Paradela se ha referido al desarrollo de un tejido industrial “sólido, diversificado y competitivo”, y al propósito de conseguir “que la actividad industrial alcance un Valor Añadido Bruto de 20.000 millones de euros en 2026”.
Respecto a la energía, el consejero ha señalado que su departamento trabajará para “situar la comunidad a la vanguardia en materia de sostenibilidad y transición energética”, con la meta de instalar 12 nuevos gigavatios de potencia renovable, y lograr cubrir el 75% de las necesidades eléctricas andaluzas mediante generación sostenible.
Asimismo, la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de Política Industrial y Energía, cuenta con 218 millones de euros para continuar incentivando actuaciones de ahorro, eficiencia energética, uso de energías renovables e impulso de un transporte más sostenible a ciudadanos, empresas y entidades públicas para avanzar en la transición energética de Andalucía.
En este periodo también se va a desarrollar la Estrategia Energética de Andalucía 2030 mediante programas de actuación y medidas que se llevarán a cabo en su segundo periodo de vigencia 2023-2026 y se continuará promoviendo el ahorro energético en la Administración regional.
En cuanto al ámbito minero, la Consejería aspira a incrementar al menos un 20% la producción actual de la minería metálica y convertir Andalucía “en proveedora de las materias primas que la agenda climática y digital de Europa demanda”.
Para estas dos áreas, industria y minas, el consejero ha reseñado que el presupuesto se multiplica por seis y pasa a contar con 125,7 millones de euros, un 485% más. Destaca en las cuentas de su departamento la partida de 86,8 millones procedentes del Fondo de Transición Justa, previsto por primera vez en el marco comunitario 2021-2027, y destinado a las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería “para promocionar su desarrollo industrial y avanzar en la transición energética tras el cierre de sus centrales térmicas” (de carbón).
Dicho presupuesto también va a permitir continuar con la planificación de la política industrial para el periodo 2023-2027, así como desarrollar programas para atraer inversiones para “industrias tractoras”, como las ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales, dotadas con 1,8 millones de euros en las cuentas del ejercicio 2023.
Igualmente, se dará continuidad a la línea de avales de operaciones financieras por valor de 30 millones de euros, a través de la sociedad de garantía recíproca Garantía, con la que facilitar liquidez a pymes y autónomos del sector industrial.
De cara a la industria extractiva, el consejero ha resaltado la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030. Entre sus principales novedades destaca la incorporación de una evaluación energética integral para convertir la industria minera en referente en el aprovechamiento de las energías renovables y para mejorar la eficiencia energética en su actividad, reduciendo así su factura eléctrica.
Así, el presupuesto del departamento de Política Industrial y Energía prevé una partida de 16 millones para desarrollar proyectos de restauración minera de explotaciones abandonadas en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Granada. Del mismo modo, se pondrán en marcha los planes de inspección de las instalaciones industriales, mineras y energéticas, dotados con 1,7 millones, para velar por la seguridad de las personas, bienes y el medioambiente, así como hacer el seguimiento de los residuos mineros.
Finalmente, la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA), adscrita a la Consejería, las cuentas para el próximo año prevén casi un millón de euros para realizar actuaciones de mejora en la eficiencia energética en las estaciones de ITV, así como para avanzar en su proceso de digitalización y de modernización del servicio para mejorar la experiencia del usuario.
