¿Cómo se está adaptando la industria gallega a la transición energética?
La industria gallega está siendo un ejemplo por su esfuerzo. Nuestro tejido productivo es consciente de que su futuro pasa por consolidar su desarrollo con todas las medidas que impliquen una mayor sostenibilidad, es decir, ser cada vez más compatible con todo el entorno. Todo esto a pesar de la transición energética errónea que está llevando a cabo el Gobierno estatal.
¿Cómo está afrontando la industria electro y gasintensiva en Galicia los altos costes de la energía?
La situación de Alu Ibérica en A Coruña y de la planta de aluminio primario de Alcoa en Cervo (Lugo) son la punta del iceberg de la complicada situación que atraviesa el sector, debida a un precio eléctrico que impide competir en igualdad de condiciones con otros países europeos, como es el caso de Francia.
Desde la Xunta abogamos por alcanzar acuerdos que concedan estabilidad a una industria como la electrointensiva, muy afectada en el contexto energético actual, sin olvidarnos de que gran parte de la conflictividad existente procede de la inestabilidad generada por el propio Gobierno, incapaz de fijar un precio eléctrico en España y garantizar un marco energético competitivo. Tanto el sector como comunidades autónomas como Galicia, Asturias y Cantabria hemos consensuado medidas que hemos trasladado al Gobierno para que el estatuto para consumidores electrointensivos cumpla realmente con su cometido.
¿Considera los PERTE una herramienta adecuada para fomentar la reindustrialización y en Galicia, en particular?
Es clave que acertemos como país y que, a través los fondos europeos Next Generation, podamos dar soluciones a los retos actuales y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas.
Administraciones y sector privado debemos trabajar conjuntamente para impulsar una verdadera transformación del tejido industrial a través de la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Y es ahí donde echamos de menos la cogobernanza en la gestión por parte del Gobierno central y que estos apoyos puedan llegar realmente al tejido empresarial. De los nueve Pertes aprobados por más de 33.000 millones de euros, menos del 14% se tradujeron en convocatorias de ayudas, sin que por ahora conozcamos los criterios de elegibilidad y plazos en estas convocatorias.
Galicia será una de las Autonomías donde el PERTE naval tendrá gran protagonismo, ¿en qué sectores y áreas industriales será transformador?
En Galicia contamos con una nueva Estrategia de recuperación, crecimiento y diversificación de la industria naval 2022-2026, una completa hoja de ruta con la que aspiramos a reforzar y generar sinergias en esta industria estratégica, al tiempo que potenciamos la diversificación de productos y mercados para posicionar Galicia ante el Perte del sector. Esperamos que este se convierta en una verdadera oportunidad para la recuperación del naval. En este sentido, el objetivo es que Galicia ocupe el espacio que le corresponde en el reparto de los fondos europeos, facilitando así la apuesta por la digitalización de la cadena de valor, por la sostenibilidad ambiental y por la mejora de la formación y capacitación de los trabajadores.
¿Cómo están apoyando la transformación digital en el tejido industrial gallego?
Este es uno de los ejes principales de nuestra actuación, con medidas para acompañar en este camino a todo el tejido empresarial, desde las grandes empresas, impulsando la industria 4.0, hasta las pymes y micropymes. Y lo hacemos apoyando las inversiones en este ámbito, pero también impulsando la innovación, la formación y la transición energética.
En este sentido serán claves proyectos como el de la Ciudad de las TIC, que forma parte de la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation, y que hará de Galicia un referente en el desarrollo del sector, contribuyendo a la transformación digital en un momento en el que la tecnología se presenta como la herramienta imprescindible para incrementar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de todos los sectores de la economía.
¿Cuáles son las demandas ante la Administración Central en materia de industria?
Sobre todo una mayor planificación, dejando atrás la improvisación de los últimos años. Sin duda, necesitamos una mayor cogobernanza por parte de la Administración central con las comunidades autónomas, y eso implica más diálogo, pero también una descentralización real de los fondos, dejando a las autonomías y a los sectores productivos que forman parte de la gestión de dichos fondos. Hoy en día no disponemos de fondos ni de margen de maniobra para dar respuesta a las necesidades de nuestro tejido productivo, y muy especialmente de los proyectos tractores que hemos impulsado.
Esta cogobernanza debe venir acompañada de un precio eléctrico competitivo, tanto para la industria electrointensiva como para el conjunto del tejido empresarial, al tiempo que se agiliza la gestión de los fondos europeos, para que puedan cristalizar iniciativas con potencial para atraer riqueza y empleo a nuestra Comunidad.
Con respecto a la necesidad de nuevos profesionales, ¿cómo se está abordando en materia de educación?
La Xunta de Galicia, desde el ámbito universitario y en colaboración estrecha con los rectores, lleva tiempo trabajando en el diseño de los perfiles profesionales de futuro de forma que la oferta académica de nuestras tres universidades sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la realidad socio-económica, que está en constante movimiento.
Se trata de articular una oferta universitaria de primer nivel en áreas punteras y que forme a profesionales de futuro conectados con las tendencias de la sociedad. A ello responde precisamente la definición de un total de 13 másteres universitarios vinculados a ámbitos específicos como la economía circular, la biofabricación, la innovación educativa, los vehículos autónomos o la inteligencia artificial, que se irán implementando en los próximos años. Es una oportunidad para que el alumnado se especialice en profesiones de alto valor añadido, en áreas de futuro como las redes 5G, el big data o la ciberseguridad.
Por otra parte, en el ámbito de la Formación Profesional, tras una década de intenso trabajo impulsado por la Xunta y sustentado en el compromiso de profesores, alumnos y empresas, estamos asistiendo a una verdadera revolución silenciosa. Prueba de ello son datos como que hoy tenemos un 70% más de matriculados que en el año 2009, o que las tasas de inserción laboral alcanzan el 85%, porcentaje que suben al 97% en el caso de la FP Dual.
Nuestro compromiso a futuro -a través de la Estrategia de Formación Profesional Galicia 2030- es seguir apostando por la internacionalización (con más ciclos plurilingües e intercambios de docentes y alumnos) y por la innovación y la digitalización.
Además, colaboraremos con cinco de los principales clústeres gallegos para formar a más de 10.000 personas trabajadoras ocupadas o sin empleo, con el objetivo de impartir cualificación ajustada a la demanda laboral y dar respuesta, de esta manera, a las necesidades de personal del mercado de trabajo impulsando así la competitividad del tejido empresarial gallego. Hablamos de sectores estratégicos para Galicia como el naval, la automoción, el metal y tecnologías asociadas, el sector TIC y las energías renovables.
¿Cómo estará afectado la guerra de Ucrania al tejido industrial de Galicia?
El tejido empresarial está atravesando una compleja situación, debido en parte al covid-19 y sus consecuencias en la economía china, el encarecimiento del precio de la energía y las materias primas, la invasión de Ucrania, la crisis de los microchips, los problemas logísticos actuales en España y los vividos por la huelga en el transporte…
En España los problemas son más agudos que en otros países europeos, y vienen de antes de la guerra, agravándose por la incapacidad del Gobierno de anticiparse y trabajar de la mano de los agentes económicos y sociales y de ofrecer soluciones.
Las administraciones debemos mantenernos al lado de las pymes, los autónomos y de la industria en general, del mismo modo que debemos estar al lado de los trabajadores y de las familias. Por eso, desde Galicia estamos tratando de suplir con medidas propias esa falta de acompañamiento del Gobierno: por ejemplo, colaborando con las sociedades de garantía recíproca (SGR) y las entidades financieras para avalar operaciones por un máximo de 80 millones de euros, y dirigidas fundamentalmente a garantizar el mantenimiento de nuestro tejido empresarial.
