La Comisión encontró que el esquema es necesario y apropiado para ayudar a las empresas que consumen mucha energía a hacer frente a los precios más altos de la electricidad y evitar que las empresas se trasladen a países fuera de la UE. Además, la ayuda concedida se limita al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos sobre la competencia y el comercio en la UE.
La medida de apoyo tiene como objetivo reducir el riesgo de ‘fuga de carbono’, donde las empresas trasladan su producción a países fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas, resultando una menor actividad económica en la UE y ninguna reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
El importe de la ayuda se calcula sobre la base de parámetros de referencia de eficiencia en el consumo de electricidad, garantizando que los beneficiarios se animen a ahorrar energía. Las empresas deberán implementar ciertas recomendaciones de auditoria energética, cubrir al menos un 30% de con su consumo de electricidad con fuentes libres de carbono o invertir al menos el 50% del importe de la ayuda en proyectos que conduzcan a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero o de sus instalaciones.
