Estas ayudas “muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales electrointensivos y permiten mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo”. Desde 2019 el Gobierno ha destinado cerca de 900 millones de euros para la compensación por los costes de emisiones de C02, pasando de 6 millones de euros convocados en 2018 a 244 en los últimos años, 2022 y 2023.
El importe final de la ayuda, para cada beneficiario, se calculará teniendo en cuenta la producción y consumo eléctrico reales del año para el que se concede la misma, incluyendo los aumentos de capacidad y las disminuciones de producción que hayan tenido lugar.
La intensidad máxima de la ayuda no podrá superar el 75% del coste subvencionable establecido por las directrices europeas. No obstante, la intensidad máxima podrá ser superada si hay disponibilidad presupuestaria y sólo para ciertos casos en función del valor añadido bruto (VAB) de cada instalación.
La Comisión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.
