Hablamos de centros especiales de empleo que las grandes empresas crean para evitar la contratación directa en sus plantillas de las personas con discapacidad que les exige la legislación y justificar así el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, mientras son usados para ofertar a menor precio sus servicios en una clara competencia desleal con el resto de las empresas. De esta manera, y con el visto bueno de la Administración autonómica, se pervierte la misión de una herramienta creada para garantizar la igualdad de oportunidades transformándola en un arma para la competencia desleal y la utilización de las personas con discapacidad como mano de obra barata.
Frente a estas prácticas, los centros especiales de empleo de iniciativa social y privada, creados de la mano de fundaciones y asociaciones de utilidad pública, se constituyen para la inserción de los trabajadores con discapacidad en el mercado laboral, al objeto de que éstos tengan un trabajo productivo y remunerado, con apoyo, adecuado a sus características personales, y que esta tarea facilite su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo, cosa que no siempre sucede, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad intelectual que terminan desarrollando una vida laboral plena en estos centros.
Crear más y mejor empleo para todas estas personas, reinvirtiendo en la mejora de la calidad de sus vidas y la de sus familias a través de todo tipo de servicios asistenciales es, por tanto, el único fin de los CEE de iniciativa social y privada, que no han nacido para repartir beneficios económicos entre su accionariado, como sí ocurre con los CEE con ánimo de lucro. Ser intensivos en empleo es la razón de los CEE de iniciativa social: más personas con discapacidad empleadas, más contribuyentes al bien común del país. Cabe recordar que, según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET), los centros especiales de empleo agruparon en 2022 el 71% de los contratos para personas con discapacidad.
El desempleo entre las personas con discapacidad, especialmente intelectual, es un fracaso sociolaboral estrepitoso. La tasa de paro en España entre las personas en edad de trabajar con un certificado de discapacidad igual o superior al 33% supera en 8,6 puntos a la de la población sin discapacidad (21,4%, frente a 12,8%), según el INE. Una desigualdad con enorme impacto social frente a la que desde la Administración se han implementado herramientas de corrección que gestionan las comunidades autónomas en forma de bonificación del 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social de aquellos trabajadores con discapacidad, la subvención de una parte del salario mínimo interprofesional SMI así como la subvención del 100% del coste laboral de las unidades de apoyo que llevan a cabo los servicios de ajuste profesional, personal y social en el caso de trabajadores con discapacidad intelectual.
Estas herramientas, por tanto, no están destinadas a ser una ventaja competitiva frente a la empresa ordinaria, sino enfocadas al incremento de la contratación minimizando el impacto que en los CEE conllevan las dificultades y esfuerzos que los trabajadores con discapacidad afrontan cada día para acceder al mercado laboral.
Sin embargo, estas subvenciones han resultado un reclamo que, pervirtiendo su razón de ser, y sin que haya ninguna restricción ni distinción para acceder a ellas, ha propiciado la proliferación de centros especiales de empleo creados en muchas ocasiones a la sombra de grandes empresas para incrementar su beneficio económico. Una razón de ser que ha originado situaciones de abuso denunciadas ante la Inspección de Trabajo por los propios empleados, víctimas de la imposición de horas extras -prohibidas por el marco regulatorio del trabajo con discapacidad- o turnos interminables absolutamente al margen de cualquier legislación laboral.
En un manifiesto, los empresarios de Madrid Foro Empresarial, liderados en este caso por las áreas de RSC y Empleo, denuncian que “de herramientas públicas de equilibro para frenar la desigualdad sociolaboral se han transformado en una oportunidad de negocio lucrativo. Una actividad que distorsiona el mercado al provocar un “dumping empresarial”, ya que estas corporaciones descuentan del precio final ofertado a sus clientes las citadas subvenciones en busca de ganancias económicas y no del impacto en la mejora de la vida de los más vulnerables que persiguen los CEE de iniciativa social”. Advierten los empresarios de que estamos “ante una competencia desleal por parte de los centros especiales de empleo con ánimo de lucro, que echan por tierra la esencia de los CEE, transmitiendo a los clientes de sus servicios el mensaje erróneo de que los CEE sirven para reducir sus costes operativos y no para la integración laboral de las personas con discapacidad”.
Asimismo, desde Madrid Foro Empresarial trasladan su preocupación por la situación de indefensión en la que quedan los CEE de iniciativa social al ser equiparados a los de ánimo de lucro y por cómo puede afectar al gran grupo social de trabajadores con discapacidad, que, al final, son los grandes perjudicados.
Por último, en un escenario donde las empresas socialmente responsables están cobrando cada vez mayor relevancia de cara a inversores, financiadores y la propia sociedad, desde Madrid Foro Empresarial manifiestan su defensa y apoyo “al empresario que quiere competir en igualdad de condiciones y a los CEE de iniciativa social o fundaciones que hacen una encomiable labor en mejorar la vida de los que lo tienen más difícil al dedicar todas las ayudas a una correcta inserción del trabajador con discapacidad, con empleo de calidad, preocupándose por desarrollar sus aptitudes, formarles y acompañarles en la inclusión”.
En la hora de la sostenibilidad social, cuando, como se apresuran a advertir los empresarios de este foro, tanto la inversión como financiación y proveedores-clientes finales miran con lupa a las compañías, incluso la propia administración en sus contrataciones, el socialwashing al que se abonan empresarios sin escrúpulos es un problema ético que más pronto que tarde irá directo a la línea de flotación de la reputación empresarial, un error de cálculo que puede salir muy caro.
