La mesa ha estado moderada por Alberto Ruiz, del Ministerio de Industria y Turismo, y ha contado con la participación de Laia Pinoz, miembro del gabinete del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial; Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española; Javier Rosell, presidente de Sepides; y Rafael Sánchez, consejero delegado de CERSA.
Durante su intervención inicial, Laia Pinoz ha realizado una valoración “muy positiva” del desempeño de España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Según ha explicado, “el 55% de los hitos y objetivos ya han sido evaluados y más de 72.000 millones de euros han sido desembolsados”, lo que ha permitido movilizar inversiones estratégicas y acelerar la modernización del tejido productivo. La representante de la Comisión Europea ha subrayado que España ha contado con “una oportunidad histórica para reforzar su competitividad industrial”, destacando el papel de los Perte como “un elemento único del plan español” para fomentar la colaboración público-privada en ámbitos como el vehículo eléctrico, la descarbonización industrial, los semiconductores o las energías renovables.
Pinoz ha recordado que el PRTR tiene una fecha de cierre fijada para 2026, pero ha advertido de que “cerrar el Mecanismo de Recuperación no puede significar volver al punto de partida”. En este sentido, ha enmarcado el debate en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y en la propuesta de creación de un Fondo Europeo para la Competitividad, que ha definido como “una declaración política” para situar la innovación, la industria y la autonomía estratégica en el centro del proyecto europeo.
Desde la perspectiva del sector privado, Carlos Reinoso ha afirmado que el PRTR “no ha logrado transformar el sector manufacturero español en la medida en que se esperaba”, principalmente por las dificultades administrativas, los plazos ajustados y ciertos criterios regulatorios “difícilmente encajables con la realidad industrial”. No obstante, ha reconocido que los fondos han servido para demostrar que “la colaboración público-privada es imprescindible para movilizar inversión”, insistiendo en que “sin financiación no hay reindustrialización”.
Reinoso ha alertado de la incertidumbre existente entre las empresas ante el final del PRTR y ha reclamado “despejar cuanto antes la incógnita de qué va a pasar después”. En este contexto, ha defendido la creación de un fondo nacional de reindustrialización, con una dotación anual estable y una visión a diez años, que permita a las empresas planificar inversiones a largo plazo con criterios claros y previsibles. “España necesita y se merece un instrumento propio que garantice continuidad y ambición en la política industrial”, ha subrayado.
Por su parte, Javier Rosell, presidente de Sepides, ha puesto en valor el papel creciente de esta entidad pública en la gestión de instrumentos financieros vinculados al PRTR y a los Perte. Ha explicado que la experiencia adquirida en la ejecución de estos programas “ha supuesto un aprendizaje acelerado” que permitirá a Sepides seguir desempeñando un papel relevante en el futuro. En 2025, según ha detallado, la entidad ha apoyado 30 nuevos proyectos industriales, generando cerca de 600 empleos y movilizando 450 millones de euros de inversión privada a partir de 180 millones de aportación pública.
Rosell ha destacado también la dimensión territorial de la política industrial, afirmando que “la cohesión del territorio y la industria van de la mano”, y ha señalado que Sepides ha extendido su actividad a doce comunidades autónomas. A su juicio, la entidad está preparada para evolucionar hacia una agencia “dinámica y polivalente”, capaz de gestionar fondos industriales de forma estable en el medio y largo plazo.
La mesa ha abordado igualmente el impacto del PRTR en la financiación de pymes y autónomos, con la intervención de Rafael Sánchez, consejero delegado de Cersa. Sánchez ha recordado que “el 55% de los avales de Cersa se han concedido a autónomos y empresas con menos de diez trabajadores”, subrayando que los fondos europeos han permitido multiplicar la capacidad de actuación de la entidad. “Hemos pasado de avalar 1.450 millones de euros en 2019 a más de 3.400 millones en la actualidad”, ha indicado.
Según Sánchez, esta política “no suele tener grandes titulares”, pero resulta clave para sostener la economía real y evitar que, en contextos de restricción financiera, “se cierre el grifo del crédito a las pequeñas empresas”. Asimismo, ha señalado como reto prioritario facilitar el crecimiento de las microempresas hacia tamaños medianos, reforzando su estructura financiera y su resiliencia.
En la recta final del debate, los ponentes han coincidido en que la política industrial europea y española se enfrenta a una década decisiva, marcada por la competencia global, la transición ecológica y la aceleración tecnológica. La conclusión compartida ha sido clara: el PRTR ha sido una palanca extraordinaria, pero insuficiente por sí sola. “La financiación pública debe seguir siendo el motor que apalanque la inversión privada”, han coincidido, con especial atención a las pymes.
La mesa redonda ha concluido con un mensaje de consenso: sí hay vida más allá del PRTR, pero esta exigirá visión estratégica, instrumentos financieros estables y una política industrial coherente, tanto a nivel nacional como europeo, capaz de sostener en el tiempo la transformación del modelo productivo.
