El Gobierno aprueba el PERTE de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento

14/12/2021

El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, dio luz verde al Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del hidrógeno verde y las energías renovables, el tercero de este tipo dentro del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia.

El PERTE movilizará inversiones superiores a los 16.300 millones de euros y con el que se prevé la creación de alrededor de 280.000 empleos entre directos e indirectos.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, señaló que el proyecto contará con un presupuesto público por parte de la cartera que dirige de 3.588 millones de euros y también se calcula que se canalizarán otros 5.390 millones de capital privado.

Además, incorpora elementos transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), como la formación o la inversión directa, con 17 medidas facilitadoras sobre transición energética; movilidad con gases renovables; capacitación, formación profesional y empleo; y ámbito tecnológico y digital, con una dotación económica pública de 3.362 millones, que se prevé que permitirán captar otros 4.060 millones de capital privado.

En total, el sector público aportará más de 6.900 millones de euros y se calcula que se atraerá una inversión privada cercana a los 9.500 millones.

El apoyo económico a los proyectos para este PERTE se otorgará mediante convocatorias de concurrencia competitiva y tendrán en cuenta la participación de pymes, el impacto sobre la cohesión territorial, la transición justa, la creación de empleo y la innovación, entre otros aspectos, aunque tendrá prioridad la inversión a corto plazo que sea compatible con la consecución de las metas fijadas para el medio y el largo plazo.

En ese sentido, el grueso de las líneas de ayuda y actuaciones de apoyo del PERTE estarán disponibles entre 2022 y 2023, y los proyectos beneficiarios se ejecutarán hasta 2026, detalla el Ejecutivo en un comunicado. De hecho, algunos de los programas ya están en marcha dado que cuatro convocatorias dotadas con más de 500 millones de euros en conjunto ya han superado la fase de información pública y verán la luz en las “próximas semanas”.

El hidrógeno verde se llevará la mayor parte del pastel del presupuesto, con 1.555 millones de euros, a los que hay que sumarle una inversión privada estimada de 2.800 millones. Con ello, el Gobierno se marca como objetivo alcanzar 4 gigavatios (GW) de capacidad de producción en 2030, un 10% del total de la Unión Europea.

Entre las medidas recogidas en esta línea de inversión, el Ministerio de Transición Ecológica subvencionará las aplicaciones en el transporte pesado –embarcaciones, ferrocarriles, camiones y autobuses– y los proyectos de electrolizadores de gran escala, además de impulsar los clústeres de hidrógeno renovable para desplazar el hidrógeno procedente de fuentes fósiles.

Por otro lado, el Gobierno prevé que las energías renovables innovadoras movilizarán 765 millones en inversión pública y 1.600 millones en privada. Según el Ejecutivo, estos fondos “recalarán” en los proyectos singulares y de innovación, y el refuerzo de la capacidad de fabricación de equipos y componentes asociados a las renovables. Esta inversión público-privada también afrontará la sustitución de aerogeneradores antiguos por máquinas nuevas, el desarrollo del biogás a partir de cualquier actividad agropecuaria o de valorización de residuos, y el despliegue de las renovables en las aguas continentales.

El monto de ayudas a las medidas orientadas al almacenamiento de energía renovable, flexibilidad y nuevos modelos de negocio ascenderá a 620 millones públicos, que permitirán canalizar 990 millones de euros privados. El Gobierno prevé destinar estos fondos para subvencionar iniciativas de I+D de almacenamiento de tecnologías inmaduras, fomentar modelos de negocio como la agregación de demanda o la gestión inteligente de datos, y desplegar de sistemas de almacenamiento, independientes o hibridados en instalaciones de renovables. Por último, el Ejecutivo destinará 588 millones de euros al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y otros 30 millones a la “transición justa”.

El PERTE contempla 17 medidas facilitadoras en las que también participarán los ministerios de Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Educación y Formación Profesional, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El objetivo de esta línea de inversión es “generar un entorno propicio para la materialización del PERTE”, con medidas orientadas a mejorar el ámbito laboral, el despliegue del autoconsumo en empresas que provoque efecto tractor sobre la cadena de valor de la tecnología o la movilidad con gases de origen renovable.

En concreto, el Gobierno destinará 2.245 millones de euros a las reformas que impulsen la transición ecológica, con las que prevé movilizar 2.303 millones adicionales en inversión privada; 541 millones a las reformas enmarcadas en el ámbito tecnológico y digital, que recibirían hasta 1.614 millones privados adicionales; 80 millones a la movilidad con gases renovables, a los que habría que sumarle hasta 143 millones del sector privado, y 496 millones para la capacitación, formación profesional y empleo.

El PERTE también introduce un sistema de clasificación, seguimiento y etiquetado para proyectos integrales que combinen distintas actuaciones e instrumentos del Plan de Recuperación, que les aportará visibilidad para clientes y proyectos nacionales e internacionales. Este sello de reconocimiento, bautizado como ‘Energía NextGen’, se otorgará mediante convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los mejores proyectos.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se presentó un informe de situación del Plan.

Tres PERTE están en preparación: el del español; el agroalimentario y el aeroespacial.

Hasta el momento se han asignado más de 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas para el despliegue de inversiones en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros. En cuanto a las Entidades locales, se les han asignado cerca de 3.000 millones de euros a través de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales de convocatorias de subvenciones.