En los dos últimos años esta caída del consumo eléctrico alcanzó el 30%, lo que significa que la actividad industrial de los asociados de AEGE sigue sin recuperarse. El coste eléctrico sigue penalizando a la industria española, cuya factura eléctrica ha llegado a alcanzar en muchas empresas hasta el 50% de sus costes de producción. “Es prioritario que la industria española goce de buena salud que le permita competir en los mercados internacionales y mantenerse como motor de crecimiento económico y de creación de empleo en el país”, aseguró José Antonio Jainaga.
Pese a la rebaja de los precios de la energía en 2023, la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en unos niveles muy superiores a los históricos observados hasta el inicio de la crisis en 2021. Unos precios extraordinariamente elevados para la industria española que además se ven acrecentados por la desventaja frente a otros países en los que se aplican medidas efectivas para garantizar la competitividad de sus industrias.
Las previsiones para este año indican que la brecha en precios eléctricos con los países de nuestro entorno va a aumentar de nuevo. La apuesta por asegurar la viabilidad de la industria electrointensiva a partir de unos precios asequibles que aplican países como Alemania o Francia les permite competir dentro de la Unión Europea y en general en todos los mercados internacionales. “Para fin de año, se estima un precio para la industria electrointensiva española de 60 euros/MWh, más del doble que el precio francés, que es de 24 euros/MWh. Por lo que sin medidas que nos equiparen, el riesgo de parálisis y deslocalización de la actividad industrial seguirá vigente este 2024”, explicó Jainaga.
Ante este panorama, AEGE solicita con urgencia la ampliación presupuestaria para las compensaciones del CO2 indirecto y la reforma del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, dos medidas necesarias para mitigar el impacto de los precios energéticos en la actividad industrial, y para romper la brecha que aleja al consumidor industrial español de sus principales competidores.
El presidente de AEGE destacó la insuficiente aportación presupuestaria para compensar los costes indirectos de CO2 a los que las grandes industrias tienen derecho. En 2023 la recaudación del Estado por los derechos de emisiones de CO2 superó los 3.600 millones de euros y según detalla la Ley de Cambio Climático y Transición Energética la industria en riesgo de deslocalización puede acceder hasta a un 25% de estos ingresos, lo que permitiría alcanzar sin problemas los 850 millones de euros a los que da derecho la normativa europea, muy lejos de los 300 millones anunciados por el Gobierno para este ejercicio.
Además, resulta prioritario reforzar el desarrollo del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, una herramienta apropiada que requiere de nuevas medidas que posibiliten a nuestras industrias un precio eléctrico competitivo, estable y predecible.
AEGE confía en que para este segundo semestre del año la industria cuente con el apoyo gubernamental necesario que le permita avanzar con firmeza en el proceso de descarbonización y contribuir de forma sólida y sostenida a la economía y al empleo. El camino de la transición hacia una economía libre de emisiones se hace contando con la industria.
