Según un comunicado de la Alianza, “la industria española no entiende que el Congreso reactive en el peor de los momentos su tramitación, cuando las medidas como el mecanismo de tope o las subastas inframarginales —que aún no se han celebrado— no han conseguido a día de hoy minorar el impacto en la industria de unos costes energéticos que siguen desbocados. Por ello la Alianza apela al sentido de responsabilidad de los partidos políticos para eximir a la industria de esta medida extemporánea”.
Las citadas asociaciones industriales estiman que el impacto del FNSSE se incrementaría, además, tras la entrada en vigor de las nuevas directrices europeas de ayudas de Estado en materia de clima, energía y medio ambiente. Su aplicación muy posiblemente imposibilita el mecanismo de compensación de costes asociados previsto en el proyecto de ley.
El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico tiene por objeto asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), extrayéndolos del conjunto de cargos del sistema eléctrico y trasladando progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos. En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2022 y 2026 superaría los 2.500 millones de euros. Este impacto lo asumirían, sobre todo, las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera “positivo” que se extraigan los “costes impropios” del conjunto de los costes regulados del sistema eléctrico (incluido el coste hundido del RECORE) puesto que redundará en la reducción del precio final para consumidores domésticos e industriales, “pero debe hacerse sin comprometer la competitividad y el futuro de la industria española”. Además, “el futuro régimen de compensaciones previsto en la actual redacción excluye al 80% de la industria productiva y exportadora española y además corre el riesgo de ser considerado como ayuda de Estado ilegal por Europa”.
Por todas estas circunstancias, la Alianza solicita que el coste del RECORE sea trasladado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de manera progresiva para paliar el impacto en un solo ejercicio. O en caso de que no fuera posible, que se exima totalmente del Fondo a la industria manufacturera.
La Alianza recuerda que “la industria española ha perdido, desde la crisis económica de 2008, un 23% del tejido productivo y un 19% del empleo y que se encuentra en una situación límite por la escalada de los precios del gas y la electricidad”.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española representa a los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando el 55% del PIB y 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos. Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 60% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I+D+i.
