Entre las novedades, destaca la posibilidad de que los organismos de control acreditados por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, realicen inspecciones iniciales en establecimientos industriales y evalúen proyectos de soluciones técnicas alternativas o diseño prestacional, lo que supone una gestión administrativa más ágil y simplificada del proceso de legalización de las instalaciones.
Se trata de un ejemplo más de cómo, cada vez con mayor frecuencia, administraciones públicas autonómicas, nacionales e internacionales confían en la acreditación como mecanismo para la consecución de sus políticas públicas.
De esta forma favorecen la simplificación administrativa con nuevas técnicas de regulación más ágiles, eficientes y flexibles, al tiempo que se asegura la fiabilidad de las actividades con un impacto en la confianza pública y preservando la seguridad jurídica: “Con esto se pretende agilizar, mejorar y profesionalizar esta vía, cuyo uso es cada vez más habitual”, cita el documento.
