Acelerar el aumento de las energías renovables, eliminar progresivamente el gas, hacer que las facturas de los consumidores dependan menos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, proteger a los consumidores frente a subidas drásticas de los precios y posibles manipulaciones del mercado, así como una industria limpia y más competitiva, son algunos de los objetivos que la Comisión Europea busca a través de una reforma del mercado de la electricidad de la Unión.
Esta propuesta prevé la revisión de varios actos legislativos, concretamente el Reglamento sobre la electricidad, la Directiva sobre la electricidad y el Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). En estas introducen medidas que según apuntan, “incentivan los contratos a largo plazo con producción de energía no fósil”, aportando al sistema “más soluciones limpias y flexibles para competir en el gas”, como afirman que es “la respuesta de la demanda y el almacenamiento”. Explican que esto “reducirá el impacto de los combustibles fósiles en las facturas de la electricidad de los consumidores”, garantizando que “refleje un menor coste de las energías renovables”. Con esta reforma propuesta aseguran que “impulsará la competitividad abierta y leal en los mercados mayorías europeos” a través del “aumento de la transparencia y la integridad del mercado”.
Consideran que este sistema energético, basado en energías renovables, garantizará un “suministro energético sostenible e independiente, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU”. Informan que con respecto al Plan Industrial del Pacto Verde, esta reforma permitirá a la industria “tener acceso a un suministro de energía renovable, no fósil y asequible” , un “factor clave para la descarbonización y la transición ecológica”. Además, advierten que para alcanzar los objetivos, “las energías renovables tendrá que triplicarse para finales de esta década”.
Proteger y capacitar a los consumidores
En 2022, han observado unos precios “elevados y volátiles” los cuales explican que se deben a los “provocados por la guerra energética de Rusia contra la UE” y esto ha supuesto una “carga excesiva” para los consumidores. Con esta propuesta, buscan que consumidores y proveedores se “beneficien de una mayor estabilidad de precios basadas en energías renovables y no fósiles”. Por ello, ofrecerán a los consumidores “una amplia gama de contratos y una información más clara” antes de la firma de estos, con el objetivo de “fijar precios seguros y a largo plazo, y eviten así los riesgos excesivos y la volatilidad”. Aunque afirman que, “al mismo tiempo”, podrán optar a contratos de fijación dinámica de precios con el fin de “aprovechar la variabilidad de los precios” y usar la electricidad cuando “sea más barata”.
En esta línea, también se baraja “fomentar la estabilidad de los precios” al reducir “el riesgo de fracaso de los proveedores”. Aseguran que la propuesta “exige a los proveedores que gestionen sus riesgos de preciso al menos en la media de los volúmenes objeto de contratos fijos”, para así “estar menos expuestos a las subidas drásticas de precios y la volatilidad del mercado, explican. En cuanto a los Estados miembros, obliga a “establecer proveedores de último recurso” para que ningún consumidores se quede sin electricidad.
También se refuerza la protección de los consumidores vulnerables, y en caso de crisis, permite a los Estados hacer “extensivos los precios al por menor regulados a los hogares y las pymes”. Añaden que “se están renovando las normas sobre el intercambio de energías renovables” con el fin de que los consumidores puedan invertir en parque eólicos o solares y vender el exceso de electricidad solar de sus tejados a vecinos y no solo a su proveedor.
Los Estados miembros deberán ahora evaluar sus necesidades, establecer objetivos y tener la posibilidad de introducir nuevos sistemas de apoyo, “especialmente para la respuesta de la demanda y el almacenamiento”, para mejorar la flexibilidad del sistema energético.
Costes de la energía para impulsar la competitividad industrial
La Comisión asegura que, en el último año, “muchas empresas se han visto gravemente” afectadas por “la excesiva volatilidad de los precios de la energía”. Con el fin de mejorar la competitividad de la industria de la Unión y reducir esta volatilidad, proponen “facilitar el despliegue de contratos a largo plazo más estables”, como los contratos de compraventa de energía (CCE), mediante los cuales las empresas establecen sus propios suministros directos de energía. Así, explican que pueden beneficiarse de precios más estables, así como de una energía renovable y no fósil.
El apoyo público a nuevas inversiones en generación inframarginal y sostenida de electricidad renovable y no fósil tendrá que adoptar la forma de “contratos bidireccionales por diferencias”, mientras que los Estados miembros de la Unión Europea, estarán “obligados a canalizar los ingresos excedentarios hacia los consumidores”. Aseguran que así “impulsará la liquidez de los marcados para los contratos a plazo”.
También impondrán “nuevas obligaciones para facilitar la integración de energías renovables en el sistema y mejorar la previsibilidad de la generación”, como las obligaciones de transparencia para los gestores de redes en cuanto a congestión de la red respecta, así como los plazos comerciales deberán ser “más cercanos” al tiempo real.
Finalmente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), así como los reguladores nacionales tendrán “mayor capacidad para supervisar la integridad y la transparencia del mercado de la energía”. La actualización del Reglamento sobre la integridad y la transparencia de este mercado, afirman que mejorará la calidad de los datos y reforzará el papel de la ACER.
