Maroto afirmó en una entrevista a la cadena SER que “los trabajadores han conseguido sus reivindicaciones”, así como los empresarios han ganado tiempo. “Todos ganan”, subrayó.
La ministra aseguró que las reivindicaciones de los trabajadores del metal le parecían “justas”: “El derecho a la huelga es un derecho constitucional”, remarcó. También habló de la polémica tanqueta policial que se pudo ver por las calles de la capital gaditana: “Se ha explicado muy bien, ha habido un debate más de forma que de fondo”, dijo, agregando que el vehículo blindado fue empleado para “ayudar a la movilidad” y quitar “objetos de la vía pública”.
En esa misma entrevista radiofónica, Maroto confirmó que estuvo “varios días” negociando con sindicatos y patronal “para generar confianza y que se pudieran sentar”.
El acuerdo entre los sindicatos CCOO y UGT y la Federación de Empresarios del Metal de Cädiz (FEMCA) fue alcanzado el miércoles 24 de noviembre después de 10 horas de reuniones.
Un convenio colectivo caducado en diciembre de 2020 y pendiente de renovación fue el detonante del conflicto, que empezó con dos jornadas de paros previa a la huelga indefinida iniciada el día 16 y que empezó a vivir situaciones concretas de tensión y violencia.
Fuentes de la UGT en Andalucia habían reconocido a industry TALKS que el conflicto se estaba produciendo en un momento “inoportuno”, precisamente cuando se sienten los efectos en la industria del desabastecimiento de semiconductores o del encarecimento de las materias primas.
Los días de protestas, acompañados de reuniones de negociación entre patronal y sindicatos sin acuerdo, empezaron con barricadas y enfrentamientos con la Policía en las puertas de los astilleros y cortes en la carretera de San Roque a La Línea como puntos más emblemáticos.
Mientras que en el Campo de Gibraltar las protestas se mantuvieron en el mismo punto todos los días de huelga, la carretera donde se ubican las grandes industrias, en la Bahía de Cádiz los puntos conflictivos fueron cambiando y tras haber enfrentamientos en los primeros días en la capital gaditana el foco de atención terminó en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, donde se ubican empresas como astilleros o Dragados y el inicio del puente de la Constitución de 1812.
La primera propuesta de los empresarios ofrecía un periodo de vigencia de 2021 hasta 2024, con un incremento salarial del 2% en cada año (en el caso de 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de junio) salvo en 2024, que habría un 2,25%. Al término de este intervalo, si el IPC hubiera sido superior a estos porcentajes, se abonaría en un pago único el diferencial entre el alza del coste de la vida y el incremento salarial.
A continuación, se lanzó una segunda propuesta, con un año menos de vigencia, hasta 2023. En este caso, se recogería un alza salarial del 2% en cada ejercicio. Al mantener los sindicatos como exigencia la revisión anual de las tablas salariales, los mediadores lanzaron su propia propuesta con un incremento del 1,5% a aplicar en 2021, elevándose al 1,75% en 2022 y 2023. Todas las opciones fueron rechazadas por los representantes de los trabajadores, que querían un convenio de sólo dos años, con la exigencia de que se traslade cada año a las tablas salariales el incremento del IPC real.
Finalmente, el acuerdo, refrendado por las asambleas de trabajadores del Campo de Gibraltar y Cädiz, implica una subida de un 2% fijo durante 2021, 2022 y 2023, con un incremento del 80% de lo que supere el propio IPC sobre esos dos puntos porcentuales cuando se conozca en cada respectivo mes de enero. Esos incrementos salariales se aplicarán a toda la plantilla, incluido el personal eventual.
