En cuanto a constituir una Comisión Delegada del Gobierno, Alianza lo considera clave al tratarse de “un órgano con capacidad para coordinar la actuación de los diferentes departamentos ministeriales con competencias en ámbitos que afectan a la industria. El futuro de la industria está vinculado a las políticas energéticas y medioambientales, al desarrollo de infraestructuras logísticas y de transporte, a la disponibilidad de materias primas minerales, a los programas de innovación, desarrollo tecnológico y digitalización, o al desarrollo de cualificaciones profesionales y de la formación para el empleo. Indudablemente, este órgano permitiría desarrollar una política industrial efectiva y verdaderamente coordinada, así como diseñar adecuadamente la autonomía estratégica que nuestro país necesita”, ha sentenciado.
Asimismo, Alianza ha matizado que la ejecución de la política industrial precisaría de una Agencia Estatal para “poder gestionar los incentivos a la inversión, agilizar mediante procedimientos de ventanilla única proyectos estratégicos industriales, facilitar el desarrollo de proyectos de innovación que respondieran a las necesidades de las empresas, e instituir observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa, capaces de detectar los diferenciales competitivos alcanzados por terceros países y proponer medidas similares en nuestro país”.
“A lo largo de la pasada legislatura, hemos trasladado al Gobierno y a los diferentes poderes públicos sus propuestas, tanto respecto a proyectos legislativos concretos como sobre iniciativas propias para impulsar la competitividad, pero independientemente de la toma en consideración de las mismas, de forma recurrente, se visualiza un problema de gobernanza que acaba por desfigurar la eficacia de la política industrial en su conjunto”, ha asegurado la Alianza.
Así, la Alianza ha manifestado su descontento con los distintos ejecutivos por la negativa de elevar la secretaría general de industria a secretaría de estado: “Es un termómetro evidente del nivel de prioridad que los gobiernos otorgan al desarrollo competitivo de su tejido productivo. La capacidad de coordinación e influencia de la actual secretaría general respecto a otros departamentos del Gobierno es insuficiente para impulsar adecuada y eficazmente la Política Industrial”.
Por otro lado, la Alianza ha lamentado el descenso en la contribución de la industria en el PIB del país: “Nuestra industria dejó de aportar el 20% del PIB en 1997 y, desde entonces, su contribución se ha degradado para fluctuar entre el 14 y el 16% en la última década y apenas el 12% si consideramos exclusivamente la industria manufacturera”.
A pesar de eso, la Alianza ha asegurado que “la industria española continúa proporcionando el motor más sólido y resiliente de nuestra economía, como lo atestiguan sus efectos indirectos e inducidos”.
Así, “pese a suponer hoy el 15,3% del PIB, genera prácticamente el 40% de la riqueza nacional, y sus 2,1 millones de empleos directos se elevan a 7 millones -el 35% de la población ocupada- al considerar la demanda laboral completa de su actividad. Es también responsable del 90% de las exportaciones, que alcanzaron un valor de 350.000 millones € en 2022 y se constituye como el mayor inversor privado en I+D+i”, ha añadido.
