Según un estudio realizado por el diario digital El Español, los datos recopilados muestran un nivel muy bajo de partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puestas en marcha durante el pasado año. Entre licitaciones y otros mecanismos las comunidades autonomías han movilizado 1.520 millones de euros de los 5.955 millones que les fueron transferidos. Poco más de uno de cada cuatro euros con los que ya contaban. Si la cifra se compara con los 11.000 millones que el Gobierno asignó durante el pasado ejercicio a las comunidades el montante representa sólo un 13%.
En otras palabras, durante 2021 el Gobierno sólo transfirió el 53% de los fondos europeos asignados a las comunidades autónomas. Eso es lo que representan los 5.955 millones frente a los 11.000 millones asignados.
Al ser preguntadas sobre qué ha provocado que sólo estén movilizados 1.520 millones de euros, la razón más repetida desde las CCAA ha sido la falta de tiempo. En concreto, diferentes representantes autonómicos confirmaron a El Español que la mitad de los fondos ha llegado en los tres últimos meses, lo que no ha permitido poner en marcha muchas licitaciones. En cualquier caso, si se cumple lo proyectado, durante la primera mitad de 2022 deberíamos asistir a un desatasco enorme de dinero, a la mayor movilización de licitaciones y programas de los próximos años. 2022 será el momento de pasar de las palabras a los hechos mientras siguen llegando fondos desde Bruselas. A lo largo del año llegarán otros 12.000 millones de euros. Con estas cifras en la mano, las expectativas autonómicas fijan que, al menos, otros 10.000 millones de euros se asignen en 2022 de los que esta vez se esperan que lleguen la práctica totalidad.
En el capítulo de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, más conocidos como PERTEs, brazo ejecutor de los fondos europeos, se ha avanzado, pero con demasiada lentitud administrativa.
El primero que vio la luz fue el del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC), aprobado en el Consejo de Ministros reunido el 13 de julio. Pero hasta el 28 de diciembre no se publicaron en el BOE las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las actuaciones integrales de la cadena integral. Ese retraso generó mucha incertidumbre y nerviosismo en grandes empresas, pymes, clusters y centros tecnológicos. La tardanza se debe, entre otras razones, a la complejidad técnica del asunto y a la necesaria aprobación de la Comisión Europea, que se produjo el 9 de diciembre. Según fuentes sectoriales citadas por La Tribuna de la Automoción, a finales de este mes de enero se publicará en el Boletín Oficial del Estado la oportuna convocatoria que abrirá la ventanilla para proponer, por fin, las solicitudes. La ventanilla podría permanecer abierta un mes. De este modo, las entidades interesadas podrían registrar sus proyectos desde inicios de marzo durante al menos dos meses. Con este calendario previsto, la evaluación de las peticiones por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo arrancaría en mayo o junio para finalizarla y publicar la resolución definitiva en octubre o noviembre, como pronto. Entonces, se harán los trámites para los pagos adelantados de las ayudas, que estarán sujetos a la fijación de una serie de garantías por parte de las compañías.
El segundo proyecto estratégico en ser ratificado fue el PERTE para la Salud de Vanguardia. Lo presentó al público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 15 de noviembre, y fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de ese mes. El proyecto incluye iniciativas como el impulso a la medicina personalizada de precisión, la investigación biomédica y biotecnológica, y la digitalización en clave sanitaria. Este PERTE no debe pasar por Bruselas porque no incluye ayudas de Estado que sobrepasan el esquema establecido por la Comisión Europea como el del coche eléctrico. Es decir, estará destinado a empresas medianas. Esto permitirá acortar plazos y poner en marcha convocatorias ya a partir de este mes.
El tercero que pasó ya el trámite gubernamental, el 14 de diciembre, es el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (PERTE ERHA), donde ya se han lanzado licitaciones. Las cuatro primeras llegaron el día 22 de diciembre en forma de Orden Ministerial firmadas por Teresa Ribera, máxima responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La primera de ellas, para el impulso de la cadena de valor del hidrógeno renovable (Orden TED/1444/2021). La segunda (Orden TED/1445/2021), para proyectos pioneros de hidrógeno renovable. La tercera (Orden TED/1446/2021), para proyectos piloto de comunidades energéticas. Y la cuarta (Orden TED/1447/2021), para proyectos de I+D en almacenamiento energético. Sin embargo, las empresas interesadas aún no pueden presentar sus proyectos porque su puesta en marcha depende del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Según el Capítulo III de las mencionadas órdenes ministeriales publicadas en el BOE el día de Nochebuena, “las convocatorias se realizarán por el IDAE y serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)”. Están pendientes, pues, proyectos de fabricación de componentes, de prototipos de nuevos vehículos o de electrolizadores para producir hidrógeno renovable a gran escala, por poner algunos ejemplos.
Cadena agroalimentaria inteligente y sostenible
También fueron anunciados el PERTE de “la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible” y el “aeroespacial”, pero ninguno ha llegado todavía al Consejo de Ministros para que sea sometido a deliberación y aprobación. De hecho, el portal gubernamental que se ocupa del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia https://planderecuperacion.gob.es/ sólo afirma que ambos proyectos están “en estudio”. Es probable que necesiten pasar por Bruselas y por el mismo trámite del coche eléctrico y conectado, por lo que ahora el Ejecutivo quiere terminar de rematarlos con un esquema de ayudas de Estado lo más parecido al proyecto ya presentado en Bruselas, que garantice agilizar su tramitación.
El PERTE agroalimentario tiene como objetivo promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación. Se trata de facilitar el acceso a alimentos sanos, seguros y sostenibles, que cubra las necesidades de una población cada vez más segmentada y con una mayor demanda de alimentos con atributos saludables y medioambientalmente sostenibles. El proyecto se centrará en tres procesos transversales:
- Sostenibilidad y competitividad
- Trazabilidad y seguridad alimentaria
- Desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y productos que permitan incrementar la capacidad exportadora no sólo de productos agroalimentarios, también de las tecnologías y servicios digitales.
El PERTE aeroespacial, por su lado, engloba un conjunto de actuaciones orientadas a mejorar y generar capacidades tecnológicas e industriales en el sector aeroespacial, así como avanzar en un mejor posicionamiento estratégico de la industria radicada en España en campos clave del sector aeronáutico y espacial. En el ámbito del sector aeronáutico, financiará actividades de I+D+I que generen un efecto de arrastre sobre toda la cadena de valor. En el área de espacio, persigue el establecimiento de un programa de tecnología espacial que genere nuevas capacidades innovadoras e industriales propias y que aporte servicios relacionados con el medioambiente y la cohesión del territorio.
Como subrayó esta misma semana la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en las páginas del diario económico Expansión, este año recién estrenado serán lanzados otros tres PERTEs, el de la nueva economía del español, el del sector naval y el de la economía de los cuidados, “entre otros”, además de los dos ya citados arriba. Además, se acaba de hablar de un PERTE de la economía circular, que indudablemente será transversal, afectando a distintos ámbitos productivos.
En total, por ahora, son ocho o nueve PERTEs, pero habrá más, probablemente.
El Gobierno central, además, sigue sin crear el Registro estatal de empresas interesadas en los PERTES, a pesar de lo recogido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, que aprobaba las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y la ejecución de los PERTEs. Ese apartado obligaba al Ministerio de Hacienda a crear y poner en funcionamiento el Registro “en el plazo de tres meses” desde la publicación del Real Decreto Ley, es decir, en marzo de 2021. Esta especie de “ventanilla única”, en la que podrían apuntarse entidades, grandes empresas, pymes o cualquier sociedad interesada en estos instrumentos para acceder a parte de las ayudas europeas contempladas en el plan de recuperación NextGenerationEU sigue sin fecha de estreno.
