El acto fue inaugurado por Manuel García, director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El presidente de ACOGEN, José Ignacio Castillo, recordó que fue «en este mismo congreso, en 2021, cuando la entonces secretaria de Estado de Energía y hoy vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – anunció la convocatoria de las subastas. Cuatro años después, seguimos esperando».
«Desde entonces, el sector no ha dejado de reclamar su promulgación, y no solo por los 1.300 millones de euros de inversión que están preparados para activarse, sino porque la parálisis está dañando a la cogeneración, a la industria y a la economía del país», afirmó.
Fuera de nuestras fronteras, la cogeneración es parte esencial de la reindustrialización europea: produce el 12% de la electricidad en la Unión Europea y el 15% a nivel mundial.
«España no puede quedarse atrás», reclamó José Ignacio Castillo. «Ya hay 82 empresas dispuestas a invertir 1.300 millones de euros en 1.224 MW de nueva potencia. Son proyectos que esperan únicamente que el Gobierno dé luz verde al nuevo marco de inversión», señaló.
Para el presidente de ACOGEN, se trata de fortalecer la base industrial del país, de mantener empleos, y de crear valor en el territorio. «Apelamos al Gobierno a actuar con la misma determinación que demuestran las empresas cada día», concluyó.
Por su parte, Julio Artiñano, presidente de COGEN España, afirmó que «las empresas necesitan un marco previsible, con reglas claras, similares a sus homónimos europeos y que no vuelvan a recetas del pasado como el autoconsumo, que coarta opciones de mercado sin aportar más competitividad».
«Sin planificación no hay inversión y sin inversión no hay transición energética posible», añadió el presidente de COGEN España, quien recordó que «la cogeneración ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental para la eficiencia energética y la competitividad industrial. Y ahora, más que nunca, sigue teniendo un papel clave, adaptada a los nuevos tiempos y tecnologías: una cogeneración modernizada, integrada con la electrificación, abierta a los gases renovables y alineada con los objetivos de descarbonización».
Caída del 50% de la cogeneración en seis años
España ha perdido el 50% de su cogeneración industrial en solo seis años: ha pasado de generar el 12% del mix eléctrico nacional en 2019 a tan solo el 6% actual.
Según los datos de la CNMC, entre 2020 y 2024, 230 plantas con 1.500 MW de potencia instalada- se apagaron al agotar su vida útil retributiva sin que llegara el marco prometido por Ley. En los próximos tres años pararán otras 140 instalaciones con 1.300 MW si no se actúa. Un retroceso con consecuencias tangibles: Pérdida de eficiencia energética: se desaprovechan 14 TWh al año de ahorro de energía primaria, lo que equivale a aumentar un 4% el consumo nacional de gas. Más emisiones: 3 millones de toneladas adicionales de CO₂ cada año. Menor competitividad: 1.500 millones de euros de merma anual en la facturación energética de las industrias cogeneradoras, que sostienen más de 200.000 empleos directos.
Cuatro años sin planificar inversiones.
Las empresas siguen confiando en la cogeneración porque no existe hoy alternativa tecnológica que aporte la misma competitividad y sostenibilidad a la industria, en España o en el resto del mundo.
Un total de 82 empresas han manifestado su interés en participar en las subastas de cogeneración: 1.300 millones de euros esperan a que el Gobierno dé luz verde al marco de inversión y, por fin, poder planificar inversiones.
Así lo reflejan los resultados de la encuesta empresarial realizada por ACOGEN Y COGEN España en junio, que con 1.224 MW tienen intención de presentarse a las revelan que el 58% de las industrias cogeneradoras subastas. Las inversiones se concentran en su mayoría, un 82%, en plantas adaptadas para el uso de hidrógeno y otros gases renovables, un 15% en instalaciones con biomasa y un 3% en nuevos emplazamientos.
Sin embargo, el clima de inversión es incierto. La propuesta del MITERD, sometida a información pública en marzo, incluye nuevas exigencias de autoconsumo obligatorio y aumentos del 50% en los requisitos de eficiencia frente a la normativa europea, que amenazan con dejar fuera de las subastas al 60% de las empresas interesadas.
La incertidumbre pesa especialmente sobre las multinacionales, obligadas a congelar inversiones. Mientras, proyectos que podrían instalarse en España se desplazan a otros países con un marco regulatorio definido.
