
Colunga está testando los sectores, hablando primero con las patronales implicadas en el PERTE, y luego con muchas compañías. También con consultoras y otro tipo de entidades que conocen la Administración y a las empresas, porque, para los temas de gestiones, incentivos y ayudas, las compañías suelen contratar a consultoras especializadas. Estas “pueden aportar mucho porque conocen los defectos de otros PERTEs que han salido anteriormente y las necesidades de las compañías”, indicó Colunga. Él está intentando “subsanar y mejorar todo lo que se puede mejorar”, liderando un “proceso complejo” que implica a nueve ministerios.
“Estamos hablando de sectores industriales muy variados que recogen grandes empresas, pero también pymes. Para descarbonizar las pymes, no desde el punto de vista financiero, sino de conocimiento, de I+D, que son un poco más débiles que las grandes que tienen todo tipo de recursos”, explicó. “Para que la descarbonización no sea solo de la empresa tractora sino de todo el tejido industrial en general”, apuntó.
La convocatoria con las bases reguladoras del PERTE se hará pública en verano, según confió el comisionado. “Creo que va a estar en septiembre”, adelantó. “También he observado que las compañías están esperando, pero tampoco hay la urgencia de que saliéramos en marzo o en mayo, porque son procesos y proyectos muy complejos. Este tiempo de espera no les viene mal, por lo que nos están diciendo”, agregó.
Colunga admitió que el plazo de ejecución de los proyectos, que teóricamente concluiría en 2026, es un “problema real”. “Tenemos el modelo del PERTE_VEC [el del coche eléctrico]; la ministra anunció que ya está aprobado por la Comisión Europea el aplazamiento de ejecución de dos años, que finalizaría en 2028. Lo que estamos diciendo a las patronales es: ‘tranquilidad’. Primero vamos a sacar la convocatoria y ya estamos trabajando en paralelo sobre la posibilidad de alargar los plazos que creo es necesario. Creo que lo vamos a conseguir. Ahora es prematuro tener ya la solución”, indicó.
Con respecto a la falta de personal cualificado, Colunga dijo que es un “problema estructural, incluso a nivel europeo”. “Por eso, añadió, uno de los actores en la comisión interministerial es el Ministerio de Educación. Tenemos que hablar de eso, pero quien de verdad conoce las necesidades, los procesos tecnológicos, la cualificación son las empresas”.
El comisionado adelantó que habrá “cientos de proyectos” en el PERTE. En Asturias, por poner un ejemplo, una comunidad industrial con un millón de habitantes, hay 10 empresas que tienen 21 proyectos de descarbonización, excluyendo el de Arcelor-Mittal. Colunga informó de que ya ha mantenido contactos en Galicia, Extremadura, Euskadi, Cataluña y Valencia. La descarbonización, enfatizó, “es una obligación” para las empresas porque, si no la acometen, no sobrevivirán.
La mayoría de los entrevistados aplaudieron la elección de Colunga, dada su dilatada trayectoria profesional. “Es un buen conocedor de la problemática del mundo industrial y en concreto, del subsector más intensivo en consumo de energía, como es nuestro caso. Además, por su trayectoria profesional, conoce bien estos aspectos desde la óptica de la empresa privada y de las instituciones públicas nacionales y comunitarias. Confiamos que este currículo le permita detectar, y valorar, en qué proyectos y sectores deben priorizarse en el contexto de la descarbonización y, por supuesto, que su gestión sirva para agilizar la adjudicación de los fondos”, explicaron fuentes de OFICEMEN.
Desde ASPAPEL, subrayaron el “carácter abierto y dialogador” de Colunga. “Hemos mantenido diversos contactos con él y su equipo en el MINCOTUR y estamos seguros de que ayudará a facilitar una distribución eficiente y provechosa de los fondos del PERTE entre las diferentes empresas y sectores industriales”, indicaron.
Los representantes de FEIQUE, FEDECON y UNESID se sumaron a esas alabanzas, aunque algunos de ellos apuntaron que ahora falta que le doten “de suficiente apoyo técnico y administrativo para que pueda desempeñar bien su trabajo”. Colunga tiene experiencia sindical y en gestión tanto pública como privada. Y ciertamente conoce muy bien las necesidades de las industrias electrointensivas pues trabajó en lo que era antes Ensidesa y ahora es Arcelor-Mittal.
La gobernanza del Plan, uno de los problemas que habrá que solucionar, se articula, por el momento, a través de un grupo de trabajo interministerial liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde participan ocho departamentos más: Educación y Formación Profesional; Hacienda y Función Pública; Presidencia; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ciencia e Innovación; Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Trabajo y Economía Social.
También se ha constituido la Alianza del PERTE de Descarbonización Industrial, un espacio de participación e interlocución con el sector privado que facilite la generación de sinergias para profundizar en la consecución de los objetivos.
Dentro de la Alianza están representadas las patronales ACOGEN, AEGE, ASCER, ASFEDI, ASPAPEL, CAL Y YESO, CONFEMETAL, Consejo Intertextil Español, FEDECON, FEIQUE, FIAB, HISPALIT, OFICEMEN y UNESID. También incluye a los sindicatos CCOO y UGT y a la patronal CEOE.
FEIQUE
El director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), Juan Antonio Labat, reconoció a industry TALKS que el PERTE recién presentado “adolece de algunos problemas” recurrentes en casi todos los PERTEs y en casi todas las convocatorias. FEIQUE ya le expresó estas inquietudes directamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR).
Este PERTE, dijo Labat, no tendrá un problema que ya sufrió el del Vehículo Eléctrico y Conectado: la unión de consorcios, que obligaba a que incluyera tres comunidades autónomas, múltiples pymes y centros de I+D. Ahora van a ser proyectos particulares de una empresa; así suele ser mucho más sencillo elaborar propuestas y presentarse a la convocatoria. “Con los consorcios han tenido muchos problemas”, declaró. “Han entendido que es un hándicap”.
“Lo que sí creemos que todavía falla, y para este PERTE es fundamental, es el plazo de ejecución de toda la inversión y cuando tiene que estar operativa”. Ahora mismo, todos los PERTEs dicen que tienen que terminar en 2026, pero un proyecto industrial, si es de calibre, que se presentará como muy pronto en el segundo semestre de 2023, no se puede terminar en tres años y medio. Los industriales han pedido que la ejecución se puede prorrogar dos años más, hasta 2028. El Gobierno central les ha dicho que lo está analizando, que tiene que negociarlo a nivel comunitario y luego convencer a la Comisión Europea para que esta prórroga sea admitida. Ese es uno de los hitos que marcará si este PERTE tendrá éxito o no, opinó Labat.
“Si no nos dan la posibilidad de extender dos años el periodo de ejecución, corremos el riesgo de que todos los proyectos sean pequeños”. “Solo los permisos ambientales se retrasan hasta dos años y medio por cuestiones administrativas”. También existe un problema de personal, indicó Labat; es decir, la necesidad de contratar personal propio, que tiene alguna complejidad, o bien hacerlo a través de cualquier encomienda; para ello existen empresas que trabajan mucho para la Administración como TRAGSA, con Medio Ambiente, o INECO, con Industria y Fomento y que pueden traer personal de gestión de proyectos.
También han pedido aumentar los niveles de subvención que actualmente son 15 millones de euros para proyectos de 60 millones. Esta cifra está bien para proyectos pequeños a medianos, pero no para grandes, estimó Labat, los que superen los 100 millones de euros. “En esos casos cada vez es menos decisiva la ayuda directa”, puntualizó.
El representante de FEIQUE mencionó, así mismo, el criterio DNSH, es decir, aquel que exige que cualquier inversión con fondos europeos tenga que ser muy relevante en cuanto a la mejora medioambiental. DNSH significa en terminología anglosajona Do Not Significant Harm. Teniendo en cuenta que muchas tecnologías todavía no son viables, los industriales piden que los criterios de valoración del expediente sobre la mejora medioambiental, en función de los benchmarks (el nivel de emisiones), sean más objetivos y realistas. Más flexibles.
Otras dos mejoras que ha solicitado FEIQUE al MINCOTUR son la financiación de activos fijos, que no está contemplada, y la formación cualificada del personal ante la aplicación de nuevas tecnologías.
“Lo importante es que haya una ayuda directa y potente que pueda ser determinante para decidir dónde invierto: España, Francia, Italia. El sector químico invierte al año en todo el mundo 300.000 millones de euros, de los que 30.000 millones van a Europa, y a España el 9-10%. Estamos hablando entre 2.700 millones y 3.000 millones. Queremos con el PERTE aumentar un 15% la ratio de inversión que tenemos cada año. Cuanto más atractivo sea el PERTE, más llamará a la inversión”, dijo Labat. Del sector químico se podrían presentar proyectos con una inversión total, solo en descarbonización, de unos 2.500 millones de euros si se amplían los plazos de ejecución.
OFICEMEN
“El PERTE de descarbonización industrial se configura como una oportunidad histórica para llevar a cabo la transformación sin precedentes hacia la neutralidad climática en la que estamos inmersos”, estimó, por su parte, Aniceto Zaragoza, director general de OFICEMEN, la patronal cementera.
“Los pasos para esta transformación están detallados en la hoja de ruta de la industria cementera para alcanzar la neutralidad climática, que presentamos en el mes de diciembre del año 2020, y que actualmente está en fase de revisión”, agregó.
El director general de OFICEMEN apoyó un PERTE tan trasversal como este que afecta a todas las ramas industriales. “Evidentemente, cada industria tiene problemáticas concretas que podrían subsanarse desde los PERTEs sectoriales. No obstante, lo cierto es que, para el conjunto de la industria electrointensiva, la búsqueda de procesos de combustión limpios es una estrategia común que se complementa con la búsqueda de soluciones para la captura, almacenamiento y usos del carbono, tecnologías aún emergentes, pero que tendrán un fuerte peso a la hora de alcanzar la neutralidad climática, especialmente para aquellos sectores con emisiones de proceso inevitables dentro de su contexto de fabricación”, afirmó Zaragoza.
“Resultaría contraproducente volcar las tintas en inversiones e investigaciones parceladas en reinos de taifas, cuando se pueden optimizar mejor esas ayudas enfocándolas al unísono en la búsqueda de soluciones útiles para todos”, remarcó el delegado de la industria cementera.
Para Zaragoza, la Alianza por el PERTE de descarbonización industrial “puede ser un mecanismo útil para mantener un diálogo fluido entre administraciones y empresas. Seguramente, las lecciones aprendidas de PERTEs anteriores nos permitan mejorar la flexibilidad, eliminar burocracia y reforzar la agilidad administrativa”. El objetivo, en sus palabras, debe ser garantizar la mejor implementación del Proyecto Estratégico, adaptada al ritmo real en el que se producen las inversiones industriales. “Y para ello -dijo-, es necesario que se flexibilicen los hitos de inversiones del plan tal y como fueron concebidos originariamente”, es decir, que se amplíen los plazos de ejecución.
ACOGEN
“El PERTE de descarbonización es una iniciativa necesaria para afrontar algunos de los grandes retos de la industria manufacturera en España, su transición y crecimiento compatibles con la descarbonización. Valoramos muy positivamente que se brinde protagonismo a la industria manufacturera, a su compromiso con la sostenibilidad y a su efecto tractor estructural para avanzar en la descarbonización y el bienestar del país”, manifestó a este diario digital Javier Rodríguez, director general de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN).
“Los cogeneradores tenemos grandes expectativas depositadas en el PERTE de descarbonización industrial”, señaló Rodríguez. Sus resultados, remarcó, “dependerán, en gran medida, de la capacidad de los miembros de la Alianza para la descarbonización para establecer las actuaciones en cada línea adecuadas a la diversidad industrial y las oportunidades tecnológicas, integrando los pilares de la sostenibilidad -económica, social y ambiental- con la praxis regulatoria y empresarial”.
ACOGEN aplaudió el enfoque trasversal del PERTE porque consideró que eso “es potenciador y complementario a las otras iniciativas sectoriales y específicas en curso para conseguir un marco con visión integral capaz de aprovechar todas las oportunidades. La cogeneración es una de ellas, una oportunidad compartida en múltiples sectores de actividad que producen el 20% del PIB industrial – alimentarias, papeleras, químicas, cerámicas y un largo etc.- donde el PERTE puede aportar un pragmatismo y efectividad propios”, explicó Rodríguez.
UNESID
“Creemos que es una buena oportunidad para abordar la imprescindible transformación industrial que tiene que afrontar la industria española”, manifestó a industry TALKS Andrés Barceló, director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID). “El Gobierno ha corregido algunos errores que, a nuestro juicio, habían dificultado la gestión de anteriores PERTEs, aunque todavía hay algunas incógnitas que deberán clarificarse en las próximas semanas”, añadió.
Barceló recordó que ya existen otros PERTEs transversales aprobados como el de energías renovables, economía de la lengua, economía circular, ciclo del agua, y economía social, además de los sectoriales industriales del vehículo eléctrico, salud, agroalimentario, naval, aeroespacial y microelectrónica.
El representante de la patronal siderúrgica española declaró que la industria manufacturera “tiene que abordar el reto de la descarbonización” y “precisa una ayuda en ese camino que supondrá cambios tecnológicos profundos, con tecnologías en algunos casos no probadas”.
ASPAPEL
La industria papelera acogió “con gran interés” la aprobación de este Proyecto Estratégico. Lo consideran “una oportunidad sin precedentes para promover la transición ecológica de todas las industrias manufactureras”, declaró Emilio Oviedo, responsable de Innovación y Subvenciones en la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL).
“Desde el inicio del proceso hemos trasladado a la Administración nuestra firme determinación de garantizar el aprovechamiento efectivo de los fondos mediante la ejecución de proyectos que supongan una drástica reducción de la huella ecológica de nuestro proceso de fabricación”, explicó.
“Sabemos que se trata de un reto importante que exigirá estar a la altura de los estándares más exigentes, pero somos una industria organizada y solvente, acostumbrada a invertir una parte importante de su facturación en proyectos de innovación tecnológica. Baste decir que en los últimos diez años hemos logrado reducir cerca de un 25% de nuestras emisiones de CO2, algo que nos ha permitido posicionarnos como un sector de referencia en materia de descarbonización. Nuestro objetivo es seguir avanzando a buen ritmo para cumplir con el compromiso de neutralidad climática europea que hemos suscrito”, sostuvo Oviedo.
La descarbonización es un reto común de toda la industria manufacturera española, constató el representante de la patronal papelera. “Más de la mitad de los proyectos recopilados por ASPAPEL en la Manifestación de Interés presentada en 2021 ante el Ministerio de Industria hacían referencia a proyectos cuyo objetivo era precisamente ese, y es altamente probable que el resto de los sectores industriales se encuentren en una situación muy parecida. Por ello consideramos un acierto dedicar un PERTE a esta problemática específica, en la seguridad de que su planteamiento transversal ayudará a generar sinergias intersectoriales que redunden en beneficio de toda la industria”.
FEDECON
Para Carmen Torres, secretaria general de la Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON), este PERTE representa “una oportunidad para la industria con el firme objetivo de preparar y transformar el sector en el proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando energías renovables con la vista siempre fija en asentar el desarrollo de la sostenibilidad y eficiencia energética”
La creación de un PERTE tan transversal, en palabras de Torres, tiene como fin “alcanzar el mayor porcentaje de tejido industrial español, ofreciendo la oportunidad de conseguir los requerimientos exigidos en las políticas de descarbonización europeos y que cobran todo el sentido en el proceso del desarrollo en el ámbito de la sostenibilidad que todos debemos y deseamos alcanzar”.
ASCER
Algunos de los entrevistados se mostraron muy pesimistas. Así, el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Alberto Echavarría, indicó que, aunque cree que el PERTE es “una iniciativa positiva”, nace “con demasiados lastres que comprometen su éxito” como ha sucedido con el PERTE del coche eléctrico.
“En nuestro caso, un sector ejemplar en eficiencia energética y que necesita descarbonizarse, estamos totalmente fuera de este PERTE por la necesidad de acometer proyectos que tengan como resultado la reducción de emisiones en nuestras instalaciones por encima de nuestro benchmark. Es decir, que no se financiará ningún proyecto que no sea capaz de reducir emisiones en un 24% lo que en la práctica es imposible”, declaró al ser preguntado.
Fuentes del Ministerio de Industria informaron, sin embargo, de que el dato del 24% señalado por ASCER “no es cierto” y que, cuando salga la convocatoria, para la que aún no hay fecha definitiva, se conocerán los detalles.
Informado de la postura de ASCER, el propio Colunga dijo a este diario que los industriales cerámicos son pesimistas porque “hay que desarrollar procesos tecnológicos nuevos, utilizando combustibles no fósiles, eliminando el CO2”. “Hay una labor de I+D donde vamos a trabajar”, enfatizó. También “hay temas que hay que solucionar como el benchmark, la eliminación del CO2, hay mucho…”
“El sector azulejero ya está usando la mejor tecnología disponible, el gas natural es la tecnología menos emisora para el proceso que realizamos y sólo el cambio de tecnología a través del uso de hornos de hidrógeno o eléctricos podría acercarse a esas cifras; sin embargo, no existen hoy por hoy hornos de hidrógeno o eléctricos para nuestros procesos, se han desarrollado algunas pruebas de electrificación pero en el caso del H2, hoy por hoy, no hay ningún horno cerámico que funcione al 100% con H2. Que el sector azulejero se quede fuera pone de manifiesto el fracaso del planteamiento del PERTE tal y como está concebido de arranque”, añadió el secretario general de ASCER.
“Por otro lado -continuó diciendo Echavarría-, el grado de aportación de fondos del Gobierno en comparación con el privado es muy pequeño. La inversión privada supone el 74% del total de la inversión y el Gobierno sólo aportaría el 26% a través de créditos blandos o ayudas directas. Es un apoyo muy tibio de la administración para un desafío tan importante según sus propias palabras”.
“Por último -estimó el secretario general de ASCER-, la ley Crea y Crece aprobada a finales del año pasado modifica los requisitos para acceder a subvenciones y ayudas estatales, obligando a las empresas beneficiarias a cumplir con la ley de morosidad que establece como periodo medio de pago máximo a proveedores 30 días o 60 entre las partes. Esto supone que ninguna empresa que pague a más de 60 días podrá beneficiarse de este ni de ningún otro PERTE, subvención o ayuda estatal”.
“La energía y la industria deberían ir de la mano. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, este Gobierno ha primado la vertiente energética frente a la vertiente industrial. El peso del MITERD [el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] se ha impuesto en el debate nacional y el MINCOTUR ha quedado relegado a un segundo plano en materia energética, a pesar de ser el ministerio de referencia para todos los industriales. La publicación del PERTE de descarbonización puede ser una forma de equilibrar los pesos entre ministerios y dotar al MINCOTUR de funciones a la hora de gestionar un hito clave para la industria como la descarbonización. La experiencia reciente con el PERTE VEC no parece muy halagüeña”, concluyó Echavarría al responder a la preguntas de este medio.
UGT y CCOO
Los dos principales sindicatos, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, también buscan que se hagan mejoras en este Proyecto Estratégico, cuyas bases reguladoras aún no se han hecho públicas y por tanto, todavía no es definitivo. Ambos coincidieron en poder participar en la gobernanza del PERTE de una forma activa.
Juan Antonio Vázquez, secretario de Política Industrial de FICA-UGT, sostuvo que este PERTE debe trabajar con las pymes y las micropymes que son necesarias para la industrialización del país, pero admitió que las comunidades autónomas no están presentes en la cogobernanza del Plan. “Por primera vez veo un interés por la industria”, dijo el veterano sindicalista, quien asistió a la presentación del PERTE realizada el 17 de febrero por la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Gijón. “Y con la industria pocos votos van a sacar”, remarcó, porque sus frutos se recogen “a largo plazo”.
“El objetivo no es minimizar los efectos de la crisis. Para nosotros el objetivo de estas medidas debe ser industrializar el país”, aseguró Vázquez, y para ello, reclamó la participación de los sindicatos en la ejecución de estos planes “no solo porque conocemos perfectamente la situación de los sectores industriales del país, sino también porque tenemos un compromiso amplio con la necesaria cohesión territorial, con el bienestar social, con la generación del empleo y con la necesidad de implementar la actividad industrial en nuestro país como el mejor vehículo para el crecimiento de la economía”. Es más, insistió en que la participación “debe ser activa y real en todo el proceso de transformación”.
Desde CCOO de Industria, Jesús Crespo, su responsable de Materias Primas -que engloba el área de Energía, Siderurgia, Campo y Minerías-, declaró que este PERTE es una “oportunidad necesaria para poder reconfigurar la industria”, pero enfatizó que han pedido de forma reiterada a los ministerios implicados que los sindicatos formen “parte activa” de sus órganos de decisión a la hora de la toma de decisiones, planificaciones y objetivos.
Crespo subrayó que, “sin una normativa clara y una hoja de ruta específica, las inversiones pueden estar en riesgo” y abogó por incluir en las decisiones compromisos “con la estabilidad del empleo y el mantenimiento de sus condiciones” para aquellas compañías que reciban dinero público.
Le pidió al comisionado Colunga que se modifique la gobernanza y que introduzca en ella a los sindicatos más significativos en la hoja de ruta, la definición, el cronograma, los resultados y los compromisos a adquirir. “No conocemos detalles concretos de las empresas, aunque sí las intenciones”.
Por otro lado, según opinó el representante de Comisiones Obreras, “no es lógica es la situación que viven ahora las industrias manufactureras e intensivas en consumo de energía, tanto de electricidad como de gas, pues casi todas ellas están en situación de ERTE. Eso quiere decir que las necesidades son obligadas, pero no olvidamos que en bastantes casos las empresas están obteniendo beneficios. Con lo que el único que están pagando los efectos tanto de los precios de la energía como los colaterales son los trabajadores”.
