Se trata de un “paso esencial” para blindar que los resultados de investigación e innovación aplicada surgidos del trabajo del alumnado de los centros educativos de Formación Profesional reviertan en el sistema educativo. De este marco regulador también se va a beneficiar el profesorado y las empresas y entidades que prestan su colaboración en los distintos ciclos de Formación Profesional.
El presidente destacó que “cada vez son más” las creaciones o las actividades de los centros de FP que derivan en productos “que pueden tener una utilidad comercial” y que hace falta garantizar su protección intelectual e industrial.
La regulación abarca los títulos de propiedad intelectual e industrial, las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, secretos industriales y programas informáticos entre otros.
Tal y como explicó Rueda, se establece que “el Centro Gallego de Innovación de la FP” será el encargado “de la gestión” integral de los resultados de la investigación y la innovación que realicen los alumnos y profesores para garantizar su protección.
