El debate sobre la necesidad de reindustrializar el país ya estaba entonces sobre la mesa. La crisis financiera había dejado una huella profunda y el proceso de deslocalización de determinadas actividades había alimentado durante años la preocupación de empresas y organizaciones empresariales. industry TALKS recogía ya en 2021 cómo la industria española llevaba más de dos décadas perdiendo peso relativo y cómo buena parte de los problemas que explicaban esa situación eran estructurales.
Lo que nadie podía prever era que el mundo iba a cambiar tan deprisa. Primero llegó la pandemia. Después, la ruptura de las cadenas de suministro, la escasez de semiconductores, la crisis energética, la guerra de Ucrania y una inflación que devolvió al primer plano una pregunta que durante años había parecido secundaria: cuánto cuesta realmente producir en Europa. Al mismo tiempo, Estados Unidos y China aceleraron sus políticas industriales y Bruselas empezó a hablar abiertamente de autonomía estratégica.
La industria dejó de ser únicamente una cuestión económica. Se convirtió también en una cuestión de seguridad, soberanía y geopolítica.
La vuelta de la política industrial
España respondió recuperando una palabra que durante años había quedado relegada de la primera línea del debate económico: reindustrialización.
El Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha una nueva estrategia industrial y, con la llegada de los fondos europeos Next Generation, encontró además una herramienta financiera de una dimensión desconocida para las administraciones españolas. Los Perte se convirtieron en el principal instrumento de esta nueva política y llevaron recursos públicos hacia sectores considerados estratégicos, desde el automóvil y los semiconductores hasta las energías renovables, el hidrógeno, la descarbonización, el sector aeroespacial, el naval o la industria agroalimentaria.
El cambio no fue solamente presupuestario. También cambió la forma de entender la política industrial. El objetivo ya no era únicamente apoyar a una empresa o a un sector cuando atravesaba dificultades, sino intentar construir cadenas de valor completas alrededor de determinadas tecnologías.
El Plan de Recuperación situó expresamente a la industria manufacturera en el centro de la transformación económica española. El propio Gobierno ha señalado que la industria representa alrededor del 12,3% del valor añadido bruto de la economía y concentra una parte muy relevante de las exportaciones españolas.
El volumen de recursos movilizado ha sido extraordinario. Entre 2021 y 2026, el Ministerio de Industria ha gestionado más de 9.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, mientras que el Ejecutivo asegura que la ejecución presupuestaria del Ministerio alcanzó el 84% en 2025.
Pero el verdadero examen de esta política no está en la cantidad de dinero anunciada. Está en saber cuánto de ese dinero se ha convertido en fábricas, líneas de producción, tecnología, empleo y capacidad exportadora.
El automóvil, la gran prueba
Si existe un sector que permite medir mejor los resultados de esta política industrial, ese es el automóvil. España no partía de cero. Tenía fabricantes internacionales, una potente industria auxiliar, proveedores especializados, centros tecnológicos y una enorme experiencia exportadora. El problema era conseguir que todo ese ecosistema sobreviviera a una transformación tecnológica que estaba cambiando completamente el vehículo.
El Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado fue la gran apuesta para conseguirlo. Aprobado en 2021, movilizó miles de millones de euros de inversión pública y privada con el objetivo de convertir España en uno de los grandes hubs europeos de electromovilidad.
Desde entonces han llegado inversiones relacionadas con baterías, electrificación y transformación de plantas. La gigafactoría de PowerCo en Sagunto se ha convertido en uno de los símbolos de esta nueva etapa, mientras fabricantes y proveedores han anunciado inversiones para adaptar sus instalaciones al vehículo eléctrico.
Pero el balance no puede reducirse a contar gigafactorías. La transformación del automóvil europeo está siendo mucho más complicada de lo previsto, con una demanda de eléctricos que no ha crecido al ritmo esperado, una presión creciente de los fabricantes chinos y una fuerte competencia entre países europeos por atraer nuevas inversiones.
industry TALKS ha seguido esa evolución desde el comienzo. En 2022, la industria advertía de que la pandemia, la crisis de suministros, la guerra y el precio de la energía estaban poniendo en tensión a toda la cadena de valor. Tres años después, el problema era diferente: España seguía siendo una potencia manufacturera del automóvil, pero tenía que demostrar que podía mantener esa posición en una industria dominada cada vez más por la electrificación, el software y la competencia asiática.
La experiencia del automóvil deja una primera conclusión. La política industrial funciona mejor cuando se apoya en un ecosistema empresarial que ya existe y utiliza los recursos públicos para acelerar una transformación que las compañías tienen capacidad de ejecutar.
Del automóvil a los chips
El contraste aparece cuando se mira al Perte Chip. España decidió dedicar 12.250 millones de euros a desarrollar capacidades relacionadas con los semiconductores, en una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de todo el Plan de Recuperación. La decisión responde a una preocupación que ya no es exclusivamente económica. La escasez de chips durante la pandemia demostró hasta qué punto una economía europea puede quedar paralizada cuando depende de cadenas de suministro situadas a miles de kilómetros.
Pero España no cuenta con el ecosistema industrial de Taiwán, Corea del Sur o Estados Unidos. No existe una gran industria nacional de fabricación de semiconductores sobre la que construir una expansión inmediata.
Por eso el verdadero éxito de esta estrategia no debería medirse únicamente por la construcción de una fábrica. Tendrá que medirse por la capacidad de España para encontrar aquellos segmentos de la cadena de valor en los que sí puede competir, desde el diseño y la investigación hasta la fotónica, los materiales, el packaging o las aplicaciones industriales.
Es una distinción importante porque probablemente resume uno de los aprendizajes de estos años: una política industrial inteligente no tiene que intentar fabricar todo dentro de sus fronteras. Tiene que decidir qué capacidades son estratégicas y dónde puede ser realmente competitivo.
La energía, el gran examen pendiente
La otra gran transformación de estos años ha ocurrido en el sistema energético. España ha acelerado como nunca la instalación de renovables y ha convertido el hidrógeno verde en uno de los grandes pilares de su estrategia industrial. El potencial es evidente. España dispone de sol, viento, territorio y una posición geográfica que puede permitirle convertirse en uno de los grandes productores europeos de energía renovable y moléculas verdes.
Pero para una fábrica la cuestión es mucho más sencilla: cuánto cuesta producir. El coste energético continúa siendo una de las principales preocupaciones de la industria española. En septiembre de 2026, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española calculó que la crisis energética derivada de la situación en Oriente Medio podía generar un sobrecoste de casi 7.400 millones de euros para la industria manufacturera española hasta final de año.
Poco después, AEGE advertía de que el precio de la electricidad para un consumidor electrointensivo en España seguía siendo un 33% superior al de Francia.
La paradoja es difícil de ignorar. España puede convertirse en una potencia europea de generación renovable y, al mismo tiempo, seguir teniendo dificultades para ofrecer a sus industrias una electricidad suficientemente barata y estable.
Ese será uno de los grandes debates industriales del próximo Gobierno. La transición energética sólo podrá considerarse también una política industrial si consigue reducir los costes de producción y atraer nuevas inversiones. De lo contrario, España correrá el riesgo de tener mucha energía verde y pocas industrias capaces de aprovecharla.
Descarbonizar sin perder fábricas
La descarbonización representa otro de los grandes cambios de esta etapa. El Gobierno ha destinado miles de millones a transformar sectores industriales intensivos en energía y emisiones y ha convertido el Perte de Descarbonización Industrial en uno de los instrumentos centrales de su estrategia.
En 2026, el Ejecutivo anunció la adjudicación de más de 518 millones de euros a 18 proyectos dentro de la segunda convocatoria del Perte.
El objetivo es ambicioso: transformar industrias como la siderurgia, el cemento, la química, el papel o la cerámica sin perder capacidad productiva.
Aquí aparece uno de los grandes dilemas europeos. Si una fábrica española invierte miles de millones para reducir sus emisiones, pero posteriormente tiene que competir con productos fabricados fuera de Europa con menores costes energéticos y regulatorios, la transición puede terminar debilitando la propia industria que pretende transformar.
La cuestión no es si España debe descarbonizarse. La cuestión es cómo conseguir que hacerlo sea también una ventaja competitiva.
Los nuevos proyectos de acero verde, hidrógeno, combustibles renovables y electrificación industrial apuntan precisamente en esa dirección. Si consiguen producir a costes competitivos, la transición energética podría convertirse en uno de los mayores procesos de inversión industrial de las próximas décadas.
Los problemas que no resuelven los Perte
Sin embargo, hay problemas que no se solucionan con una convocatoria de ayudas.
Uno de ellos es la burocracia. España puede disponer de suelo industrial, energía renovable y fondos públicos, pero si una empresa necesita años para obtener permisos, autorizaciones ambientales, conexiones eléctricas o licencias de construcción, el capital puede terminar desplazándose hacia otro país.
La industria necesita ayudas, pero necesita sobre todo previsibilidad.
También necesita trabajadores. La transformación industrial está aumentando la demanda de ingenieros, técnicos de mantenimiento, especialistas en automatización, electricidad, electrónica, robótica y nuevas tecnologías. Industry TALKS advertía a comienzos de 2026 de que la escasez de perfiles técnicos se había convertido en un problema estructural que amenaza directamente la capacidad de crecimiento de muchas compañías industriales.
La paradoja vuelve a repetirse. España dispone de capital para invertir y de proyectos para ejecutar, pero cada vez resulta más difícil encontrar a las personas capaces de hacerlos realidad.
También queda pendiente el tamaño empresarial. España cuenta con grandes compañías industriales, pero una parte importante de su tejido está formado por pequeñas y medianas empresas que ocupan posiciones esenciales dentro de las cadenas de suministro. El reto no es únicamente que esas empresas sobrevivan, sino conseguir que crezcan, inviertan, exporten, incorporen tecnología y puedan competir internacionalmente.
Y existe una cuestión todavía más profunda: la productividad.
Porque la política industrial no puede medirse únicamente en millones movilizados o empleos creados. Una industria verdaderamente competitiva tiene que generar más valor por trabajador, desarrollar tecnología, invertir y ser capaz de vender en mercados internacionales.
Ocho años después, la pregunta sigue abierta
El balance de estos ocho años no admite una respuesta sencilla.
Sería demasiado fácil decir que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reindustrializado España. Pero tampoco sería correcto afirmar que los Perte y la nueva política industrial no han producido resultados.
España ha recuperado la política industrial como una prioridad económica. Ha movilizado una cantidad de recursos desconocida hasta ahora, ha acelerado inversiones en sectores estratégicos y ha conseguido atraer proyectos vinculados al automóvil eléctrico, las baterías, el hidrógeno, las renovables, la descarbonización, el sector aeroespacial y los semiconductores.
También ha cambiado la forma de entender la industria. La autonomía estratégica, las cadenas de suministro, la energía y la tecnología han pasado a formar parte de la misma conversación.
Pero muchos de los problemas que Industry TALKS recogía al comienzo de este periodo siguen presentes.
La energía sigue siendo una preocupación. La burocracia también. El talento técnico se ha convertido en una urgencia. La productividad continúa siendo uno de los grandes retos y la industria española todavía necesita aumentar su capacidad para crear empresas de mayor tamaño y mayor contenido tecnológico.
Por eso, probablemente, el verdadero balance de estos ocho años todavía no puede hacerse.
Los fondos europeos terminarán. Los Perte desaparecerán o cambiarán de forma. Los gobiernos cambiarán. Pero las fábricas que se están construyendo ahora pueden permanecer durante décadas.
El verdadero examen de esta política industrial no será cuántos millones se anunciaron entre 2021 y 2026. Tampoco cuántas fotografías se hicieron colocando la primera piedra de una nueva planta.
Será saber qué queda cuando desaparezcan las ayudas. Si España consigue mantener esas fábricas, aumentar su productividad, desarrollar tecnología propia, atraer nuevas inversiones y ofrecer energía competitiva, estos años podrán considerarse el comienzo de una nueva etapa industrial.
Si no lo consigue, quedará el recuerdo de una enorme oportunidad financiera que no llegó a convertirse plenamente en una transformación estructural.
La industria española ha cambiado mucho desde 2018. La pregunta que ahora queda sobre la mesa no es si España ha vuelto a hablar de industria. Eso ya ha ocurrido.
La verdadera pregunta es si ha conseguido construir una industria capaz de competir en el mundo que viene.
