Este PERTE prevé una inversión de al menos 1.469 millones de euros en el período 2021-2023, con una contribución pública de más de 982 millones y una inversión privada estimada en cerca de 487 millones.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, aseguró que la salud de vanguardia persigue que cada paciente reciba un tratamiento “con nombres y apellidos” gracias a la implementación equitativa de la medicina personalizada de precisión, la promoción de terapias avanzadas y fármacos innovadores y el aprovechamiento de las diferentes fuentes de datos.
Morant explicó que la medicina de precisión es un proceso clínico que incorpora los datos genómicos de las personas y los combina con otros relevantes para su salud como los clínicos o socioeconómicos, los hábitos de vida o incluso su exposición ambiental, de forma que, utilizados de manera precisa e integrada permiten mejorar la toma de decisiones sobre la salud individual y la salud pública.
Por su parte, los medicamentos de terapia avanzada incluyen las terapias génica y celular y la ingeniería tisular, y son el paradigma de la innovación terapéutica orientada a las necesidades de cada paciente.
La ministra puso como ejemplo la terapia contra la leucemia linfoblástica que desarrollan y producen el doctor Álvaro Urbano y su equipo de investigación en el Hospital Clínic de Barcelona, en la que modifican genéticamente las defensas del paciente para que sean capaces de atacar las células cancerígenas con una fuerza cien veces mayor.
“Esto está ocurriendo ya en nuestro país, en nuestro sistema público de salud”, subrayó Morant, “y esto es lo que queremos que siga ocurriendo, con una inversión pública sin precedentes para que nadie tenga que cruzar el océano y gastarse miles de euros en un tratamiento avanzado porque podrá ser su país y su Sistema Nacional de Salud los que pongan a disposición este tratamiento”.
Crecimiento e innovación en el sector sanitario
La ministra señaló que este PERTE se concibe también como una oportunidad para contribuir a la prosperidad, al crecimiento económico y a la creación de empleo en torno a la salud desde el sector sanitario, “muy importante en nuestro país como demuestran las cifras: el gasto público sanitario en 2019 fue de más de 75.000 millones de euros, el 6% del PIB”.
La previsión es que el proyecto genere una contribución en el Producto Interior Bruto (PIB) de más de 4.300 millones y permita crear unos 12.700 puestos de trabajo, gracias al impulso de los fondos europeos y también a la colaboración público-privada “del siglo XXI, donde el Estado emprendedor invierte y coopera con las empresas”, afirmó Morant.
Los cuatro objetivos clave son posicionar a España como país líder en terapias avanzadas y fármacos innovadores orientados a la curación de enfermedades como la diabetes y neurodegenerativas como el ELA; transferir la investigación a las empresas para que las terapias sean producidas y fabricadas en España; desarrollar un Sistema Nacional de Salud digital para la recogida y análisis de todos los datos necesarios, y llevar la transformación digital a la atención primaria.