¿Cómo ve ATA el estado de la industria española?
En los últimos cinco años hemos pasado de 235.273 autónomos del sector industrial a 215.490. Perder tejido industrial nunca es una buena noticia porque las empresas de esos 20.000 autónomos no se basan en la temporalidad, porque exigen unas inversiones, unos procesos de investigación, suelen crear empleo por cuenta ajena… que se han perdido para siempre. Se protege mucho a las grandes industrias por eso mismo, pero creemos que se incide poco en el mantenimiento de las pequeñas empresas industriales y autónomos del sector. Y más teniendo en cuenta que muchas de ellas mueren por falta de relevo generacional. Por eso hemos pedido desde ATA que se incida en los planes formativos y en los incentivos en estos sectores a los jóvenes.
¿Qué distingue a un trabajador autónomo del sector industrial de un trabajador autónomo de otros sectores?
Todos los autónomos tienen y viven en las mismas circunstancias. Las trabas, las cotizaciones, la burocracia, la falta de apoyo, la imperiosa necesidad de estar siempre al día, de mejorar en competitividad, de asumir riesgos. Quizá se distinguen por la fuerte carga en la inversión que suelen hacer en sus negocios. Pero emprender y mantener tu industria es de valientes, y eso es autónomos.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes de las pymes españolas? ¿La digitalización? ¿La ciberseguridad? ¿Ambas?
Ya hemos recorrido gran parte del recorrido que nos marca la agenda 2030 y debe llevarnos a una economía responsable, sostenible y competitiva. Pero cuando hablamos de autónomos, este camino es un poco más lento que en las empresas con grandes departamentos de RSC, seguridad, comunicación… a su servicio. La asignatura es que el modelo productivo español es un modelo que no se sostiene en la industria pero que sí tiene unas profundas raíces en ella. De los 3.309.000 autónomos que hay en España, 215.000 pertenecen al sector industrial. Y lo que necesitamos es hacer productivo el modelo y afianzar esas industrias que dan soporte al resto de los sectores. Teniendo eso, la ciberseguridad, la digitalización forman parte de esa evolución a la sostenibilidad y la mayor competitividad.
“Emprender y mantener tu industria es de valientes, y eso es autónomos”
¿Hasta qué medida los ERTE están ayudando a superar la crisis provocada por el COVID-19? ¿Hasta cuándo deben ser prorrogados?
Hasta que no sean necesarios. Las prórrogas del cese de actividad y los ERTE son una cuestión de supervivencia para autónomos, pymes y pequeñas empresas completamente viables el 10 de marzo de 2020. Actualmente existen 270.000 trabajadores en ERTE de los que prácticamente 170.000 está inactivos totalmente, de los que casi 95.000 van a ser irrecuperables. Y 226.000 autónomos en cese de actividad de los que, si no se renueva, más de 75.000 han confesado en nuestro Barómetro que no podrán continuar porque sus actividades aun no se han recuperado. Sería una temeridad no prorrogarlos hasta que ya no hagan falta.
¿Qué consecuencias está teniendo o pueden tener el alto coste de la energía? ¿Reducirá las plantillas o afectará a la competitividad?
El precio de la luz, del gas, de los carburantes está lastrando la economía. Las facturas de los autónomos han subido más de un 30% si lo comparamos con otros meses. Nadie puede resistir ese nivel de gasto imprevisto. Ya se nota en algunos productos, pronto habrá que trasladarlo a los servicios, quien pueda hacerlo. Es un dinero que los autónomos no tienen porque se lo ha quedado la pandemia y que nos va a hacer perder competitividad.
¿Qué le ha parecido la reacción del Gobierno en este asunto?
Lenta e insuficiente. Bajar el IVA estuvo muy bien, pero al limitarlo a aquellos que tenían contratado hasta 10kW dejaron fuera, para empezar, a toda la industria. Ahora quieren quedarse con unos beneficios de las grandes energéticas, que ellas dicen que no tienen y que genera una incertidumbre y una inseguridad jurídica enorme. Sin hablar de la imagen que estamos dando en Europa. Era tan sencillo como, hasta que esto se aclare, cobrar sólo por la energía consumida y no las tasas que suponen el mayor porcentaje de la factura. ¿O se nos olvida que más del 50% del precio de los carburantes son impuestos?
¿Qué le pide ATA a la Administración central para mejorar la situación de los autónomos? ¿Se sienten escuchados?
Tenemos nuestros días. Acabamos de proponer unas ayudas urgentes y extraordinarias para los autónomos afectados por la erupción del volcán en La Palma y ha sido muy bien acogida. Y en la misma reunión se nos comunica que quieren suprimir la prestación extraordinaria por cese de actividad. Es intolerable. Los autónomos necesitan que les dejen trabajar, que se reduzcan las trabas, que no haya morosidad, una fiscalidad amable, una gestión ágil… pero a veces tenemos la sensación de que desconocen la realidad económica que tiene España y se legisla mirando las cifras y no a las personas.
Usted ha criticado la burocracia y las dificultades para acceder a las ayudas directas para los autónomos. ¿Qué soluciones plantea la asociación que usted preside?
Los requisitos para acceder a las ayudas que impuso el Gobierno central a las comunidades han hecho que sólo uno de cada 10 autónomos la haya solicitado. Es un fracaso. Habría que cambiar la fecha de las facturas a presentar hasta el 31 de diciembre, y aunque lo han hecho, se han quedado en el 30 de septiembre, y se han aceptado las pérdidas contables, lo cual ayuda a las empresas, pero deja fuera a dos millones de autónomos persona física. Y es que no son ayudas, son subvenciones. ¿Qué gasto tiene un guía turístico para presentar y que se le conceda la ayuda si no ha podido trabajar? La solución es plantear las ayudas como ayudas, tan sencillo como copiar lo que han hecho los alemanes, comparar ingresos en Hacienda, ver disminuciones y compensar. Sin más.
¿Está realmente en peligro la recuperación económica por subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o existen otros factores?
Que conste que no nos negamos a subir el SMI. Pero la coyuntura actual es la que marca el camino, y ahora mismo nos dice que no es recomendable, porque sin duda subirá el desempleo, especialmente el juvenil, y también en regímenes especiales como los empleados y empleadas del hogar doméstico. En la industria se notará en cuanto que también suben en la misma proporción las bases mínimas del resto de los salarios. Y la cuota de autónomos, no se nos olvide.
El salario mínimo sube este año 15 € y el año que viene (en enero) 31€. La suma alcanzará casi 50 € por 14 pagas a lo que hay que sumar el 30 % de cotizaciones sociales por lo que se elevaría a 78 € multiplicado por 14 meses que suponen 1.000 € al año. ¿Qué pensionista puede destinar un incremento de 1.000 € para pagar a su cuidador? Al final estará seis horas en vez de ocho.
Y por cierto, se sube el SMI pero las Administraciones no aplican estas subidas a los servicios que tienen contratados con autónomos. Y un detalle: las insolvencias se están disparando, también crecen los procesos concursales y estamos viendo como en el FOGASA, cuyos datos tienen un decalaje de seis meses desde que se produce el despido hasta que resuelve, los despidos por insolvencia han aumentado un 195% en julio y en agosto han crecido las prestaciones un 28%.
¿Se están gestionando adecuadamente los PERTE?
No, pero estamos a tiempo de arreglarlo. La Unión Europea ha estado a la altura, dando una respuesta histórica a la pandemia, con una movilización de recursos de más de 1,8 billones de euros. Ahora es importante no defraudar y cumplir con las expectativas previstas: Europa y España no pueden fallar en la ejecución de los fondos Next Generation. España debe apostar por reformas alineadas con el Semestre Europeo y asentadas en torno al consenso y el diálogo social. Necesitamos agilizar la publicación de convocatorias, la selección de proyectos ganadores y el posterior desembolso y ejecución de inversiones, con un compromiso de llegada de los fondos a la economía real, con el foco en pymes y autónomos. La coordinación entre las distintas Administraciones Públicas está siendo uno de los cuellos de botella para agilizar la llegada de los fondos a la economía real. Por ello, es especialmente importante agilizar la relación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, que gestionarán más de la mitad de los fondos (el 55%), para que éstas puedan acelerar la publicación de las convocatorias que están en el marco de sus competencias. Se necesita la máxima información, agilidad administrativa y facilidades, así como una mayor flexibilidad del régimen europeo de ayudas de Estado y trabajar por un equilibrio entre grandes proyectos tractores con impacto transformador y liderados por grandes empresas, y convocatorias de ayudas dirigidas específicamente a pymes y autónomos.
